Inés Gómez Mont promueve amparo para evitar orden de aprehensión

La conductora Inés Gómez Mont promovió un amparo contra la orden de aprehensión que pesa en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 2 mil 950 millones de pesos, caso que involucra a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, así como ex funcionarios federales y empresas. 

La presentadora de televisión también busca revocar la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) a la interpol de la emisión de una ficha roja.

La demanda fue presentada el pasado 24 de enero y turnada al juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, el cual preside Guillermo Francisco Urbina Tanús, quien por el momento no la ha admitido a trámite. 

Cabe mencionar que la Fiscalía General de la República (FGR) capturó hace algunos días a Yareli Eunice Delgado García, José Reyes Orta Sierra y Ricardo Cortés Contreras, quienes presuntamente están relacionados con Álvarez Puga e Inés Gómez.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) inició una carpeta de investigación contra Álvarez Puga, Inés Gómez, Edgardo Mauricio 'V', Rosario 'A', Margarita 'C', Ricardo 'P', Mauricio 'R' y siete empresas. 

Para la FGR estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a su organización, bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos. 

Con base en lo informado por la dependencia federal, presuntamente celebraban contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero. 

La organización, señaló la FGR, estaba a cargo de Álvarez Puga e Inés Gómez, quienes operaban con supuestos representantes de personas morales. Durante la investigación de la FGR se obtuvieron datos de que existía un grupo formado por Héctor Oswaldo Zorrilla, Armando Romero López, José Reyes Orta, Ricardo Cortés y Yareli Eunice, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales. 

La FGR indicó que es fundamental en esta investigación señalar dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por 2 mil 950 millones de pesos.

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JAL