La tortura que sufrió Lydia Cacho por orden de Mario Marín

 Lydia Cacho fue detenida el 16 de diciembre del 2005. Se le acusó de difamación y calumnias, por la publicación de su libro “Los Demonios del Edén”, en la cual denunció la existencia de una red de pederastia encabezada por el empresario Jean Succar Kuri, en donde también salió el nombre de Nacif Borge.

Lydia Cacho dijo que cuando llegaron a Puebla, el trámite de su propuesta fue lento y tortuoso. La encerraron en un “calabozo inmundo” y le tomaron fotos desnuda al lado de un cuarto lleno de policías judiciales con una mampara transparente de por medio.

“Lo que se orquestó fue una orden de aprehensión artificial para tener la posibilidad de infringirme el mayor castigo posible; una especie de vendetta por haberme atrevido a hablar de los poderosos. El traslado, el despliegue desproporcionado de recursos policíacos, la tortura física y psicológica y el típico sabadazo que intentaban aplicarme formaron parte de una maquinación que solo puede explicarse por la ‘compra’ de la justicia por un particular”, relató la escritora sobre su experiencia.

El 14 de febrero del 2006 se hicieron públicas una serie de grabaciones telefónicas entre Kamel Nacif y Mario Marín, las cuales comprobaban la confabulación entre ambos para la detención de Lydia Cacho.

El periódico La Jornada dio a conocer las grabaciones en las cuales se exhibe al ex gobernador y Nacif hablando sobre su venganza contra la periodista.

En el audio se escucha al empresario decirle a Marín “mi gober, tú eres el héroe de esta película, papá”. Y agregó que para agradecerle le iba a enviar “una botella bellísima de buen coñac”.

Un mes después, el 13 de marzo del 2006, la periodista denunció a ambos personajes ante la fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (Fevim) y la Fiscalía Especial para Delitos Cometidos Contra Periodistas.

Ante esta segunda fiscalía, también se presentaron denuncias en contra de la entonces procuradora de Puebla, Blanca Villeda; y la jueza Rosa Celia Pérez González, quienes fueron acusadas por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, tentativa de violación y falsedad de declaraciones.

Aunque el caso fue llevado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el ministro Juan Silva Meza redactó un documento relatando los ataques contra la periodista, su caso fue desechado el 29 de noviembre de 2007, luego de que algunos ministros concluyeran que no existió una violación grave a sus garantías individuales.

En 2009 contrademandó por tortura. Años más tarde, en diciembre de 2014, fue detenido el ex comandante de la Policía Ministerial en Puebla, José Montaño Quiroz, por actos de tortura cometidos en contra de la periodista; fue sentenciado a 5 años de cárcel en 2017.

En diciembre de 2018, fue detenido el agente ministerial Alejandro Rocha, también por actos de tortura. El 10 de enero del 2019, el gobierno federal emitió una disculpa pública a la periodista luego de que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas encontrara que su detención fue punitiva y arbitraria.

En ese fallo se determinó también que el Estado debía procesar, juzgar y castigar a los responsables. Dicha resolución fue resultado de una petición que hizo la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19.

Finalmente, el 11 de marzo de 2020 la magistrada María Elena Suárez, titular del Primer Tribunal Unitario del estado de Quintana Roo, emitió la orden de aprehensión en contra de Mario Marín y Kamel Nacif.

Con información de Infobae

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