El ataque en el que fue asesinado el menor por la Policía Municipal se realizó con una escopeta, según la Fiscalía de Oaxaca
CIUDAD DE MÉXICO, 11 de junio (AP).- Alexander Martínez, el adolescente de 16 años con nacionalidad estadounidense que fue baleado por la policía en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, murió por un ataque directo y frontal, aseguró el jueves Rubén Vasconcelos, Fiscal del estado
“Hubo un disparo directo sobre nueve jóvenes que venían en motocicleta y como (Martínez) venía al frente de este grupo de personas, ante un disparo frontal, directo, falleció”, explicó Vasconcelos a The Associated Press.
El suceso tuvo lugar el martes por la noche en un camino de Acatlán de Pérez Figueroa, una localidad fronteriza con el estado de Veracruz.
“Se ha hablado de muchos móviles. En el parte de la policía se habla de que fue un accidente (…) pero nosotros no creemos eso”, aseguró el Fiscal, quien confió en poder presentar al policía detenido ante el juez este viernes para acusarle de homicidio.
El ataque se realizó con una escopeta, según la Fiscalía, y en él fue herido otro joven que sufrió un fuerte impacto y aparentemente lesiones de bala. El jueves por la tarde se encontraba hospitalizado, dijo Vasconcelos.
El Ayuntamiento de la localidad fue el primero en confirmar que la persona involucrada en los hechos era un policía pero en un breve mensaje en su cuenta de Facebook señaló que el agente no actuó “de mala fe”.
Un miembro de la policía local, que sólo quiso identificarse como el comandante, dijo a AP vía telefónica que la agresión se debió a que los jóvenes no se detuvieron en un puesto de control. No obstante, estas explicaciones no parecen convencer ni a la Fiscalía ni a la familia de Martínez, un apasionado del fútbol nacido en Estados Unidos y criando entre los dos países.
En un video divulgado por las redes sociales, Virginia Gómez, madre del joven, explicó que su hijo y sus amigos iban a comprar refrescos y arremetió contra la policía que, según indicó, ni siquiera le dio los primeros auxilios. “Saben quiénes son los malos, ¿por qué se meten con los niños?”, le preguntó en la calle a sus vecinos mostrando a dos de los adolescentes que iban con Martínez.
“Yo quiero a mi hijo y aquí está, muerto, con un tiro en la cabeza… y todavía se encargaron de ponerle una pistola en la mano”, denunció Gómez frente a las cámaras de Imagen Televisión. “Quiero justicia”
El Fiscal indicó que también investigan ese señalamiento para determinar si el agente u otros posibles involucrados pudieron alterar la escena del crimen. “Eso fortalece nuestra teoría, no los beneficia, sino que los perjudica porque se ve mayor intención de cambiar los hechos”, declaró.
Explicó, además, que algunos miembros de esa misma corporación policial tienen abierta otra investigación por presunto uso excesivo de la fuerza o incluso eventuales ejecuciones extrajudiciales durante un enfrentamiento que tuvo lugar a mediados de mayo donde murieron seis supuestos integrantes de grupos criminales y fueron requisados armas largas y hasta un lanzagranadas.
Acatlán de Pérez Figueroa es una zona difícil según las autoridades de Oaxaca, que la consideran un municipio con altos índices de delitos comunes y gran actividad del crimen organizado, sobre todo por el tráfico de droga y de migrantes. Entre otros grupos está presente el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México en estos momentos.
El Fiscal señaló que después de los hechos de mayo empezó un despliegue “muy amplio” en esa zona de la Guardia Nacional, policía estatal y miembros del ejército, efectivos que ahora se han reforzado “para dar seguridad y tranquilidad a la población”.
La Embajada de Estados Unidos indicó el jueves en un comunicado que estaba al tanto de la muerte de Martínez. “Monitoreamos de cerca la investigación de las autoridades locales y estamos listos para proporcionar la apropiada asistencia consular”, señaló la nota.
Por su parte, Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, ya se puso en comunicación con la madre del fallecido, a quien le reiteró el apoyo del gobierno y aseguró que este caso no quedará impune, según un comunicado oficial.
México tiene un largo historial del violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad que raras veces concluyen en sanciones.
