“Contingencia ambiental” en Cancún, una farsa; espacio para el nuevo basurero ya estaba listo

Con la contingencia ambiental fabricada en el manejo de residuos sólidos en el último tercio de 2023, el Ayuntamiento de Benito Juárez lanzó una licitación para construir una celda emergente y contar con un depósito para las toneladas de basura recolectadas diariamente.

La licitación se convocó el 13 de diciembre y se entregaron los sobres el 26 de diciembre del año pasado. El fallo para encontrar una empresa que tuviera un terreno factible se emitió los primeros días de enero. Sin embargo, la única empresa interesada fue un apéndice de Red Ambiental, misma que adquirió la denominada Parcela 175, a mediados de 2023, y que antes de conocerse el fallo, ya tenía lista la celda.

Con imágenes de satélite, la Asociación Civil “Salvemos Nizuc” comprobó que, en menos de un mes, para el 15 de enero de 2024, la empresa Centro Integral de Procesamientos de Residuos (Cipres) de Red Ambiental ya tenía lista la celda, compactada, con arroyos para el escurrimiento de lixiviados, zanjas y trincheras. Este proceso suele llevar al menos 45 días y debió iniciarse después de conocerse el fallo.

Una vez más, sale a la luz la red de complicidades y negocios oscuros que envuelven el tema de la llamada celda emergente de la Parcela 175, donde los Gobiernos estatal y municipal, así como empresarios, se han coludido para el manejo y disposición final de la basura, que representa ingresos por más de 30 millones mensuales.

La llamada celda emergente estaba lista en plena evaluación de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema), con un terreno perfectamente conformado y con drenes para los lixiviados. Imágenes tomadas con dron, el 3 de febrero pasado, muestran que la celda ya contaba con la malla de geomembrana.

El 28 de febrero, la Presidenta Municipal, Ana Patricia Peralta de la Peña, el Director de Solución Integral de Recursos Sólidos Cancún (Siresol), Franntz Johann Ancira Martínez, así como representantes de la empresa Ciprés de Red Ambiental, estuvieron presentes.

Resolutivo celda emergente

El 19 de enero, el Subsecretario de Gestión y Protección Ambiental de la Sema, Óscar Alberto Rébora Aguilera, a quien la Gobernadora le dio facultades para resolver el tema de la celda emergente, entre otros, emitió una Resolución en Materia de Impacto Ambiental con el número de oficio SEMA/DS/SGPA/DIRA/0174/2024, con la clave MIA0-005-1-24-0006, para el Proyecto “Celda emergente de disposición final de residuos sólidos y urbanos del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo”.

El resolutivo está dirigido al Director de Siresol, y consta de 79 páginas donde se indica que “para el desarrollo del proyecto, se establece en el programa de trabajo que, para las etapas de preparación del sitio y construcción del proyecto, se ejecutará en el transcurso de seis meses, para posteriormente entrar en operación durante un periodo de dos años, desarrollando el proyecto en función de los componentes que lo integran si se realizan acciones de reducción y valoración de los residuos».

Es decir, el 19 de enero se dictaminó la autorización para la construcción de la celda emergente, cuando ésta ya se había edificado. Además, según el representante de la Asociación Civil “Salvemos Nizuc”, Raúl Karim de la Rosa Peláez, la autoridad de Sema otorgó el resolutivo sin realizar una visita de inspección a la zona, sin darle vista a la autoridad ambiental. Se menciona un impacto ambiental previo, pero no se establece con precisión, y se afirma que cumplen con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) debido a una contingencia ambiental, a pesar de que las Unidades de Gestión Ambiental no permiten esa actividad.

Justificación

Rébora Aguilera justifica en el resolutivo que Siresol que “con la finalidad de abatir la problemática de la generación descontrolada de residuos sólidos pretende desarrollar el proyecto en cuestión (la celda emergente), estableciendo un nuevo sitio para la disposición de los residuos sólidos generados, ya que el actual centro de disposición CIMRESIBJIM alcanzó su máxima capacidad, ocasionando que los residuos que continúan enviándose a las instalaciones no logren ser contenidos ni tratados, lo que generaría impactos ambientales relacionados con la infiltración de lixiviados, dispersión de malos olores, generación de biogás y proliferación de fauna nociva; en consecuencia, se requieren acciones para la prevención y control de la contaminación del suelo y subsuelo”.

Asimismo, destaca que el proyecto de la celda emergente “es una obra en apego al beneficio del medio ambiente, así como para minimizar los efectos ambientales que puedan ocasionar el medio ambiente y la salud pública de los desarrollos habitacionales a la redonda, tal como señala la Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria de Carácter privada del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 2021-2024, del 1 de diciembre del 2023, se determinó que el Centro Integral de Manejo de Residuos Sólidos Intermunicipal Benito Juárez e Isla Mujeres’, ubicado en la Parcela 196, se está aproximando a su capacidad máxima de recepción, operación y gestión de residuos sólidos”.

Antecedentes

En julio del año pasado, Ana Patricia Peralta de la Peña aprovechó la emergencia ambiental provocada por el colapso del basurero para desplazar a la empresa encargada de manejar los residuos sólidos, Promotora Inmobiliaria Majahual (PIMSA), y beneficiar a “Promotora Ambiental Contenedores S.A. de C.V.” (PACSA), un apéndice de Red Recolector (también conocida como Red Ambiental), la empresa vinculada al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que se encarga de trasladar las más de mil 300 toneladas que se producen diariamente.

Anteriormente, el Gobierno municipal pagaba a PIMSA un costo unitario de 238.63 pesos por tonelada de desechos que ingresaban al relleno sanitario ubicado en la Parcela 196. Sin embargo, con la entrada de Red Ambiental, el pago se incrementó a 846 pesos por tonelada, es decir, un aumento del 254,52 por ciento, según las declaraciones de las partes involucradas.

Después de la supuesta emergencia ambiental, se ha forjado una espiral de negocios oscuros que les permite controlar todos los procesos relacionados con la gestión de residuos sólidos urbanos, desde la recolección hasta el reciclaje y procesamiento de los mismos.

La fórmula que han aplicado con sus cómplices y padrinos políticos consiste en renovar el acuerdo para la recolección de basura con Red Ambiental, a través del contrato SIRESOL-DG-CPS-01-23, por un monto de 324 millones de pesos. Es importante señalar que este contrato también se adjudicó de forma directa, sin competidores, lo que deja margen para sobornos, comisiones y todo tipo de acuerdos clandestinos. Con esto, ya tienen el control sobre la recolección y transporte de la basura.

Para colmo, en Cancún se paga la basura más cara de todo el país, como si se tratara de un juego en un casino, ya que el costo varía entre mil 200 y mil 500 toneladas diarias, dependiendo de la temporada. Considerando el pago de 846 pesos por tonelada en un promedio de mil 300 toneladas diarias, la ganancia diaria asciende a un millón 99 mil 800 pesos.

Nueva celda

Todo lo anterior se hizo para allanar el camino para comenzar a operar la llamada celda emergente, situada en la Parcela 175, que, en teoría, fue adquirida por Red Ambiental a mediados del 2023. Se estima que la empresa ha invertido o planea invertir 400 millones de pesos en este sitio. Casualmente, esta empresa, a través del Centro Integral de Procesamiento de Residuos (Cipres) de Red Ambiental, fue la única que participó en la licitación lanzada por el Ayuntamiento de Benito Juárez en diciembre pasado para la construcción de la celda emergente.

A principios de 2024, el Ayuntamiento de Benito Juárez anunció que esta empresa “había ganado el proceso de licitación y sería la encargada de construir la celda emergente para la disposición final de la basura generada por el municipio de Benito Juárez”. Así lo confirmó el Síndico Miguel Ángel Centeno Cortés, quien es cuñado de la Gobernadora de Quintana Roo, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, y esposo de la Presidenta Honoraria del Sistema DIF en el Estado, Verónica Lezama.

Inicia operación de celda

En febrero pasado, Juan Gracia, representante de Cipres, afirmó que la nueva celda estaba lista y podría entrar en operación tan pronto como lo autorizara la autoridad municipal. Aseguró que cuentan con las Manifestaciones de Impacto Ambiental respectivas, aunque no se ha encontrado registro de estas en la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La nueva celda, que abarca una superficie de 10 hectáreas y se estima que tenga una vida útil de cinco años, contará con un sistema de impermeabilización, drenaje, captación y tratamiento de lixiviados, así como un sistema de control de gases y olores. Según Cipres, cumplirá con las normas ambientales vigentes y permitirá una mejor gestión de los residuos sólidos urbanos.

En respuesta a esto, Wilberth Esquivel Zanoguera, exdirector de Siresol, publicó en su página de Redes Sociales Mayas: “esta celda clandestina viola las NOM083 Semarnat 2003, inciso 6.1.4 que es clara sobre la ubicación de rellenos sanitarios que no pueden ubicarse en ‘zonas de recarga de acuíferos’ donde se extrae el agua potable de Cancún. Además, viola el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y no tiene Manifestación de Impacto Ambiental, sólo tiene una MIA para extracción de material pétreo. Además, es un negocio de Ángel Álvarez con funcionarios y Red Ambiental. La Licitación fue una simulación. Hay como 30 delitos, incluyendo los ambientales”.

Salvemos Nizuc

El 29 de febrero comenzó a operar la celda emergente, y ese mismo día, la Asociación Civil “Salvemos Nizuc” obtuvo una suspensión provisional contra la construcción de la celda emergente en la Parcela 175. El representante legal de la asociación civil, Raúl Karim de la Rosa Peláez, explicó que presentaron un amparo indirecto en contra de la construcción y operación de la celda emergente, y el Juez Séptimo de Distrito les concedió la suspensión provisional.

El objetivo es proteger el medio ambiente, ya que el relleno pretende operar sobre dos Unidades de Gestión Ambiental del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de Benito Juárez. Con el amparo, lograron obtener una suspensión provisional, según explicó el representante de la asociación civil.

La asociación está preparando toda la documentación necesaria para respaldar su solicitud ante el Juez, de cara a la audiencia programada para el 9 de abril. En esa audiencia, tanto la asociación como los representantes de la empresa concesionaria y las autoridades gubernamentales deberán sustentar sus posturas.

Síguenos en Google News y recibe la mejor información 

AT