Autoridades del estado continúan sin rendir cuentas a los colectivos instalados a las afueras de la Fiscalía General del Estado (FGE), por los diferentes sucesos ocurridos durante los últimos días, lo que pone en duda la continuidad de una mesa de diálogo.
Integrantes del Colectivo "Verdad Memoria y Justicia" aseguran que la indolencia por parte de las autoridades estatales ha llegado a límites que no tienen cabida en su relación con el pueblo, por lo que se han debido tomar decisiones contundentes en la entidad para hacer que los funcionarios de estas dependencias realicen el trabajo por el cual les pagan.
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Romana Rivera Ramírez, presidenta del colectivo, asegura que en la entidad son normales los casos donde a sus agremiadas, cansadas del dolor y sufrimiento por no saber nada de sus familiares, han incurrido en prácticas poco habituales, como tener que dar dinero para el combustible de las unidades de las diferentes corporaciones involucradas en las búsquedas, para salir a realizarlas.
En entrevistas diferentes, las fundadoras del Colectivo "Verdad Memoria y Justicia" y Madres Buscadoras, relatan las mismas carencias al tener que tratar con las autoridades, no sólo con el personal de la FGE en el municipio Benito Juárez, sino que es algo que viven casi todas las dependencias, dónde según lo relatado por ambas activistas coinciden en que los trabajadores lucran con el dolor ajeno.
En su relato mencionan y señalan a estos trabajadores, quienes les piden dinero para las famosas copias durante los trámites, solicitan dinero para poder costear el combustible de las unidades para las búsquedas, ya que aseguran que el presupuesto brindado no les alcanza para poder abastecerlas.
Otro de los procedimientos en los que se ven beneficiados es cuando deben retirar cuerpos y solicitar actas de defunción, dónde se las cobran sin piedad alguna, a pesar de ver el sufrimiento y dolor de los familiares.
Estás declaraciones salen hoy a la luz pública debido que ya están cansadas de esos tratos, aseguran que la gota que derramó el vaso fue la acción efectuada por las autoridades en la capital cuando fueron agredidas físicamente.
Por estas acciones, ambos colectivos han dicho no ceder más a este tipo de abusos y exigen ser tratadas como lo que son, víctimas de un sistema de inseguridad que vive el estado, por lo que ellas no deben realizar ni las búsquedas ni labores de investigación, exigen a la fiscalía realizar su trabajo con firmeza y eficiencia, además un sistema adecuado de trato de víctimas, en dónde no sólo canalicen a hospitales generales, sino que una dependencia aparte que les brinde el apoyo psicológico necesario para enfrentar dicho proceso.
Rivera Ramírez, pide la actuación por parte de las autoridades para que capaciten de una manera competente a sus dependencias destinadas a los delitos de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, aplicando los protocolos establecidos y no haciendo que ellas realicen su trabajo, y así entiendan de una vez por todas que las familias de las personas desaparecidas al final son víctimas de un delito, por lo que en las dependencias no se debe de lucrar con el dolor ajeno.
Recalcó la importancia de establecer una mesa de diálogo real entre ambas partes con el fin de se obtengan mejores resultados en la materia, para que las familias afectadas puedan tener noticias satisfactorias de sus familiares.
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Madres buscadoras de Quintana Roo exponen la ineficiencia de autoridades en la búsqueda de desaparecidos
Madres buscadoras alzan la voz contra la Cdheqroo
El Colectivo Madres Buscadoras alza la voz a las autoridades de Comisión Estatal de los Derechos Humanos Cdheqroo, para que piensen por primera vez en los derechos de las madres y familias afectadas tras una desaparición, y no sólo en los de los delincuentes.
“Aquí en Quintana Roo no existen los derechos humanos para los desaparecidos y sus familias”, palabras claves con la que la presidenta del Colectivo Madres Buscadoras describe el actuar de esta dependencia en el estado, debido a los múltiples atropellos de los que ella y sus compañeras han sido víctimas por parte del personal de la fiscalía.
Durante los últimos años, gran cantidad de los procesos judiciales que se llevan a cabo con algunos de los ya detenidos por delitos de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, se han visto entorpecidos por la presencia de esta dependencia, lo que frustra por completo la ejecución de la ley ante personas que ya están incluso sentenciadas.
La activista María Dolores Patrón Pat, aseguró que esta dependencia no se ha acercado en ningún momento para tocar el tema de derechos humanos con las familias de los afectados o bien para confirmar si en el debido proceso judicial, las autoridades trabajan de manera adecuada sin violentar sus garantías.
Todo lo contrario, les han volteado la espalda, dejando a los desaparecidos en el olvido y a las familias de éstos; además, señaló como ejemplo el plantón realizado en el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) y que posteriormente se cambió a las afueras de la fiscalía, dicho movimiento se mantiene de manera indefinida para que la autoridad corrija las múltiples inconsistencias que hay en un caso específico de una de sus compañeras, donde ella asegura se violan las garantías de la madre del menor como víctima, pero ninguna persona por parte de esta dependencia estatal se ha dignad a acercarse para brindar algún apoyo o asesoría.
Recalcó que esta situación se ha presentado ya por años donde esta dependencia sólo ve por los intereses de los internos, mismo que asegura ella ya están detenidos y que no les falta su comida y tienen un techo que comer mientras las familias de las victimas llevan la peor parte tanto psicológicamente, como económicamente.
Ante esta denuncia acudimos a las oficinas de dicha dependencia en el municipio, pero al arribar al lugar nos informaron que nadie nos podría atender y brindar información debido que toda solicitud debe pasar por su cede en la capital del estado, por lo que quedamos a la espera de que dicho personal nos brinde una respuesta ante esta denuncia.