En Quintana Roo, los ciudadanos han tenido que tomar la búsqueda de justicia en sus manos y presionar a las autoridades para que éstas realicen su trabajo, pues a pesar de la crisis de desapariciones y ola delictiva, la Fiscalía General del Estado (FGE) actúa con lentitud.
Para tener un margen de información que permita entender qué ocurre dentro de la dependencia y los motivos de su falta de respuestas para con los quintanarroenses, se consultó con una persona que laboró durante tres décadas en diferentes mesas de la entonces Procuraduría General del Estado, quien por seguridad prefirió omitir sus datos personales.
Menos “margen de acción”
De acuerdo con su experiencia, ha cambiado mucho la manera de operar de las autoridades desde que la Procuraduría pasó a ser Fiscalía, ya que se implementaron nuevas reglas de operación respecto a los derechos humanos de los presuntos responsables, lo cual le ha restado mucho margen de acción a los policías.
Mencionó que la idea de que la Fiscalía se haya convertido en un “rehén” de grupos sociales sugiere que su capacidad de actuar conforme a la ley y de manera autónoma ha sido severamente limitada. Un rehén, en este contexto, se refiere a una entidad cuya libertad de decisión ha sido coartada por factores externos que ejercen una presión constante y efectiva.
Un ejemplo concreto podría ser cuando, tras un bloqueo carretero, la Fiscalía decide acelerar ciertos procesos o adoptar medidas que favorezcan a los manifestantes, lo que podría interpretarse como una forma de ceder ante la coacción social. Si esta dinámica se repite con frecuencia, el organismo estaría efectivamente siendo manipulado por grupos que han descubierto que el uso de la protesta pública es un mecanismo para influir en decisiones judiciales.
Anteriormente, la Policía Judicial tenía libertad para trabajar en cuanto se suscitará algún hecho, sin necesidad de que el procurador diera la orden; no obstante, actualmente requiere de la autorización del titular para poder actuar.
Enfocándose hacia el tema de los desaparecidos, una hipótesis acerca del porqué no hay resulta- dos, puede ser porque el fiscal tarda en dar “luz verde” a los agentes ministeriales para que inicien con las búsquedas.
Otro de los puntos que señaló el entrevistado es que el personal suele ser insuficiente para atender todas las carpetas de investigación que se abren, por lo que los procesos se vuelven lentos y se van rezagando, generando un acumulado que muy difícilmente podrá ser resuelto en la inmediatez; y las desapariciones no son la excepción.
También hizo hincapié en quela problemática de la delincuencia organizada y las desapariciones atribuidas a ésta es algo relativamente reciente en Chetumal, por lo que también existe la posibilidad de que las autoridades no cuenten con los elementos y la capacitación y capacidad necesaria para afrontarla y solucionarla.
Pierde cada vez más credibilidad
Por otra parte, los pobladores opinan que si la falta de atención a las denuncias y malos tratos han generado la desconfianza en la Fiscalía General del Estado, ahora ceder a medidas de presión mediante bloqueos de carretera y aceptar modificar sentencias para liberar a personas detenidas por delitos graves, ocasiona que la dependencia pierda credibilidad y las víctimas se sientan en riesgo y no obtengan la tan deseada justicia.
En un sondeo realizado con los habitantes, señalaron que al Gobierno de Quintana Roo le ha faltado “mano dura”, pues en la actual administración se han registrado varios cierres carreteros, tanto para demandar celeridad en las investigaciones, como para pedir la liberación de detenidos.
Por ejemplo, en Bacalar se presionó por la búsqueda de cuatro trabajadores de una empresa cárnica desaparecidos, y en Lázaro Cárdenas se exigió la liberación de una persona acusada de violación. Respecto a este último caso, Noel Pat, uno de los entrevistados, sostuvo que con los bloqueos de las principales carreteras se puede obligar a las autoridades a cambiar su decisión o ejercer presión para que el gobierno interceda y prácticamente corrompa aún más a las instancias de procurar justicia, sin permitir que se lleve a cabo un debido proceso en donde se demuestre con transparencia la inocencia o culpabilidad de los imputados en este caso.
“Si antes la ley era para quien la podía comprar, ahora se demuestra que la ley es para quien más puede ejercer presión usando medidas mediáticas como el bloqueo a carreteras federales, lo que constituye un delito al impedir el libre tránsito de terceros, en este caso de cientos de conductores y acompañantes que se vieron afectados, por la presión de algunos cuantos, que han provocado que ahora la fiscalía pierda credibilidad”, expuso.
Juan José Calixto sostuvo que existe la libertad de expresión y el derecho a protestar, lo que es respetable; sin embargo, ve mal que se obstruyan las vías de comunicación para ejercer presión en la impartición de justicia, lo que aumenta la desconfianza en las autoridades, sobre todo en la fiscalía, pues cada vez más personas dejan de creer en ella.
Dijo que la manera de manejar la situación es la que ha provocado los bloqueos, puesto que desde antes se pueden manejar comisiones, buscar conciliación y permitir el trabajo de la dependencia y darle el beneficio de la duda de hacer un trabajo transparente para la impartición de justicia.
Alfonso “N”, sostuvo que modificar una sentencia cediendo a las medidas de presión deja muy mal parada a la fiscalía y pierde credibilidad, pero esto se debe a la falta de visión de las autoridades para manejar el tema.
“Han permitido que los familiares de un acusado de violación impongan sus intereses, sobre toda la afectación que causaron a cientos de conductores y ni qué decir de la víctima”, destacó. Coincidió en que en sexenios anteriores nadie hubiera pensado en realizar un bloqueo de carreteras o calles, las instancias no fueron presionadas a modificar sentencias y las autoridades no cedían a la presión mediática de los habitantes.
Otros habitantes de Lázaro Cárdenas recordaron que en lo que va del año se han registrado por lo menos seis bloqueos en el municipio por diversos motivos, dos fue- ron en la vía Kantunilkín-Chiquilá, donde los pobladores del puerto presionaron para que la autoridad estatal enviara maquinarias para reparar su acceso y sus calles en malas condiciones.
En mayo y julio los habitantes de El Ideal bloquearon la carretera federal Cancún-Mérida, a la altura de esta localidad, pidiendo que se tomara en cuenta la ampliación de la vía de comunicación, pues su anchura se ha reducido y se han registrado múltiples accidentes.
Casos concretos
Recientemente en la entidad se han registrado casos en los que la presión ciudadana logró poner en marcha la acción de la autoridad. Uno de ellos fue la desaparición de la enfermera Dulce Yareli, ocurrido el 29 de agosto en Chetumal.
Aunque la familia sospechó de inmediato de la pareja de la joven, y así lo hizo saber a las autoridades, y que el susodicho cambió varias veces su versión de lo ocurrido, no fue sino hasta que recurrieron a bloquear la vía Chetumal-Bacalar, acompañados por pobladores de Huay Pix, para ejercer mayor presión, que los organismos estatales y federales, entre éstos la Secretaría de Marina (Semar), se pusieron en marcha.
La población criticó el tortuguismo y la indiferencia, pues aunque la joven era enfermera naval, la institución demoró en darle respaldo a las víctimas. También logró su cometido el bloqueo organizado por los integrantes del sindicato “Tiburones del Caribe”, en la Carretera Federal 307, cerca de la Zona Arqueológica de Tulum, para exigir la liberación de su líder, Eliazar Sagrero Ordóñez, quien sigue un proceso por acusaciones de homicidio calificado e intento de homicidio.
El representante de los ruleteros obtuvo después un arraigo domiciliario, y salió de la cárcel el 4 de septiembre. La parálisis provocada por el gremio afectó la movilidad no sólo del noveno municipio, también de la Riviera Maya y de Playa del Carmen y decenas de trabajadores no pudieron llegar a sus centros de trabajo.
Asimismo, en Bacalar, el pasado 6 de octubre, familiares de cuatro trabajadores de una empresa de carne que desaparecieron desde el jueves 3 bloquearon la carretera Chetumal-Huaypix, para presionar a las autoridades a realizar labores de búsqueda.
Amigos y familiares de las víctimas se plantaron frente al Parque Quintana Roo, donde colocaron piedras y otros objetos para impedir el tránsito vial, pues se cansaron de esperar la respuesta de las autoridades, que únicamente puso a circular fichas de búsqueda.
No fue sino hasta la movilización de los familiares, que las autoridades pusieron mayor celeridad en las investigaciones, logrando hallar a tres de los cuatro desaparecidos con vida. Hasta el cierre de esta edición, únicamente José Guadalupe Rodríguez Avilez seguía sin ser localizado.
