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Por Redacción Por Esto!
1 de oct. de 2024
13 min
Escrito por Redacción Por Esto!
Las administraciones de los 11 municipios del estado cambiaron ayer sin que se solucionen las principales demandas de la gente. Temas como mejores estrategias de seguridad, reparación de vialidades, apoyos al campo, a la salud, recolección de basura, drenaje, programas de mejoramiento, prevención de riesgos, entre otros fueron algunos pendientes de los ediles salientes.
Los que se reeligieron, como Yensunni Martínez, Diego Castañón, Atenea Gómez, entre otros, pueden continuar con sus proyectos durante otro trienio, pero otros como Lili Campos y Emir Bellos Tun, simplemente no le cumplieron a sus electores.
En las últimas semanas de su administración, la alcaldesa de Othón P. Blanco, Yensunni Idalia Martínez Hernández, anunció algunas mejoras para la ciudad de Chetumal; principalmente reparación de baches y rehabilitación de casetas de policías; sin embargo, no logró terminarlos antes de finalizar su primer trienio y los “heredará” para el próximo.
La falta de seguridad, el mal estado de las calles y el basurero figuran entre las principales demandas de los chetumalenses, pero no se han resuelto durante los tres años de su gestión. Señalan que si no hubiera ganado la reelección simplemente no habría cumplido; algunos incluso desconfían en que logre dar soluciones sólidas a esas problemáticas.
De manera reiterada, desde la administración municipal se anunciaron jornadas de bacheo, debido a los constantes reportes por las malas condiciones de las calles; sin embargo, los pobladores externaron que los trabajos se realizaban sólo de manera parcial, es decir, en determinadas zonas de la ciudad o como simple parcheo superficial, lo que quedó inservible después de las lluvias y el constante ir y venir de los vehículos.
En un sondeo realizado por Por Esto!, los ciudadanos señalaron que el centro de la Chetumal es una de las zonas con la peor imagen; a pesar que sus vialidades son muy transitadas y alberga a los principales centros turísticos y establecimientos comerciales. Esto pone en riesgo a la ciudadanía y hasta a los mismos vehículos, pues se han registrado varios accidentes, sobre todo de motociclistas.
En cuanto a la seguridad, la única acción destacable para los ciudadanos fue el cambio de luminarias; sin embargo, no fue algo contundente ni abarcó toda la mancha urbana; los chetumalenses no sintieron mayor seguridad al caminar por las calles y las desapariciones de personas son frecuentes.
A unas semanas de concluir con su primer mandato, la munícipe anunció que las 15 casetas policiacas que existen en Chetumal serían rehabilitadas para contribuir a la estrategia de seguridad, sin embargo, únicamente puso a funcionar dos.
Otra de las promesas fue la reubicación del relleno sanitario intermunicipal, debido a que el actual ha sobrepasado su capacidad, al grado de afectar la salud de las personas que viven en las colonias cercanas con malos olores y fauna nociva.
Esta fue una de las promesas hechas por la munícipe cuando buscaba la reelección, por tanto, corresponde a su segundo periodo; sin embargo, lo que cuestionan es que “esperó a ser reelegida para asumir un compromiso que debió ser parte de las acciones claves de su administración”.
El boulevard Chetumal es otro de los pendientes de la actual gestión, pues claramente se percibe que no ha recibido mantenimiento de ningún tipo, salvo el cambio de barandal de la Fuente del Pescador. A decir de la gente, el descuido de una de las principales zonas turísticas evidencia el desinterés para mejorar la llegada de los visitantes.
Finalmente, los othonenses criticaron que la alcaldesa haya realizado su tercer informe a puerta cerrada, para evitar reclamos o protestas, o que la gente manifestara abiertamente su rechazo.
En medio de los ataques a la población, como parte de la disputa por el territorio por parte de grupos criminales, el actual presidente municipal de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez rindió protesta para continuar otros tres años al frente de la administración pública.
Según el edil reelecto, uno de los temas a abordar en su nuevo mandato será la seguridad, primordial para los bacalarenses, pues durante el último año se ha percibido un incremento en los números de homicidios y levantamientos forzados.
La creciente ola de violencia en comunidades de la zona limítrofe provocó que los pobladores, huyeran de sus hogares hacia sitios más seguros. A mitad de año, habitantes de El Gallito, poblado cercano a Campeche vivió un nuevo episodio violento, lo cual provocó la movilización de autoridades de Seguridad de los tres niveles de gobierno.
Mientras, en su discurso, el presidente municipal de Bacalar únicamente destacó que se debe buscar un equilibrio entre todos los sectores productivos de la región para lograr el desarrollo integral del municipio; actualmente, el turismo es el más rentable.
La primera administración municipal de Erick Borges Yam terminó ayer, y de acuerdo con los ciudadanos, el gobierno local aún le debe a los morelenses seguridad pública, apoyos al campo, a la salud y una distribución, sin sesgos políticos, de los programas sociales.
Indicaron que Borges Yam habló mucho de que trabaja para el pueblo y que se debe al pueblo, pero en realidad los programas de vivienda, piso, techo y apoyos en medicinas solamente se otorgaron a gente identificada con la administración municipal y no a la que más lo necesita.
Jorge Cob Cab comentó que el manejo de los programas sociales fue opaco y en seguridad no hubo nada, al igual que los apoyos al campo. “Quizás les habrán dado a algunos cuantos, pero no a todos”, puntualizó.
Indicó que los cuartos, baños y techos que se construyeron en las comunidades y en la cabecera beneficiaron a la gente allegada al gobierno, y aclaró que no lo dice él, sino la propia gente de las comunidades y que “se puede comprobar”.
En apoyos al campo se hicieron uno o dos caminos sacacosechas, pero se necesitan programas para detonar la producción y no hubo.
José Alberto Uc Batun secundó que en el campo no hubo apoyos reales y si la gente trabajó sus mecanizados, fue por esfuerzo propio y no por respaldo de la autoridad. Esto hizo que los “coyotes” se llevaran toda la producción de sandía sin pagar hace dos años, lamentó.
Luis Arjona May indicó que pudieron haber obras, pero no con recursos municipales, sino federales. Según él, éstas fueron manejadas a conveniencia por el municipio y no se atendieron a las familias más vulnerables.
Además, en materia de seguridad no hubo nada bueno, por el contrario, se agravaron los delitos de alto impacto. En salud tampoco se hizo nada, pues en las clínicas siempre faltaban medicamentos y tenían que acudir a la presidencia para obtenerlos.
Adriano Cahuich expuso que durante los tres años de gobierno del “Macizo” se registraron varios casos de personas desaparecidas y asesinatos en la ciudad en pleno día.
Tampoco se construyó un hospital de tercer nivel como prometió Borges Yam tres años atrás.
La principal exigencia de los pobladores de esta demarcación es justicia por los asesinatos de una veintena de personas y operativos para localizar a medio centenar de desaparecidos; además de caminos de acceso en mal estado y frenar la crisis en el campo.
Sin embargo, la administración de Maricarmen Hernández Solís, que va por otro trienio, fue incapaz de atender la problemática, por lo contrario, el municipio se volvió un “foco rojo” de personas no localizadas, con más de 50 en lo que va del año.
En el campo, una de las demandas de los productores es asesoría técnica para enfrentar una plaga de gusano que está afectando severamente los maizales, y la siembra de la calabaza. También son reiterativas las exigencias de vías de acceso a varias comunidades.
Ciudadanos del noveno municipio no tienen buenas expectativas de la siguiente administración de Diego Castañón; opinan que aunque algunos nombres y caras cambiaron en el Cabildo, se continuará operando bajo las mismas dinámicas de corrupción.
Pese a que anhelaban una transformación verdadera, ahora inician otro trienio con un edil que arrastra promesas incumplidas y estrategias que perpetúan la inseguridad.
Castañón ha reafirmado su intención de seguir la misma línea de trabajo, que, a decir de la gente, no ha cumplido con garantizar su seguridad y bienestar, al contrario, les da la imagen de un gobierno fallido.
En Tulum hay altos índices de robos, homicidios y asaltos. Este año, la violencia alcanzó niveles preocupantes con más de 110 ejecuciones registradas en nueve meses.
Autoridades locales reconocen que la situación está ligada a enfrentamientos entre grupos delictivos que buscan el control del territorio, y que las víctimas no se limitan sólo a personas locales, sino que también hay turistas, lo cual ha intensificado el impacto de la crisis de seguridad.
Destacaron que desde que Castañón asumió el cargo como edil interino, en marzo del 2023, se vio un incremento en los homicidios dolosos en comparación con administraciones anteriores. En la gestión de su predecesor, Marciano Dzul, se reportaron 51 ejecuciones, menos de la mitad de las actuales.
Tan solo este mes que termina se registraron ataques armados con múltiples víctimas. Uno de ellos fue al bar “Las Mil y una Noches”, donde hombres armados, encapuchados y vestidos con ropa de camuflaje ingresaron abriendo fuego de manera indiscriminada.
En consecuencia, una persona perdió la vida y cuatro más resultaron heridas. Ese mismo día, se descubrieron restos humanos desmembrados en la intersección de la calle Géminis y la calle Sagitario, en la colonia Centro. Este hallazgo elevó a 167 las víctimas durante el actual gobierno de Castañón.
Casos recientes son las ejecuciones de los taxistas del sindicato “Tiburón Caribe” desde la liberación de su líder las ejecuciones han aumentado, al punto de dejar mensajes amenazantes y quemado unidades.
Seguir promoviendo las promesas de Laura Fernández Piña, era el legado de Blanca Merari Tziu Muñoz, entre ellas, velar por la seguridad y salud de los portomorelenses; sin embargo, no se ha visto avances, ya que hasta la fecha los habitantes tienen que trasladarse a Benito Juárez y Solidaridad para recibir atención médica, pues el dispensario local cierra sus puertas. Además, la delincuencia común y organizada ha marcado a las familias.
Tziu Muñoz, asumió el poder el 30 de septiembre del 2021. Su as para lograr el triunfo fue ser nativa de la comunidad, pues conocía la problemática que aquejaba a las delegaciones de Central Vallarta y Leona Vicario, así como al poblado de Delirios, prometiendo a sus habitantes combatir la inseguridad.
Sin embargo, sus promesas de campaña se fueron opacando, ya que a los cinco meses de haber tomado el cargo ocurrió una triple ejecución en el interior de una marisquería en Leona Vicario, donde dos de los fallecidos eran su cuñado y sobrino, este último de 15 años. El suceso hizo que los ciudadanos se sintieran vulnerables. En total, en su primera administración, 25 personas fueron asesinadas por el crimen organizado.
“Vamos a instalar alarmas vecinales para brindarles mayor seguridad a todas las familias y mejorar la capacidad de respuesta de la policía”, fue otra de sus promesas que no se cumplió, y los robos, en su mayoría a casa habitación, son diarios, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se iniciaron 143 carpetas de investigación, 28 por robo de auto, 34 a comercio y 81 a casa habitación.
En campaña también promovió la mejor calidad de vida para las familias y garantizó una vida libre de violencia a las mujeres, pero 168 mujeres han denunciado ser víctimas de agresiones y se registraron 19 casos de violación, principalmente en mujeres.
Tener una Policía capacitada y capaz para inhibir la delincuencia también era una de sus prioridades, pero en febrero del 2023, los uniformados se atrincheraron en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, ocho horas después del ataque a un comercio en el que dos mujeres perdieron la vida. Un mes después, los paramédicos del Dispensario Médico replicaron la misma técnica, pero únicamente fueron cambiados a otro departamento.
En Isla Mujeres, Atenea Gómez incumplió varios compromisos durante el trienio que termina, en materia ambiental, reapertura de la Hacienda Mundaca y la Tortugranja; apertura de módulo de simplificación fiscal y el programa aviar de avistamiento en los cuerpos lagunares como nuevo producto turístico, expusieron los empresarios Ismael Aké y Antonio Salazar.
Criticaron la falta de sensibilidad de su gobierno y la política “a puerta cerrada”. Asimismo dijeron que aunque sí hay algunas obras, otras, como la infraestructura de Aguakan para garantizar el abasto de agua se han quedado empantanadas.
Señalaron que la empresa “hace lo que quiere”, pues simplemente se niega a renovar una segunda línea submarina, a pesar que en el año pasado hubo un desabasto generalizado de una semana, en plena temporada turística, cuando un barco rompió el ducto.
Asimismo no hay informes sobre los motivos que impidieron reabrir Mundaca y Tortugranja, por lo que solicitaron a la funcionaria que retome su conferencia semanal para dar a conocer los pendientes, de lo contrario, ““volveremos a tener un periodo, más de lo mismo, no vaya a suceder como Juan Carrillo que empeoró su mandato en su segunda gestión”, dijeron.
Se incumplió también con el fomento al empleo y la creación de empresas con líneas de acción con tramitología más ágil; la elaboración de estudios que contribuyan a determinar la ubicación, construcción y el funcionamiento de estacionamientos en vía pública.
No hay información tampoco sobre formulación, instrumentación, conducción y evaluación de las políticas y programas sectoriales de desarrollo urbano, asentamientos humanos, ordenamiento territorial y vivienda, con base a la normatividad y lineamientos del PMD.
No se promovieron acciones para la protección y conservación de los recursos naturales del municipio ni se colaboró con las autoridades federales y estatales en la protección y preservación de éstos; incluso con pendientes de hace años, como el daño ambiental de las lagunas Makax y Chacmuchuch.
Los solidarenses enfrentan problemas con la recoja de la basura, apagones y mala imagen en los espacios públicos, principalmente en colonias populares como Villas del Sol, Pescadores Plus y El Edén
Por otra parte, aunque los crímenes de alto impacto fueron menores en estadística, en comparación con municipios como Benito Juárez, representando el 11 por ciento del total estatal, en lo que va del año 51 personas fueron ejecutadas durante la gestión de Lili Campos.
La edil saliente también fue señalada por posibles casos de corrupción, en los que presuntamente estarían involucrados servidores públicos, que torturaron y asesinaron a cuatro fiscales del Ayuntamiento en el bar “La Cueva”, el 11 de febrero del 2023. Los sicarios dejaron abandonados los cuerpos en la parte trasera de una camioneta.
También hubo anomalías en el tema de los permisos de construcción en Villas del Sol y colonias aledañas, cuyos pobladores padecieron problemas de salud por un incendio que provocó la empresa CADU al devastar monte para proyectos de construcción inmobiliaria.
Asimismo, en la primera sesión de Cabildo del actual Ayuntamiento de Solidaridad, el regidor, Orlando Muñoz destacó que se deben investigar los permisos de construcción a empresas que rompieron muchas reglas y perjudicaron a la población playense, así como el aumento en los vendedores ambulantes, pues se calcula que hay más de 700.
Aunque de manera general Quintana Roo continúa siendo un foco de alerta en incidencia delictiva, según el Semáforo Delictivo, principalmente en homicidios, lesiones, secuestros y extorsiones; la Zona Norte, especialmente Cancún, es la de mayor prevalencia.
Recientemente, en esta ciudad se dieron dos casos de secuestro virtual, en ambos las víctimas fueron menores de edad y fueron engañadas a través de llamadas telefónicas para salirse de sus casas y esperar en supermercados, mientras sus familiares eran extorsionados con cantidades importantes de dinero, afortunadamente las víctimas fueron rescatadas
Los casos de secuestro y extorsión crecieron drásticamente en comparación entre el 2023 y 2024, pues el año pasado se reportó dos secuestros y 58 carpetas de investigación por extorsión, mientras que de enero a agosto de este año suman nueve secuestros y 120 extorsiones denunciadas.
Muchos casos no son denunciados ante las autoridades competentes por miedo de las víctimas, pues temen sufrir represalias al presentarse ante el Ministerio Público o en alguna dependencia de justicia.
Benito Juárez encabeza la alerta roja en el estado; seguido de Solidaridad, después Othón P. Blanco, Tulum y Cozumel, según el análisis de Semáforo Delictivo, que se basa en las estadísticas que la Fiscalía General del Estado envía al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En cuanto a las cifras oficiales, de enero a agosto de este año suman mil 30 homicidios y tres mil 266 carpetas de investigación por lesiones. En el mismo periodo del año pasado se reportaron mil 77 homicidios, tres mil 458 lesiones.
Por las altas cifras de incidencia delictiva, también los delitos de narcomenudeo, robo de vehículos y violencia familiar se mantienen en rojo; en tanto que robo a domicilios y delitos sexuales están en amarillo, solo el delito de feminicidio se mantiene en verde.
En cuanto a los casos de homicidios más destacados está el hallazgo de cuatro cuerpos en la carretera Puerto Morelos-Cancún, uno de estos era un policía municipal activo, así como la ejecución de un menor de edad en una playa de la zona hotelera. Otro hecho ocurrido en el área turística de Cancún, fue el enfrentamiento a balazos en un autobús que dejó sin vida a dos personas.
Mientras que en las carpetas de investigación por lesiones, las principales víctimas son los baleados en intentos de ejecución.
Estos ataques ocurren prácticamente todos los días en el estado, en Benito Juárez con mayor frecuencia, así como en Solidaridad y Tulum, lamentablemente las agresiones también ocurren frente a turistas y en áreas concurridas.
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