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Dos senadores de Estados Unidos, Bill Hagerty y Tim Kaine, se involucraron en la controversia entre el Gobierno Federal y Calica en Playa del Carmen

Los senadores estadounidenses Bill Hagerty y Tim Kaine, miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de ese país, vuelven a intervenir en el conflicto generado por Calica, al no respetar los términos estipulados en los permisos para la extracción de material.

Los senadores solicitaron al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que detenga las acciones que consideran “dañinas” contra la empresa de capital estadounidense, argumentando que viola los acuerdos establecidos entre ambos países en virtud del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Aseguran que estas acciones ponen en riesgo una relación comercial clave para Estados Unidos.

Es relevante destacar que el Presidente, durante sus conferencias mañaneras, ya había acusado a la empresa de politizar el tema, y ahora se confirma con la intervención de estos representantes del país vecino.

“A través de medidas cada vez más arbitrarias y agresivas contra empresas con sede en los Estados Unidos y sus activos legales en México, el Gobierno mexicano ha abusado de sus poderes reguladores y de permisos de maneras que violan la letra y el espíritu de nuestros acuerdos comerciales, sin mencionar la relación especial que históricamente disfrutamos entre nuestros dos países.

Durante casi dos años, el Presidente López Obrador ha acosado, interferido y obstruido personalmente las operaciones legales de Vulcan en México. Vulcan es una empresa de agregados de construcción con sede en EE. UU., con una fuerte presencia en Tennessee y Virginia. He sido un firme defensor de la reorientación de las cadenas de suministro integradas desde la China comunista a América del Norte… y nuevamente insto al Presidente López Obrador a revertir el rumbo antes de que se produzcan más daños», expresó Hagerty, obviando el hecho de que Calica extrajo material más allá de lo permitido, lo que llevó al cierre por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Además, López Obrador ofreció opciones como la creación de un muelle para cruceros o un parque turístico. Se presentó un estudio sobre los daños ambientales y los impactos en la salud de las comunidades cercanas causados por la actividad minera de Calica.

Es importante señalar que, al firmar acuerdos en los años 80, Calica aceptó que cualquier controversia legal se resolvería exclusivamente en los tribunales mexicanos. No obstante, incumplió este acuerdo al presentar una denuncia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), proceso que continúa y donde el tribunal constató los daños causados por la empresa en julio pasado.

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HS