Confesiones: La complicidad del Estado y los taxistas

El muy lamentable conflicto entre miembros del Sindicato de Taxistas de Cancún y choferes de la plataforma Uber, tiene, por supuesto, muy diversos puntos de vista; sin embargo, hay conceptos que no son de criterio, son de norma y aplicación.

Habría que empezar por decir que sea cual sea el argumento legal que le permite a Uber operar en Quintana Roo, la única forma de combatirlo por parte de quien pueda sentirse afectado es, precisamente, por la misma vía, la legal.

Desafortunadamente, lo que imperó fue la “ley de la selva”, ante una actitud medrosa y hasta temerosa, sobre todo sospechosa de la autoridad, a pesar del grave conflicto que implicaba acciones inmediatas y contundentes, lo que por supuesto no sucedió. No se gobierna a medias, en unas cosas sí y en otras no, según el estado de ánimo.

Gobernar exige imponer la ley, el estado de derecho y en todo caso, fomentar el diálogo que resuelve los problemas; y si eso no es posible, garantizar la estabilidad en lo que la autoridad judicial determina lo conducente.

Claro que, por tratarse de Cancún, la coyuntura cobra dimensión mundial, tanto la salvaje reacción de algunos choferes de taxis en contra de sus rivales, pero también hacia la población local y más aún, con los turistas; como de igual manera la tibia, casi inexistente participación de la autoridad.

De nada sirven los gigantescos esfuerzos de las empresas del sector turístico, los hoteles, los restaurantes y demás prestadores de servicios para otorgarle al visitante una experiencia placentera que los invite a regresar y recomendar el destino.

De muy poco va a ser útil el colosal gasto en promoción, que en su mayoría proviene de la iniciativa privada, para exponer al mundo las bellezas naturales que son nuestro patrimonio, la calidad de la infraestructura y la excelencia del servicio.

De absolutamente nada, si las imágenes que recorren el mundo, principalmente en los lugares de donde proviene el mayor número de nuestros visitantes, son los grotescos enfrentamientos de los taxistas contra los de Uber, maltratando y hasta insultando a los turistas.

No olvidemos que, de suyo, el hecho provocó la “alerta” del Gobierno norteamericano recomendando a sus connacionales no visitar Cancún; incluso refiriendo los bloqueos hacia el Aeropuerto, que de manera muy sarcástica se medio logró resolver, ya que la Policía terminó transportando a los pasajeros.

Pero, bueno, los antecedentes y los hechos los conocemos todos, más que una narrativa al respecto, lo que importa es el análisis de la urgencia de resolver la situación a cambio del terrible daño que puede causar.

Los taxistas pueden, y tienen el derecho de acudir a los Tribunales correspondientes para exponer sus argumentos, y los Jueces tendrán los suyos para conceder o negar, de acuerdo con la Constitución.

Mientras eso sucede, es obligación del Estado mantener la estabilidad y garantizar la seguridad; sin embargo, nada de eso ha pasado, porque para los taxistas pareciera que la única ley que vale es la de ellos, la de un derecho que no se debe olvidar, es una concesión.

Los taxistas y su sindicato, a lo largo de los años se han convertido, además de una fuerza económica considerable, también en un brazo político operativo muy respetable, sin demérito que todos los políticos relevantes del Estado; salvo muy contadas excepciones, son concesionarios y socios del sindicato, empezando por la propia Gobernadora, Mara Lezama.

Visto de esa forma se entendería que exista una complicidad tácita entre autoridad y sindicato para favorecerlos, y ante la imposibilidad del Gobierno estatal de intervenir o modificar el fallo legal que permite la operación de Uber, pues al menos consentir sus tropelías.

Existen sobradas evidencias en video de taxistas cometiendo delitos, en los que se aprecia con claridad la identificación de su número; pero hasta ahora, ninguna concesión ha sido cancelada. Eso es contubernio, no hay otra definición.

Sin embargo, lo que ya va siendo característica del modo de hacer las cosas de este recién estrenado Gobierno, es actuar de acuerdo con sus intereses políticos y, más aún, en el previo de la gran batalla electoral del año siguiente.

Aunque los taxistas no tengan la razón legal, y mucho menos para agredir e imponer sus condiciones en las calles, como si ellos las dominaran, sembrando el miedo y aprovechándose de ello para realizar al amparo de esa misma impunidad cualquier clase de fechorías, el Estado los seguirá cobijando, porque son sus aliados políticos.

La imagen del destino, el eventual decremento en la llegada de visitantes y la consiguiente baja de la derrama económica en todos los sectores, porque en Cancún, materialmente todo está relacionado y depende del turismo, tendrán que esperar; está claro que no son la prioridad.

No para este novel Gobierno, el desarrollo y el crecimiento no son el objetivo primario; de hecho, para sus fines electorales, le conviene más el rezago y la falta de oportunidades, porque entonces los apoyos que reparten se aprecian más, valen doble, y eso, según ellos, eso les genera el número de votos que requieren para mantener el poder.

Independientemente de sus teorías políticas, la Gobernadora juega un riesgo altísimo, lastimando la fuente de ingresos, la “gallina de los huevos de oro”, la estabilidad depende de ello; no proteger la esencia misma que le da sentido a la economía local puede incluso incrementar la inseguridad, que es el tema más importante que aún está en veremos.

A la Gobernadora le haría falta entender mejor cuál es el motor de la dinámica económica de Cancún y la influencia de ésta en casi todo el Estado, sus bases y contrapesos, su intrincado; pero a la vez, muy sencillo proceso de derrama económica.

Que cuando un motor económico preponderante funciona como lo hace el turismo, hay crecimiento, inversión, empleo y que desde ahí se puede enfrentar mejor el flagelo de la inseguridad, que es un pendiente no resuelto; pero claro, eso lo tendría que entender.