Playa del Carmen: Ecocidio de Calica, responsabilidad de políticos

Juan José Calzada Marrufo y Pedro Joaquín Coldwell, el primero como Presidente Municipal de Cozumel y el segundo como Gobernador de Quintana Roo, fueron los primeros en negociar con la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica) para permitir la extracción de roca calcárea del predio denominado “La Rosita” y que actualmente se encuentra clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

A estas primeras negociaciones se sumaron Jorge Martín Angulo y Miguel Borge Martín, Presidente Municipal y Gobernador, respectivamente, para otorgar los permisos; mientras que a nivel Federal, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Daniel Díaz Díaz, en el Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, otorgaba la concesión a esta empresa para la construcción de la terminal de Punta Venado.

Además, estuvo involucrado el entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), Manuel Camacho Solís, quien posteriormente fuera Regente de la Ciudad de México, aspirante a la candidatura a la Presidencia de México, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que obtuvo Luis Donaldo Colosio.

Cabe mencionar que Grupo ICA era en ese entonces, el propietario de los terrenos y se asoció con la empresa estadounidense Vulcans Materials, que al paso del tiempo se quedó con toda la propiedad. ICA, ya entonces, explotaba la mina y lo que hizo la transnacional fue expandir las operaciones.

Para ello, el 4 de marzo del año 1986 creó una sociedad mexicana, con personalidad y patrimonio propios, como quedó constancia en la escritura número 984, volumen 72, otorgada por el Notario Público Número 4, de Cozumel.

Esto se lee en el acuerdo firmado por el Gobierno Federal, a través de la Sedue, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), el Gobierno de Quintana Roo, con Pedro Joaquín Coldwell y Esteban Maqueo Coral, quien era Secretario General de Gobierno; y el Presidente del Consejo Administrativo de Calica, Gilberto Borja Navarrete. El acuerdo se firmó el 6 de agosto del año 1986.

Como se observa en el documento, del cual pocos poseen una copia, como la Presidenta de la asociación ecologista Cielo, Tierra y Mar (Citymar), Guadalupe Álvarez Chulim, el acuerdo fue para explotar una superficie de mil 200 hectáreas, a fin de producir 6 millones de toneladas anuales de piedra triturada y caliza, proyecto al que denominaron “Exportación de Agregados, Quintana Roo, México”.

Posteriormente, el 15 de mayo del año 1987, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en la página 13, la “Concesión que con carácter definitivo otorga el Ejecutivo de la Unión, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la empresa Calizas Industriales del Carmen”.

Dicha concesión quedó registrada bajo el número S.C.T. 4/87, se lee en el primer párrafo, para construir una terminal marítima y donde destaca el cuarto punto de las declaraciones, en las que citan el acuerdo mencionado antes, de agosto del año 1986, donde Calica estaba obligada a construir la dársena y terminal para transbordadores, la cual operaría la SCT.

Firmado el acuerdo y publicada la concesión, Calica tramitó los permisos estatales y municipales, ya con las administraciones de Miguel Borge Martín y Jorge Martín Angulo, dando paso a lo que ha sido calificado por diversas autoridades, incluyendo el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como un ecocidio y que ya fue denunciado ante organismos internacionales.

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NR