Un Juez Federal otorgó un amparo para evitar el derroche de recursos por concepto de “apoyo social” en el Congreso de Quintana Roo, que de acuerdo con datos de Ciudadanos por la Transparencia, el año pasado se derrocharon 93 millones de pesos por ese concepto.
En conferencia de prensa virtual, se informó que el Congreso se está tomando atribuciones que no le corresponden, puesto que su deber es legislar y no repartir insumos a la población, ya que esta es atribución del Gobierno Federal, Estatal o Municipal.
Entre los apoyos sociales que fueron entregados están despensas, láminas, herramientas de trabajo, medicamentos, pago de gastos médicos, estudios médicos especializados, equipos electrónicos y electrodomésticos, herramientas y refacciones automotrices, accesorios y suministros médicos, apoyos a la educación, materiales de construcción, entre otros.
Alejandra Rodríguez, de Ciudadanos por la Transparencia, recordó que se interpusieron cinco amparos, de los cuales en uno el Juez Federal concedió la suspensión definitiva en una audiencia celebrada el 28 de febrero pasado, por lo que están a la espera de la audiencia constitucional.
“Tenemos mucha esperanza en que esta prospere y que lleve la misma línea en curso de la suspensión, creemos que servirá de convicción para los expedientes que todavía no han logrado avanzar”. Dicho amparo radica en el expediente 147/2022 del Juez Noveno de Distrito.
Durante 2021 se ejercieron 75.5 millones de pesos de enero a octubre, pero hubo una ampliación de noviembre a diciembre por más de 17 millones de pesos; sin embargo, la proyección que cerró en el año fue de 92.8 millones de pesos.
“El amparo que presentamos no busca la transparencia en el recurso, sino suprimir esa partida, porque consideramos que el Congreso no tiene siquiera las atribuciones legales para hacer procesos del Ejecutivo, no tiene la capacidad instalada para dar ayudas sociales, por lo tanto todo el recurso que ellos destinen para ayuda social se pulveriza y usa de manera discrecional y no tiene un impacto en la política social del Estado”, dijo Cynthia Dehesa Guzmán, Presidenta ejecutiva de Ciudadanos por la Transparencia.
En ese sentido, precisó que el Congreso de Quintana Roo no tiene facultades para auto aprobarse un recurso destinado a gasto social, “no se impugna el que la Legislatura Local tenga para determinar su presupuesto para sus funciones como órgano legislativo, sino para destinar presupuesto a gasto social, ya que corresponde a la administración pública del Gobierno del Estado”.
El efecto declara inconstitucional ese rubro presupuestal y, por lo tanto, el Gobierno del Estado tendría la posibilidad de modificar el recurso que quedaría disponible sea reencausado hacia gasto social y de esta manera la posibilidad que aumente el presupuesto destinado a pueblos indígenas, pueblo maya, mujeres, cuestiones de género, jóvenes, salud y educación.
“Se busca que este presupuesto lo canalicen a través del Gobernador de la administración pública, que sea un presupuesto y gasto fiscalizable, auditable, que se maneja por reglas de operación”, indicó José Roldán Xopa, de Ciudadanos por la Transparencia.
Asimismo, se precisó que el recurso sí se puede fiscalizar porque es público; sin embargo, debe supervisarse que no se destine a problemáticas individuales.
“El problema es que no nos lleva hacer (la fiscalización) un análisis riguroso de uso del presupuesto y que la propia partida es discrecional por el simple hecho de que está orientada a unos fines que no les corresponde al Congreso de Quintana Roo”, puntualizó José Roldán Xopa.
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CG