Gobierno de Quintana Roo hace acuerdo con ejidatarios de Juan Sarabia
Los integrantes del Ejido Juan Sarabia llegaron a un acuerdo satisfactorio por la enajenación de más de 80 hectáreas tras intervención del Gobierno del Estado de Quintana Roo para lograr evitar un conflicto social
El Gobierno del Estado de Quintana Roo tuvo que intervenir para llegar a un acuerdo satisfactorio con los integrantes del Ejido Juan Sarabia y evitar un conflicto social. En dicho acuerdo se estableció que los comuneros admitirían el avalúo realizado por el Gobierno Federal, por lo que este mismo día recibieron sus cheques por la enajenación de más de 80 hectáreas.
Los comuneros agradecieron la intervención de las autoridades estatales ante el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se les pague de manera directa los recursos a cada uno, pues desconfiaban de la directiva ejidal, que pretendía que se le pagara a ellos el total, para luego dispersarlo a los comuneros.
El Gobierno del Estado también gestionó un incremento del pago de 144 a 170 pesos por metro cuadrado; y el aumento de 75 a 85 hectáreas, lo que representa un incremento en el monto que cobrarán, puesto que cada uno de ellos recibirá un cheque por 244 mil pesos.
“Agradecemos la intervención de la Gobernadora para que no quedemos marginados de este beneficio que nos corresponde y que por un grupo de vivales identificados como priistas estuvieron a punto de ser expropiadas nuestras tierras”, señaló uno de los parcelarios.
Ratificaron que desde un principio apoyaron el Proyecto Federal, pero personajes que calificaron de corruptos, como Ernesto Haro Gutiérrez, Marcos Jiménez Potenciano, Fidel Guillén, Israel Radilla, Germán Parra López y Pedro Flota Alcocer, se unieron para frenar el proyecto del Tren Maya en ese ejido.
Los ejidatarios expresaron que recibieron amenazas de la directiva ejidal encabezada por Marcos Jiménez Potenciano, quien en reiteradas ocasiones les aseguró que no recibirían el pago de sus tierras por el paso del Tren Maya hasta que retiren las demandas interpuestas para recuperar el 10 por ciento por indemnización de la carretera que la misma directiva ejidal les descontó hace siete años a los parcelarios de manera injustificada.
No obstante, los representantes de Fonatur y Sedatu afirmaron que no tiene ninguna relación ambas situaciones y las denuncias pueden seguir su curso, porque el pago es directo a cada uno de los ejidatarios para evitar fraudes de este tipo.
En la Asamblea realizada este domingo, este grupo de ex priistas terminaron por renunciar al boicot y aceptaron las condiciones de las autoridades federales.
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NR
