Colectivo de Búsqueda propone la creación de la Comisión de la Verdad en el Congreso de Q.Roo

Corrupción, omisión, impunidad, falta de seguimiento de protocolos, y elementos de la Policía Ministerial involucrados, es lo que arrojan las investigaciones de las desapariciones en Quintana Roo de 23 hombres y siete mujeres, hijos de las integrantes del colectivo 'Verdad, Memoria y Justicia', afirmó Oswaldo Antonio Chávez Wiarco, investigador criminal y asesor del grupo para los casos antes mencionados.

Entrevistado en exclusiva, Chávez Wiarco aseguró a Por Esto! que un buen número de expedientes arrojan la participación de la Policía Ministerial de Cancún, en las desapariciones, y aseveró que además de no cumplir con los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas, hay una responsabilidad grave por omisión por parte de la Fiscalía General del Estado, en especial de su cabeza, Óscar Montes de Oca Rosales.

El investigador refirió que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, es parte del problema por no aplicar las mecánicas y estrategias de búsqueda adecuadas.

Chávez Wiarco, quien asesora y acompaña en su tarea a las 30 madres de los desaparecidos, y que estuvo presente en las reuniones que el miércoles y jueves pasados sostuvieron las integrantes de “Verdad, Memoria y Justicia” con Diputados en el Congreso de Quintana Roo, para formalizar una Comisión de la Verdad, que llame a cuentas a las autoridades que presuntamente han incumplido su labor y entre quienes existe la sospecha de que hay incluso algunos involucrados.

“Lo importante aquí, es resaltar que no hay pretextos para la autoridad, porque si bien no es la única responsable de promover la seguridad y las labores de prevención, es en Quintana Roo, la que las entorpece en general; hoy por hoy, con un empoderamiento de la sociedad a nivel global y esta nueva gobernanza, un servidor ha trabajado desde hace muchos años con varias organizaciones civiles”.

Dijo que en 2018, en coordinación con la Red por la Equidad y los Derechos Humanos, se diseñó un programa de seguridad pública municipal, que se presentó a los municipios y al Gobierno Estatal, y que no han querido adoptar, porque el proyecto habla de un verdadero combate a la corrupción, y entonces es sencillo, porque cuando se combate la corrupción no hay cabida a que ellos apliquen el programa que va contra esa”, remarcó.

Se refirió respecto al trabajo de investigación y solución del caso que se sigue con “Verdad, Memoria y Justicia”, como “muy complicado, porque está plagado de anomalías desde la investigación, la elaboración de las carpetas de investigación y la omisión que parece habitual, por parte de la Fiscalía”, y agregó que al parecer la instrucción del nuevo Gobierno Estatal, es dar agilidad y evitar mayores dilaciones en los procesos, y señaló que aunque no hay plena confianza, las integrantes del colectivo decidieron darle un voto de confianza a Mara Lezama y su Administración.

“No existe mayor confianza y es entendible; son muchos los errores y omisiones de una autoridad que ha incumplido con todos los protocolos, y por tanto, aunque no hay la seguridad de que eso cambiará, daremos ese voto de confianza, y será responsabilidad de las autoridades, comenzar a cumplir y a trabajar”, externó.

Cuestionado sobre hasta dónde llega la omisión o incumplimiento de las instancias avocadas al tema, enumeró todas las fallas que son evidentes para quienes conocen de preceptos y estrategias en casos de desaparición de personas, y además destacó que el responsable con mayor incidencia en los retrasos y las dilaciones, así como las omisiones, es el Fiscal General de Quintana Roo, porque su cargo “le exige algo que desde que llegó no ha cumplido”.

“La Comisión de la Verdad que acordamos con el Congreso del Estado, es para presionar a la FGE, a la Comisión Estatal de Búsqueda, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (Ceaveqroo) y a la Comisión de los Derechos Humanos, que son las instituciones vinculadas directamente en el tema de personas desaparecidas, y que no han hecho mucho, principalmente la Fiscalía, que ha dejado en estado de indefensión a las víctimas indirectas, las carpetas de investigación no están completamente integradas, porque dicen que tienen falta de presupuesto, y aunque el presupuesto no es suficiente, ese no es pretexto.

Además, estigmatizan como parte de sus errores; no se le puede decir a quien está denunciando la desaparición de un hijo o una hija, que seguramente escapó y que se espere unos días o al menos 24 horas para iniciar una investigación; así la insensibilidad en la FGE, y esas horas son esenciales y parte de los protocolos para personas desaparecidas que incumple, entre otros muchos”, afirmó.

Acerca del trabajo que en coordinación debieran hacer la FGE Quintana Roo y la Comisión Estatal de Búsqueda, y que es marcada como primera prioridad en los protocolos para hallar a personas desaparecidas, que al no llevarse a cabo, indica una omisión grave y que puede ser llamada complicidad, sea intencional o no, es que:

“Aun cuando haya indicios de que la desaparición puede obedecer a una ausencia voluntaria, la autoridad está obligada a realizar acciones de búsqueda y localización, con la finalidad de hacerse llegar de una prueba de vida, como un video en el que la persona explique que es su voluntad salirse del vínculo familiar por las razones que esa exponga, y ya con eso se acredita que la persona está a salvo, pero eso no lo hacen ni Fiscalía ni Comisión de Búsqueda en la Entidad”, detalló.

Cuestionado sobre la carga de responsabilidad que tienen las instancias mencionadas, y quiénes y por qué son los principales funcionarios a llamar a cuentas, Chávez Wiarco señaló a la Fiscalía, porque a pesar de la pretensión de justificarse con falta de personal, la carencia mayor es una que si puede llevarse a cabo y no se ha realizado.

La falta de capacitación es un tema a resaltar en el área de especialización de desaparecidos y no está certificada, cuando a nivel nacional ya todas las unidades de investigación y búsqueda de personas lo están, lo que es otra omisión sustancial por parte de la dependencia, “con un personal ministerial, pericial y policial de la Fiscalía General del Estado que no cumple”.

“Lamentablemente, aseveró el investigador criminal, el principal responsable es el Fiscal Óscar montes de Oca Rosales, quien debería impulsar y obligar a que estás unidades estén certificadas y capacitadas; en todas las instancias se deben hacer priorizaciones de acción; sin embargo, el tema de desaparición de personas a nivel nacional ya está clasificado como primordial, y se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación una modificación a la ley en materia de desaparición forzada de personas, que ya indican que esos delitos de desaparición forzada o cometidos por personas particulares, son ya catalogados delitos de Lesa Humanidad”, detalló.

Consideró que no debe haber duda, es la Fiscalía General de Quintana Roo y sus elementos, quienes deben ser llamados a cuentas y exigidos, porque hay probabilidad de que sean parte del mal que hoy significa la desaparición de personas en Quintana Roo.

Agregó que “este tema debe por obligación ser prioritario, y Montes de Oca ha incumplido, y de las carpetas de investigación que hemos revisado, hay muchas en las que está completamente evidenciada la participación de elementos de la Policía Ministerial, que son los que han estado realizando las desapariciones; entonces ¿Hay desaparición forzada en el Estado? Por supuesto que la hay, y los dirigidos por el Fiscal, son según las investigaciones que se han llevado a cabo”.

Dijo que claramente la evidencia los apunta, y no hacen nada porque es apuntarse a sí mismos, y por eso las carpetas de investigación están entorpecidas, y eso no es sólo corrupción y complicidad por omisión, si no, complicidad premeditada, y en ese sentido, ya solicitaron la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), porque de acuerdo al protocolo homologado de búsqueda, que habla de que cuando las instituciones de procuración de justicia están implicadas en este tipos de acciones, es la FGR la que deberá asumir la responsabilidad de la investigación, y aquí es grave, porque hay carpetas hasta de cuatro años inactivas, finalizó.

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CG