Carlos Joaquín favorece a empresas con contratos directos por más de 102 mdp
Según el propio informe de Carlos Joaquín, se indicó que en el último año, se registraron 60% de contratos directos, que generaron un desembolso de más de 102 millones de pesos del erario público
De acuerdo con el anexo estadístico del Quinto Informe de Gobierno de Carlos Joaquín, durante el último año el mayor número de contratos de adquisiciones fueron por adjudicación directa, 26 de 43, que suman 102 millones 706 mil pesos.
El cuadro 3.16.2961, referente a los contratos por adquisiciones gubernamentales, que comprende de julio de 2020 a junio de 2021, indica que se realizaron 43 adquisiciones por un monto de 328 millones 84 mil pesos.
De esta cifra, 26 contratos, es decir, el 60 por ciento, fueron por asignación directa, por un monto de 102 millones 706 mil pesos.
En el lapso mencionado sólo un contrato fue por invitación a cuando menos tres personas por 748 mil pesos.
Finalmente, en el caso de licitaciones públicas durante el último año fueron 16 contratos entregados por un monto de 224 millones 630 mil pesos.
Según el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), las adquisiciones por adjudicación directa representan menor transparencia y riesgo de incumplimiento de la ley.
Cabe recordar que esto no es más que el reflejo del gasto público de la presente administración, siendo que como ejemplo está que tan sólo durante 2018, la Secretaría de la Contraloría de Quintana Roo (Secoes) firmó por asignación directa 44 contratos por un monto de alrededor de 140 millones de pesos.
Entre estos contratos figuran comercializadoras favorecidas con millones de pesos, por sólo revisar capítulos de gasto de dependencias o contratos, lo que es una muestra de inconsistencias, aunque el personal de la dependencia podría realizar esos trabajos sin necesidad de que se realizaran tales erogaciones.
Ejemplo de este enorme gasto es el contrato en favor de la empresa Expertos en Control Interno, Ética y Cumplimiento SA de CV, por la prestación de servicios profesionales de consultoría para la implementación de un sistema de control interno en procesos transversales y críticos en el Gobierno de Quintana Roo, por la cantidad de 27 millones 130 mil 788 pesos.
Aunque la dependencia es la encargada de hacer auditorías de las instancias gubernamentales, entregó contratos millonarios a comercializadoras, como el registrado como SECOES-AD-923011964-N15-2018, en favor de la Comercializadora Ruecsa S de RL de CV, que recibió 3 millones 840 mil 145 pesos por la revisión al ejercicio de recursos para productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio al organismo descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo.
La Secretaría de la Contraloría del Estado también pagó a una comercializadora la cantidad de 2 millones 274 mil pesos por el servicio de revisión de un contrato de arrendamiento de vehículos de la Oficialía Mayor, a pesar de tratarse de una dependencia que tiene el personal especializado para realizar este tipo de revisiones.
De hecho, en ese ejercicio el Gobierno de Carlos Joaquín González pagó 13 millones 920 mil pesos por la cacería a los exfuncionarios y recuperación de recursos y bienes patrimonio del Estado.
En 2018, la Secretaría de la Contraloría, que encabeza Rafael del Pozo Dergal, signó el contrato SECOES-AD-923011964-N1-2018 en favor de José Antonio García Alcocer y Asociados SC, por asesoría legal especializada y patrocinio, consistente en proceso de investigación, supervisión, ejecución, estrategias y prácticas para la recuperación de los recursos económicos, activos y otros bienes muebles e inmuebles sustraídos del erario durante el periodo 2011-2016. El contrato fue por un monto de 13 millones 920 mil pesos por la vía de la asignación directa.
No obstante, la mayoría de los exfuncionarios se encuentran en libertad, siendo que a pesar de los millonarios gastos en asesoría legal, la mala integración de los expedientes o irregularidades en los procedimientos permitieron que los funcionarios que desfilaron por los tribunales estén prácticamente todos en sus domicilios.
Cabe mencionar que Rafael del Pozo Dergal en el discurso manifiesta que la Secoes es la dependencia más transparente de Quintana Roo, pero no ha sabido informar sobre recursos destinados a despachos externos o empresas que tienen que ser contratadas para las investigaciones contables y asesorías legales.
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CG
