Congreso del Estado pide a la FGE resolver casos de extorsión en Quintana Roo

De acuerdo con cifras estadísticas del Semáforo Delictivo Nacional del 2019 a 2020 existió un incremento del 26% de la comisión del delito de extorsión
domingo, 8 de agosto de 2021 · 14:33

La Comisión Permanente de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo dio lectura y turnó a comisiones para su análisis, una propuesta del punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado para que, las carpetas de investigación relacionadas con el delito de extorsión se integren debidamente y no sean turnadas a la Federación, pues dicho delito puede ser sancionado en la Entidad. 

De acuerdo con cifras estadísticas del Semáforo Delictivo Nacional del 2019 a 2020 existió un incremento del 26% de la comisión del delito de extorsión. 

Para evitar posibles obstrucciones o dilaciones en el acceso al derecho a una impartición y procuración de justicia pronta y expedita de las víctimas del delito de extorsión. La propuesta detalla que gran parte de las denuncias que se presentan por el presunto delito de extorsión o por “derecho de piso”, son enviadas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por considerar que concurren elementos como la portación de armas y drogas.

Al ser integradas de esta manera la SEIDO dedica un tiempo procesal considerable, el cual es desperdiciado pues al determinar que el delito de extorsión denunciado no reúne los elementos para ser considerada delincuencia organizada y así ser perseguida por la Fiscalía General de la República, la SEIDO devuelve la carpeta de investigación para su desahogo conducente al Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

“Necesitamos que esas carpetas se integren aquí en Quintana Roo y puedan tener un seguimiento puntual, por eso estamos haciendo el exhorto porque muchas veces se hace por desconocimiento, así que queremos que se integren las carpetas de delito de extorsión aquí, que persigamos a los que están haciendo el cobro de derecho de piso aquí, y que seamos los quintanarroenses los que asumamos nuestra responsabilidad”, agregó el diputado Gustavo Miranda García, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Político quien promueve el acuerdo. 

Miranda García, también  hizo un llamado al Senado de la República para trabajar en una agenda legislativa conjunta que permita la recuperación de la paz de las familias mexicanas y quintanarroenses, acorde a la cruzada nacional que encabeza el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Miranda García agregó que, derivado de la crisis de inseguridad que ha golpeado a Quintana Roo, se ha hecho una afrenta institucional en contra de los delitos que más vulneran la integridad y el patrimonio de los quintanarroenses, tal es el caso del delito de extorsión, mejor conocido como “cobro de derecho de piso”, una de las conductas antijurídicas que atentan contra la tranquilidad, la seguridad y el patrimonio de las familias quintanarroenses.

De acuerdo con cifras y estadísticas del Semáforo Delictivo Nacional, de 2019 a 2020 existió un incremento del 26 por ciento de la comisión del delito de extorsión. “Apelamos a la suma de voluntades para que, desde el Senado de la República, se le brinde el acompañamiento a este impulso que desde Quintana Roo venimos pugnando, en el marco de la construcción de una agenda en común que nos lleve a recuperar la paz y la tranquilidad que se nos ha ido arrebatando, los tres órdenes de gobierno nos encontramos comprometidos en garantizar la salvaguarda de la seguridad pública como pilar de la construcción del México y Quintana Roo que merecemos”

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Reveló que para este 2021 el panorama es aún más desolador, puesto que Quintana Roo actualmente es el doceavo estado con más casos reportados de extorsión en toda la República Mexicana y su incidencia delictiva como la octava más alta, cifras que no son un reflejo fehaciente de la realidad vivida a diario por los quintanarroenses, ya que muchos, por temor a represalias o por su desconfianza en las instituciones por el pensamiento generalizado de que no pasará nada y el caso quedará impune, no acuden a realizar su denuncia.

Entre las acciones que se proponen por los integrantes de la XVI Legislatura se encuentran, aumentar hasta en un tercio las penas establecidas por las diferentes causales del delito de extorsión, añadir dos supuestos jurídicos como causales de extorsión, donde quienes se ostenten como miembros del crimen organizado al cometer el ilícito, serán los mismos que se buscarán para la aplicación de la pena máxima y quienes trabajen en instituciones que manejen datos personales y se valgan de su puesto para cometer extorsión y aumentar la pena a quienes utilicen medios electrónicos para cometer el ilícito.

JCL