FGR clausura planta de Calica en Playa del Carmen por presunto daño ambiental
La Profepa inició un procedimiento sancionador contra Calica en 2017 por supuestas irregularidades en la explotación de material de piedra caliza en la Riviera Maya
Por posibles daños ambientales, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró la planta Sac Tun en Playa del Carmen, mejor conocida como Calizas Industriales del Carmen (Calica), en un operativo que se llevó bajo hermetismo.
Esto ocurrió la semana pasada, cuando personal proveniente de la Ciudad de México llegó a las instalaciones de la empresa de capital estadounidense, en seguimiento a las acciones emprendidas desde 2017, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) verificó la extracción de material; en enero de 2018 esa instancia colocó sellos de clausura en el área, por rebasar la superficie de explotación.
Querella internacional
A la par de estas acciones por parte de las autoridades mexicanas, a nivel internacional continúa, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (ICSID, por sus siglas en inglés) el juicio que promovió Legacy Vulcan -filial de Calica-, por este procedimiento administrativo que inició la Profepa al clausurarle las obras, bajo el argumento de que afectan sus inversiones y les impiden explotar un terreno para el cual supuestamente ya contaban con permisos.
Derivado de las inspecciones, el análisis de las actas levantadas y las pruebas documentales en su expediente, la Profepa inició el procedimiento administrativo contra Calica por presunto incumplimiento a los términos Primero, Cuarto, Sexto, Décimo primero y Décimo segundo de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Así que por no contar con la validación de la Profepa respecto al cumplimiento de condicionantes, la compañía no ha podido prorrogar su MIA, la cual venció en noviembre de 2020; sin embargo, continuó operando su planta y extrayendo material pétreo por debajo del manto freático.
Además, se le impuso una multa por 7 millones 985 mil 053.92 pesos, que tampoco cubrió y por eso demandó ante el ICSID al gobierno mexicano, reclamando una indemnización por más de mil 500 millones de dólares.
En julio pasado, la Fiscalía ya había visitado el lugar y ahora trascendió este aseguramiento, aunque las autoridades no confirman aún si hay ejecutivos de la empresa detenidos por posibles daños ambientales.
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CG
