Congreso de Quintana Roo fija plazo para aplicar revocación de mandato

Presentan iniciativa para reformar la Ley de Los Municipios de Quintana Roo, relativo a los tiempos del proceso de revocación del mandato, para tener tiempos claros, ya que se carece de plazos legales debidamente establecidos en la Ley.

La iniciativa fue presentada por el diputado Edgar Gasca Arceo, con el objetivo de que no prevalezca el vacío legal, en el procedimiento de la solicitud de revocación o suspensión del mandato.  

La iniciativa en cuestión, propone que una vez presentada la solicitud de suspensión o revocación de mandato ante la XVI Legislatura en turno, esta deberá ser ratificada dentro de los tres días hábiles siguientes.

Una vez ratificada será turnada en un plazo no mayor a siete días, junto con la documentación que la acompañe a la Comisión de Justicia del Congreso del Estado para que, en un término máximo de veinte días, esta califique los requisitos de procedencia.

“En virtud de la falta de plazos específicos en la ley, no fue posible procesar debidamente una solicitud de revocación de mandato puesta a la consideración del Congreso de Quintana Roo, pues el funcionario denunciado habrá terminado su período constitucional sin que la XVI Legislatura haya emitido un pronunciamiento definitivo, lo cual constituye una violación a la correcta administración y atención de los asuntos que corresponden a la Legislatura. Por eso es importante que los ciudadanos cuenten con verdaderos procedimientos de rendición de cuentas de sus autoridades”, manifestó el diputado.

De tal manera, la iniciativa busca evitar la impunidad en este tipo de procedimientos, poniendo de ejemplo el caso de Josué Nivardo Mena Villanueva, en su calidad de Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas para la administración 2018-2021, quien a pesar de haber sido denunciado desde el 16 de agosto de 2019, pasó dos años y medio para que la Comisión de Justicia aprobara el dictamen de procedencia de dicha denuncia, cuando ya está por terminar el período del mandato del funcionario denunciado.

“El establecimiento claro de plazos será en beneficio y para certeza de las partes involucradas, sea el denunciante, el funcionario acusado y la Comisión como encargada del trámite de dicho procedimiento”, señaló Edgar Gasca.

El también Presidente de la Comisión de Salud indicó que la ley, actualmente presenta un vacío legal al no tener plazos establecidos y debidamente definidos en lo que respecta al procedimiento de solicitud de revocación o suspensión de mandato, lo cual pone en peligro el derecho a una legítima defensa por parte de los denunciados, aunado a la inseguridad jurídica que representa para la Legislatura al momento de la aplicación de la ley en un proceso de este tipo, pero sin tener certeza de tiempos ni reglas claras.

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CG