Gobierno de Carlos Joaquín 'solapa' a 15 exfuncionarios borgistas corruptos en Quintana Roo

“Quien la hace la paga” y “Caiga quien caiga”, fueron las frases con las que el Gobernador Carlos Joaquín impulsó su campaña para ser electo, durante ese periodo prometió la persecución legal de exfuncionarios que endeudaron a Quintan Roo. 

“Vivíamos el peor de los escenarios: quienes debían servir a la sociedad se evidenciaron por su corrupción, falta de transparencia e impunidad”, subrayó Carlos Joaquín en su discurso al asumir el poder, el 26 de septiembre de 2016.

El resultado respecto a concluir su quinto año de gobierno es negativo, ya que, tras promover procesos penales contra 15 integrantes del gabinete anterior, éstos han logrado librar la cárcel por prescripción de delitos, amparos y por reparación del daño, funcionarios de su gobierno evaden sanciones severas y las denuncias de servidores públicos van al alza, con 288 en lo que va del año, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

A la fecha son cuatro los exfuncionarios que llevan su proceso en libertad, dos que han sido absueltos, nueve han logrado quedar libres por prescripción del delito o resarcimiento de los daños.

Fue el 5 de mayo del 2017 cuando inició la persecución contra funcionarios de la pasada administración estatal por el delito de peculado y daño a las finanzas del estado, y las detenciones comenzaron a presentarse.

El primero en ser detenido, el 5 de mayo de 2017, fue Mauricio Rodríguez Marrufo, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, por el presunto desempeño irregular de la función pública y un daño patrimonial por 39 millones de pesos; tras pagar la reparación de daños, obtuvo su libertad.

Paulina García Achach, tras desempeñarse como subsecretaria de la Seduvi, fue aprehendida el 8 de mayo del 2017, acusada de desempeño irregular de la función pública. Tras conseguir varios amparos, el 7 de marzo de 2019 fue absuelta, luego de que un juez de control dictó el sobreseimiento de su carpeta de investigación, al no encontrar elementos para inculparla.

El exdirector de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos SA (Saesa), Carlos Acosta Gutiérrez, fue detenido en Chetumal el 4 de julio de 2017, por el delito de desempeño irregular de la función pública, según denuncia interpuesta y abierta en el expediente 151/2017. Sin embargo, el 1 de febrero de 2019 fue absuelto, luego de que el juez sexto de distrito determinó la prescripción de la acción penal, al considerar que es un delito de naturaleza instantánea, no continuado.

El 3 de septiembre de 2017 fue detenido Víctor Hugo Loyola Corona, exprocurador fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, acusado de desempeño irregular de la función pública, como parte del caso VIP Saesa, pero quedó en libertad tras quedar sin efecto su vinculación a proceso por orden del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.

El 27 de noviembre de 2017, el exdirector general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Roosevelt Ercé Barrón Barrera, fue detenido por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desempeño irregular de la función pública, pero fue puesto en libertad y abandonó el Centro de Reinserción Social de Chetumal (Cereso) el 18 de enero de 2018, luego de que un juez federal resolvió que la FGE violó una suspensión definitiva decretada en un juicio de amparo que protegía al exfuncionario al momento de su detención.

Ana Alicia Rivera Galera, exdirectora de recursos financieros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), fue capturada el 28 de noviembre de 2017. Se le acusó del delito de peculado. No obstante, la exfuncionaria obtuvo el resguardo domiciliario en abril de 2018 y, mediante amparo, fue puesta en libertad el 17 de febrero de 2020, luego de que un Tribunal Colegiado de Distrito revocó el auto de vinculación a proceso.

El 3 de enero de 2018, fue detenida Paula González Cetina, exdirectora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), por peculado y mal uso de los recursos públicos. El 15 de febrero de 2019 se le declaró culpable del delito de peculado, por un mil 55 millones de pesos y se le impuso una pena de tres años con 11 meses de prisión.

Sin embargo, el 25 de junio del 2020, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito le concedió un amparo directo, ordenando que se deje insubsistente la sentencia dictada y emita una nueva resolución del caso, por lo que obtuvo su libertad y abandonó la prisión domiciliaria dictada desde 2018.

González Cetina ganó el amparo, toda vez que no se configuró el delito de peculado, ya que el dinero que presuntamente desvió quedó siempre en las arcas del Gobierno de de Quintana Roo.

El 20 de enero de 2018, fue capturado Gabriel Mendicuti Loría, exsecretario de Gobierno, al cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra por el delito de desempeño irregular de la función pública, en agravio al patrimonio del estado y daño por 534 millones de pesos. El exsecretario de Gobierno se vio involucrado en el caso VIP Saesa, fue vinculado a proceso y se le decretó prisión preventiva justificada; sin embargo, el 19 de febrero de 2019 obtuvo su libertad inmediata, luego de que un juez de control otorgó el sobreseimiento de su caso. Durante el pasado proceso electoral participó como candidato a la presidencia municipal de Solidaridad, postulado por Fuerza por México.

El 25 de enero del 2018 fue aprehendido, en la Ciudad de México, Mauricio Góngora Escalante, exsecretario de Finanzas y expresidente municipal de Solidaridad. Al también excandidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante la contienda electoral en la que Carlos Joaquín González se alzó con la victoria, se le imputaron los delitos de desempeño irregular de la función pública, peculado por el supuesto desvío de 155 millones de pesos, se le señaló de presuntamente endeudar al municipio de Solidaridad por 594 millones de pesos y también se le involucró en el caso VIP Saesa, aunque de este último ya quedó libre de toda acusación.

Mauricio Góngora es de los pocos exfuncionarios de la pasada administración que aún sigue su proceso, aunque ahora lo hace en libertad, luego de que el 8 de agosto de 2020 obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria y fue enviado a su casa.

El 18 de agosto del 2018, Mario Castro Basto, exsecretario de Infraestructura y Transporte, fue aprehendido por peculado. No obstante, salió libre el 13 de diciembre de 2018 por orden de un juez federal, quien determinó que el delito del que se le acusaba había prescrito.

El 20 de febrero del 2019 fue detenido, en Belice, Gonzalo Herrera Castillo, extitular de la entonces Secretaría de la Gestión Pública de Quintana Roo, por estar involucrado en el caso VIP Saesa. No obstante, el exsecretario de la Gestión Pública tiene la ciudadanía beliceña y no puede ser deportado. La defensa de Herrera Castillo ha solicitado a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (Feccqroo), a cargo de Rosaura Villanueva Arzapalo, que cancele la orden de aprehensión contra su cliente, debido a que el delito del que se le acusa ya está prescrito.

El 22 de febrero de 2020 fue detenido en esta ciudad capital Raúl Labastida Mendoza, exconsejero jurídico del gobierno de Roberto Borge, acusado y vinculado a proceso por el delito de peculado por 187 mil 900 pesos. Sin embargo, 24 horas después logró librar la cárcel, luego de que un juez de control le impuso como medidas cautelares el embargo de un vehículo, el 75 por ciento de las acciones de la empresa Sociedad Mercantil Industrializadora Maderera de Quintana Roo, además de tener que presentarse a firmar cada día 15 y 30 de cada mes durante dos años.

El pasado 19 de marzo del 2020, se vinculó a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública a Jorge Eugenio Acevedo Marín y a Gerardo Vázquez Handall, exdirector general y exdirector administrativo del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), respectivamente. Los exfuncionarios están implicados en la “estafa maestra”, son acusados por un daño al patrimonio de 743 millones 804 mil 052 pesos y 68 centavos, recurso que proviene de la federación; sin embargo, llevan su proceso en libertad con medidas cautelares como la aplicación de localizador electrónico, prohibición de salir del país y la obligación de presentarse cada mes ante la autoridad correspondiente.

El 11 de agosto de 2020, fue detenido José Alejandro Marrufo Roldán, exsecretario de Finanzas, por el delito de peculado. No obstante, el extesorero de la administración de Roberto Borge Angulo quedó en libertad a menos de 24 horas de haber sido aprehendido, porque su detención fue ilegal, toda vez que gozaba de un amparo de la justicia federal. Lo anterior representa un nuevo revés para la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, pues los fiscales anticorrupción solicitaron una nueva orden de aprehensión, pero les fue negada, aunque esto no le exime del proceso que enfrenta por el supuesto delito antes mencionado.

Sus funcionarios tampoco 'pagan'

El exoficial mayor del Gobernador Carlos Joaquín González, Manuel Alamilla Ceballos, fue señalado, en 2017, por entregar de manera irregular un contrato a la empresa poblana Adicon SA de CV, para la confección de 222 mil kits de uniformes por un monto de 104 millones de pesos, a pesar de que no contaba con experiencia comprobable en maquila de textiles ni oficinas físicas. El funcionario dejó pasar las anomalías al firmar el acuerdo, del cual marginó a empresarios locales al asegurar que no tenían la capacidad para cumplir con el pedido.

Sin embargo, la empresa licitadora incumplió con la entrega de los uniformes en tiempo y forma.

La investigación de la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes) concluyó que el contrato OM/DGA/DRM/DCP/LP/47/2017 firmado entre la Oficialía Mayor y Comercializadora Adicón SA de CV, en fecha 31 de julio de 2017, presentó modificaciones respecto de la licitación, que favorecieron a la empresa poblana en cuanto a la ampliación del periodo de entrega de los uniformes, la forma de pago y la aplicación de la pena convencional para el caso de incumplimiento: “(el contrato) refleja el instrumento material por el cual se favorece a la empresa proveedora ganadora del fallo, ya que se aprecian de manera literal ajustes en las cláusulas analizadas, tendentes a extender los efectos de la fecha de entrega de los bienes y el plazo de actualización de las penas convencionales por mora en la entrega de los bienes y del objeto de ayuda social al que estaban destinados”, señala el resolutivo del procedimiento administrativo. 

La Secoes sólo estableció sanciones severas para el empleado de más bajo nivel de todos los implicados, resolviendo así, para el oficial mayor, Manuel Alamilla Ceballos, una “amonestación privada”; para el director general de administración, José Manuel González Acosta, una suspensión por 15 días; y para Edwin Azmir Díaz Tello, director de Recursos Materiales, una inhabilitación por seis meses para ocupar cualquier cargo público, así como la destitución del cargo.

El 8 de enero de 2018, Juan Manuel Melquiades Vergara dejó su cargo en el gobierno de Carlos Joaquín González, y siete días después se registró como precandidato a diputado federal por el Distrito 03 estatal, abanderado por el PRD.

Sin embargo, el 2 de febrero del mismo año, fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con la desaparecida Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la indagatoria inició en septiembre de 2017, a raíz de una denuncia presentada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante el Ministerio Público de la Federación.

Se acusó al exfuncionario de ser uno de los beneficiarios finales de un esquema de lavado de dinero; Vergara Fernández habría recibido en el año 2015 más de 50 millones de pesos de procedencia aparentemente ilícita.

El acusado enfrentó su proceso en libertad, ya que el delito que habría cometido no era tipificado como grave.

El juez de control le dictó en ese entonces medidas cautelares al imputado consistentes en el pago de una garantía económica, presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares del Poder Judicial de la Federación y evitar salir del país. 
A pesar de estos hechos, ninguno de los exfuncionarios de la administración de Roberto Borge tuvo consecuencias mayores por sus actos.

Aumentan denuncias contra funcionarios

Hasta junio del presente año, 288 personas servidoras públicas de Quintana Roo incurrieron en algún delito; esta cifra representa 14% por ciento más que lo que se registró en 2020, cuando, en el mismo periodo, iban 251 denuncias contra funcionarios. Así lo reflejan datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, junio de 2021 es el mes con más casos reportados ante la Fiscalía General del Estado, con 47 denuncias.

Desde septiembre de 2016, al inicio de la administración de Carlos Joaquín González, se han registrado 877 casos de este tipo de irregularidades, de los cuales el 93 por ciento de las denuncias se ha realizado entre 2020 y en los primeros seis meses de 2021.

Aunque las estadísticas del SESNSP no especifican cuántos de estos funcionarios denunciados pertenecen al Gobierno estatal, todos ellos estaban al frente del servicio de administración pública de alguno de los tres órdenes al momento de ser fichados.

Aunque son cada vez más los reportes de corrupción, desde 2015 en Quintana Roo no hay casos de inhabilitaciones en el Registro de Servidores Públicos Sancionados.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que, a juicio del Tribunal, podrán ser impuestas la suspensión del empleo, cargo o comisión; si la falta administrativa grave excede de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), se procederá a inhabilitar al funcionario de diez a veinte años.

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De 2005 a 2015 se tienen 23 procesos de inhabilitación a 19 funcionarios, algunos han recibido más de uno, por acusaciones que van desde el abuso de la autoridad, negligencia administrativa y violación a leyes y normativas presupuestales. La suspensión para ejercer la función pública por 10 años es el castigo más común, con 11 casos, seguido de la de 20 años, con cinco casos. Durante el periodo de Carlos Joaquín González no se tiene registro de sanciones como éstas.

(Con información de José Ramos).

CG