SCT Quintana Roo, una década de irregularidades en obras

Entrega contratos a empresas foráneas que dejan trabajos inconclusos y con materiales de baja calidad
jueves, 15 de julio de 2021 · 11:57

Suma prácticamente una década de constantes irregularidades en el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de Quintana Roo, que recientemente fue exhibida por simular procesos de licitación abiertos, y que finalmente entrega contratos millonarios a empresas foráneas.

Para muestra de ello se exponen algunos de los casos más representativos:

En septiembre del 2012 este medio informativo denunció a empresas constructoras duranguenses cometiendo irregularidades en los millonarios contratos que recibían de la SCT en Quintana Roo.

Uno de los beneficiados del tráfico de influencias en el Centro SCT Quintana Roo fue el empresario duranguense Fernando Peirot, de la empresa RM 618, SA de CV, a la cual se le otorgó la obra de reparación de losas de concreto y microcarpeta en el tramo Chetumal-Bacalar, a la cual le fue pagada la totalidad de esta obra, aunque la dejó inconclusa por meses.

Los trabajos de conservación que debía realizar la empresa consistían en la reparación de losas de concreto y construcción de microcarpeta del kilómetro 0+000 al 21+000, que representa del punto conocido como kilómetro 19 (punto donde se dividen las carreteras Chetumal-Cancún y Chetumal-Escárcega, poco antes de llegar a Xul-Há), hasta la salida de la ciudad de Bacalar.

Para estas obras se pagaron 29.9 millones de pesos a esta empresa; sin embargo, dejó espacios inconclusos en esta vía, pero ante los señalamientos de esta inconsistencia la SCT se vio forzada a concluir la obra.

Fernando Peirot, del Corporativo RM 618, SA de CV, fue favorecido en ese entonces por sus paisanos, el exdelegado de la SCT Miguel Ángel Núñez Pérez Gavilán, y el entonces residente general de Conservación de Carreteras, Manuel Borjas Domínguez.

Los trabajos se efectuaron con fibras acrílicas de menor calidad, cuando las especificaciones son que aquellas fibras que se le aplican al asfalto deben ser de mayor consistencia.

Sin embargo, en estos casos las empresas utilizan laboratorios cómplices para acreditar los trabajos a cambio de “mochadas”, para que se entregue la documentación de la obra en forma a la SCT, aun cuando los trabajos no tengan la calidad especificada en las licitaciones.

En enero 2016, otro caso salió a la luz, en esa ocasión el director de la Unidad de Servicios Técnicos del Centro SCT Quintana Roo, Felipe Puc Hernández, aprovechó su cargo para lucrar con los contratos de obra pública, al obligar a las empresas ganadoras de licitaciones a contratar a la empresa Control de Calidad en Obras Viales SA de CV, la cual está a nombre de su hija, Daffry Alicia Puc Gómez.

Entre las funciones de Felipe Puc como director de la Unidad de Servicios Técnicos se encuentra la de evaluar a los laboratorios de control de calidad y ver que las obras se construyan con materiales que cumplan con las normas de calidad de la SCT.

Es por ello que, aprovechándose de su posición, obligaba a las empresas ganadoras de licitaciones a contratar al laboratorio de su hija para hacer los trabajos de control de calidad.

Aunque se cometieron violaciones a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, la cual en su artículo 47 fracción XIII señala que todo funcionario público no debe intervenir en cualquier asunto en el que tenga “interés personal, familiar o de negocios”, incluyendo aquellos en los que se encuentran parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, el caso se mantuvo en total impunidad por los órganos de control y dirección jurídica de la SCT.

Y es que, en el acta constitutiva de la empresa Control de Calidad en Obras Viales SA de CV, Daffry Puc presentaba domicilio en la Colonia Fovissste de la ciudad de Chetumal, el mismo que tenía su padre como funcionario de la SCT.

Posteriormente, fueron señaladas irregularidades que se cometen en el área de Conservación en perjuicio de las empresas constructoras locales. Siendo que las empresas locales empezaron a ser marginadas de las obras, y muchas subcontratadas por empresas foráneas, las cuales en muchos casos se van con las ganancias seguras y dejan endeudadas a las locales, sin nadie que las defienda por las arbitrariedades y vicios del Centro SCT.

Cuando estuvo a cargo Francisco Elizondo Garrido, actualmente diputado federal, se exhibieron otros casos, como el hecho que el tramo Xul-Ha–Bacalar recibió dos años seguidos obras que no cumplían con la calidad y se ponía en riesgo a los visitantes, ya que las empresas dejaban gravilla suelta en este tramo.

Elizondo Garrido había reconocido irregularidades y retraso en las obras de conservación en el tramo del entronque del kilómetro 19 hacia Bacalar que realizaba una empresa foránea, pero permitió que continuaran las inconsistencias.

De hecho, durante su gestión, constructores locales señalaron otros trabajos de mala calidad en el riego de sello realizado en la entrada de Chetumal, desde la glorieta Cuna del Mestizaje hasta la glorieta Proterritorio, que fueron realizados por una empresa foránea procedente del centro del país.

No existe una aplicación uniforme y la superficie muestra porosidad, por lo que no sería duradero este trabajo, que se considera innecesario por las condiciones en las que se encontraba la vía.

Se trataba de un tramo de siete kilómetros y medio al que se le ha aplicado un riego de sello reforzado con fibra de vidrio, en favor de la empresa Recova, que tiene sus oficinas en la Delegación Ixtapalapa, en la Ciudad de México.

Los señalamientos de corrupción en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se han presentado por dos factores determinantes, siendo que desde la administración federal del panista Felipe Calderón Hinojosa, los directores de los Centros SCT en los estados ya no son de carrera, hora son puestos políticos, y ante el regreso del PRI a Los Pinos, en 2012, dejaron de hacerse auditorías regionales. La llegada de Morena al Gobierno Federal tampoco ha marcado diferencia, al menos en el Centro SCT Quintana Roo no ha sido así.

El año pasado, nuevamente fue cuestionado el exdirector Francisco Gómez Orozco de entregar obras a empresas de Campeche, y este año bajo la dirección de Janette Cosmes se denunció nuevamente la forma irregular en la que se presentan los fallos de las licitaciones.

Y es que los fallos de licitaciones del Centro SCT siguen siendo en favor de empresas que no son de la Entidad y se realizan bajo irregularidades, tal es el caso de obra “Conservación Periódica mediante trabajos de renivelaciones locales y carpeta asfáltica de granulometría densa con una meta de 4.5 km, cuerpos A y B del km 67+000 al km 71+500, tramo: Cafetal Felipe Carrillo Puerto, Carretera: Reforma Agraria Puerto Juárez, en el Estado de Quintana Roo”.

El acta de fallo se entregó el 14 de junio, mediante el subdirector de Obras, José Octavio Rodríguez Arreola, en el que tres empresas de Quintana Roo con propuestas económicas menores fueron desechadas en licitación para otorgar contrato a la empresa Garilla Ingeniería Sustentable, SA de CV” de la Ciudad de México, que así como realiza obras, también vende suministros médicos

Las empresas quintanarroenses hicieron propuestas financieras de tres millones 485 mil pesos, otra de tres millones 659 mil pesos, y tres millones 717 mil pesos; sin embargo, el Centro SCT Quintana Roo entregó la obra a la empresa del centro del país, cuya propuesta económica fue de tres millones 728 mil pesos, lo cual fue informado a las empresas de la Entidad el 29 de junio.

De tal manera, aunque había empresas locales con más de 240 mil pesos de diferencia, el millonario contrato se entregó a la empresa foránea Garilla Ingeniería Sustentable, SA de CV”, lo que significa que se mantienen las mismas prácticas en la adjudicación de contratos millonarios en el Centro SCT Quintana Roo.

Líderes empresariales de la construcción y la industria han recriminado esta situación y sindicatos volqueteros estarían manifestándose este jueves en las instalaciones del Centro SCT Quintana Roo por falta de pago de obras realizadas para atender la afectación por lluvias severas durante 2020, que tienen seis meses trabajando, sin que la dependencia federal realice el pago de anticipos o estimaciones.

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JG