Revocan sentencia de ex miembros del Ejido de Juan Sarabia por administración fraudulenta

La Cuarta Sala Especializada en Materia Penal Oral, del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, encontró penalmente responsables a Martin N, Pedro N y Roberto N por los delitos de administración fraudulenta en agravio de 122 integrantes del Ejido Juan Sarabia. 

El argumento presentado por la autoridad Ministerial señala que en su calidad de administradores del Ejido, falsificaron documentos y descontaron 6 millones de pesos de la indemnización que  la SCT pagó a ese núcleo agrario por la construcción de la carretera federal. 

El 7 de abril de este año,  los tres imputados habían recibido una sentencia absolutoria; sin embargo, los integrantes de ese núcleo agrario recurrieron a una segunda instancia, por lo que juez encontró los elementos suficientes para revocar esa resolución y emitir una sentencia condenatoria. 

Martin N, Pedro N y Roberto N, se desempeñaron como presidente, secretario y tesorero del ejido respectivamente, del año 2013 al 2016. 

Sin embargo, en noviembre del 2015, los acusados firmaron a espaldas del ejido un convenio de ocupación previa gratuita  y el pago anticipado de indemnización o compensación con la SCT por la cantidad de 60 millones 459 mil 444 pesos. 

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En aquel entonces el pago se hizo en dos parcialidades, el 20 por ciento en diciembre del 2015 y en febrero del 2016, es decir, dos meses después, el 80 por ciento restante, dinero que fue entregado al comisariado ejidal, Martín Haro Zepeda, a través del Tribunal Unitario Agrario número 44, para que sea repartido equitativamente en partes iguales a los 597 ejidatarios. 

Por la ocupación previa los ejidatarios no recibieron ningún pago, porque los representantes ejidales establecieron a espaldas de la asamblea, que sería a título gratuito, para firmar ese convenio con la SCT exhibieron un acta de asamblea con supuestos sellos del RAN, pero no estaba inscrita ante dicho Registro, hicieron pasar como si la misma estuviera inscrita en fecha 25 de noviembre del 2015, pero en realidad entró para su registro el 24 de noviembre de ese mismo año, dicho convenio fue en perjuicio de los ejidatarios porque los acusados renunciaron dolosamente al pago a través del Fifonafe a fin de disponer de manera libre y hacer mal manejo de los recursos. 

También son señalados de retener  el 10 por ciento del pago a los ejidatarios, puesto que en el primer pago debían recibir la cantidad de 20 mil 254 pesos y les retuvieron 2 mil 014 pesos a cada uno; en el segundo pago del 80 por ciento que entregó el TUA, cada ejidatario debió recibir 81 mil 017 pesos y solo les entregaron 72 mil 915. 91 pesos a cada uno. 

Según consta en el expediente, no había justificación legal para descontarle a los ejidatarios el 10% de su pago.

MA