Quintana Roo reprueba en seguridad y justicia: World Justice Project

Los resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, presentado por World Justice Project (WJP, Proyecto de Justicia Mundial), evidencian a Quintana Roo en la última posición del ranking; las áreas de seguridad, justicia, ausencia de corrupción y cumplimiento regulatorio, las peores calificadas.

Destaca, además, en el informe de la organización internacional, la parálisis mostrada por los servicios de justicia que, en ausencia de previsiones de Justicia Abierta y Digital por la pandemia del COVID-19, se vieron forzados a suspender su funcionamiento por un largo periodo de tiempo; a pesar de que toda la actividad jurisdiccional federal y local fue catalogada como esencial por las autoridades sanitarias del país.

Advierte que los resultados indican que la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 afectaron de manera considerable el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal en México; por ende, existe un Estado de Derecho, el cual a nivel nacional mantiene un promedio del 0.40, una décima por arriba de lo registrado en los dos estudios anteriores, cuyo indicador fue 0.30, en donde el cero indica una adhesión débil y el uno una adhesión más fuerte.

En la tabla general de puntuación, que mide ocho factores para crear el concepto de Estado de Derecho, como son, límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción y gobierno abierto, así como derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal, Quintana Roo se ubica en la posición 32 del ranking presentado por la organización, bajando dos posiciones en el último estudio realizado y un cambio de puntaje de -0.01.

Explica que el Estado de Derecho es un principio de gobernanza, en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente, “es un principio rector que vincula a autoridades y ciudadanía mediante el establecimiento de derechos, obligaciones y límites (…), es uno de los pilares sobre los cuales las sociedades pueden impulsar la igualdad de oportunidades, el desarrollo sostenible la democracia efectiva y la paz”, se lee en el informe, con el objetivo lo anterior de que las personas puedan vivir en armonía, acceder a mejores oportunidades y participar en las decisiones de sus comunidades, disfrutar de una vida y un patrimonio seguro.

En el caso del orden y la seguridad que mide si el Estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y de sus propietarios, Quintana Roo fue calificado con 0.24, puntuación que lo ubica en la posición 28 de 32 estados, calificación que demuestra que “la seguridad continúa como uno de los mayores retos del Estado, tal como se reflejan en las tasas de homicidio, la precepción de inseguridad y la caída en los puntajes de ausencia de corrupción en la policía y las fuerzas de seguridad”, indicó el informe.

Con una puntuación de 0.38, los quintanarroenses no se sienten seguros y el 0.25 en homicidios refleja lo que se vive todos los días, principalmente en la zona norte del Estado, por lo que el crimen alcanzó el 0.63.

De acuerdo con los indicadores que evalúan la eficacia y eficiencia de los sistemas de procuración e impartición de justicia, los datos sugieren que los sistemas de justicia se vieron afectados por la falta de medidas oportunas y propicias que faciliten el acceso a la ciudadanía por medios remotos y digitales, por ello los rubros arrojaron que en justicia civil ésta toca fondo en la posición 32 de 32 y la justicia penal se encuentra en el 29 de 32, con una puntuación de 0.31 en ambos tipos de justicia, siendo los rubros peor calificados en justicia civil, la justicia expedita 0.25, de calidad con 0.33, asequible con 0.25 y resoluciones con 0.26.

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Mientras que la justicia penal mantiene puntuaciones de hasta 0.17 en el área de investigación penal eficaz, tanto de la policía como el Ministerio Público, el peor indicador evaluado, 0.21 en procuración e impartición de justicia eficiente y eficaz, 0.31 en el sistema penal seguro y respetuoso de los derechos humanos y 0.32 en justicia penal imparcial, independiente y libre de corrupción.

Respecto al indicador de corrupción, que considera tres formas de corrupción, como los sobornos, influencias indebidas y la apropiación indebida de recursos públicos, señala que las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia quintanarroenses no cuentan con la confianza de la ciudadanía, con una puntuación de 0.27, al igual que en el Poder Legislativo, que obtuvo una calificación de 0.29 puntos, así como el Poder Ejecutivo que alcanzó tan sólo 0.32.

El sexto indicador que evalúa el cumplimiento regulatorio y examina cómo se implementan y se hacen cumplir las regulaciones en temas como salud pública, seguridad en el lugar de trabajo, protección del medio ambiente y actividad comercial, obtuvo una puntuación de 0.30 en debido proceso de procedimientos administrativos, 0.33 en cumplimiento regulatorio eficaz y 0.35 en procedimientos administrativos eficientes.

CG