Carlos Joaquín prepara 'blindaje' para su salida como gobernador en 2022
Siguiendo el ejemplo de su antecesor, Roberto Borge Angulo, el actual Gobernador de Quintana Roo busca modificar el modo de entrega-recepción del Poder Ejecutivo y sus secretarías
El gobernador Carlos Joaquín González prepara su “blindaje” con una iniciativa para que sólo la Secretaría de la Contraloría (Secoes) se encargue del proceso de entrega-recepción de las secretarías y órganos descentralizados.
Se trata de una reforma a la Ley de Entrega y Recepción de los Recursos asignados a los servidores públicos de la Administración Pública y de los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, en la cual se pretende dejar fuera a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) en los procedimientos de entrega-recepción de las secretarías y entidades paraestatales.
De tal manera, la Aseqroo sólo participaría en el proceso de entrega-recepción del Titular del Poder Ejecutivo (Gobernador), pero no en el de las secretarías y entidades paraestatales, además de que no recibiría copia del acta del procedimiento de éstas, lo cual rompe el discurso de transparencia y rendición de cuentas de Carlos Joaquín.
Lo contradictorio es que la Aseqroo sí mantendrá sus atribuciones en la entrega-recepción de los Ayuntamientos de manera general, no como en el caso del Gobierno del Estado.
Al igual que la propuesta de los diputados para poder reelegirse y mantenerse hasta cuatro legislaturas consecutivas en su curul, que tuvo como argumento la homologación con leyes federales, la propuesta de Carlos Joaquín González también se presenta como una homologación con la regulación federal de tener órganos internos de control estatales.
De tal manera, la Secretaría de la Contraloría Estatal, a cargo de Rafael del Pozo Dergal, que ha sido cuestionada por realizar contratos millonarios por asignación directa fuera de normatividad y de proteger irregularidades de funcionarios de la presente administración, sería la encargada del proceso de entrega-recepción, junto con los órganos internos de control nombrados por este gobierno, siendo que el proceso iniciaría 30 días antes del cambio de gobierno.
La importancia de que se apruebe lo antes posible la iniciativa es que establece que un año antes del cierre de gobierno se prepare un informe detallado, que no es otra cosa que dejar la preparación de los expedientes de la entrega, mientras que en el caso de los Ayuntamientos será en un plazo de tres meses antes del cambio de gobierno.
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Cabe recordar que siendo electo Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González presentó en 2016 una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para invalidar un paquete de reformas al Código Penal aprobado por el Congreso local para desmantelar la red de protección a favor de Roberto Borge Angulo.
Y es que la XIV Legislatura en el tercer periodo extraordinario de sesiones, reformó el Código Penal, expidió leyes y realizó nombramientos, que invadían las facultades del Poder Ejecutivo y afectaban la investigación, procuración y administración de justicia.
Entre las modificaciones del llamado 'blindaje' de Roberto Borge, estaba otorgar seguridad personal por quince años tanto para el exgobernador y su familia y para altos exfuncionarios de Gobierno. Además, se excluían para efectos de los delitos contenidos en el Código Penal, a los servidores públicos de los poderes Legislativo y Judicial, así como a quienes ostenten cargo empleo o comisión. También se disminuía la gravedad de los delitos cometidos por servidores públicos o que afectan la hacienda, el patrimonio y el servicio públicos, por ejemplo, el delito de peculado.
Con la XV Legislatura, dominada por del PAN-PRD, partidos que llevaron a Carlos Joaquín al Palacio de Gobierno, se eliminó parte de este “blindaje”.
El 15 de septiembre de 2016, el Congreso Estatal aprobó reformas que eliminan privilegios excesivos y restablecen penas severas a servidores públicos que cometan delitos en contra del patrimonio y buen despacho de la administración estatal. Con las reformas el Código Penal volvió a establecer penas severas de hasta 10 años de prisión a delitos como aprovechamiento ilícito del poder, administración fraudulenta, entre otros.
En lo que respecta a las reformas a la Ley de Seguridad Pública, se revirtieron las adecuaciones al actual sistema de gobierno del titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios afines, para que pudieran gozar de prerrogativas excesivas. Asimismo, se eliminó a los legisladores como sujetos a protección de escoltas y se redujo el número de personal, equipo, vehículos y demás instrumentos para la protección de exservidores públicos a no más de la mitad de los que contaban mientras desempeñaron el encargo.
Ahora, luego de arremeter contra las reformas de Roberto Borge para proteger su salida, Carlos Joaquín repite la estrategia, buscando proteger su salida, dándole mayores atribuciones a la Secretaría de la Contraloría en la entrega-recepción.
CG
