Víctimas de represión policiaca en Cancún acusan de 'simulación' a la FGE

A casi seis meses de la represión a balazos por parte de policías de Quintana Roo a manifestantes feministas frente al Palacio Municipal de Cancún, donde hubo varios heridos de bala, los responsables no han sido detenidos, una situación que, incluso, provocó un llamado de atención de la Secretaría de Gobernación hacia la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, a quien exigió garantizar la justicia en este caso.

El pasado 9 de noviembre, el grupo de inconformes, principalmente integrado por mujeres, exigió justicia por el feminicidio de la joven Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado; las protestas fueron disueltas con armas accionadas en manos de los elementos policiacos.

El martes 4 de mayo, la Secretaría de Gobernación (Segob) exhortó a la Fiscalía de Quintana Roo a acelerar los trámites para que las víctimas del también llamado #9N tuvieran acceso a la justicia.

“Advirtiendo la naturaleza de los hechos, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración (de Segob) llama a las autoridades de procuración e impartición de justicia de dicha entidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, desplieguen las acciones necesarias para garantizar el acceso a la justicia de las personas víctimas por lo sucedido el 9 de noviembre de 2020, en el municipio de Benito Juárez y evitar impunidad”, señala el llamado.

Ante tal exhorto, la FGE respondió ayer que ya hay vinculaciones a proceso y órdenes para que se ejecute la prisión preventiva; sin embargo, no pudo explicar el hecho de que los implicados sigan en libertad. 

“En relación a los hechos registrados el pasado 9 de noviembre de 2020 en la Plaza de la Reforma de Benito Juárez, desde el 1 de marzo un juez vinculó a proceso a 11 servidores públicos imponiéndoles, a 10 de ellos, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y separación del cargo”, señaló en un breve hilo en su cuenta oficial de Twitter.

El organismo quintanarroense agregó en su red social que “por lesiones culposas, abuso de autoridad, delitos contra los Principios del Sistema Penal Acusatorio, lesiones calificadas y robo agravado se está a la espera del cumplimiento de la medida cautelar y de audiencia para continuar con los procedimientos en curso”.

Impera la simulación

Integrantes del Comité de Víctimas 9N reprocharon que nunca se cumplimentó la prisión preventiva oficiosa dictada como medida cautelar y hasta el momento no han localizado a los policías implicados.

 “En lugar de ordenar que los fueran a detener, no hicieron nada; los policías tienen derecho de agotar todos los recursos, pero la autoridad judicial ha alargado todos los procedimiento, facilitándoles que se puedan evadir”, reclamó la agrupación civil.

La semana pasada venció el plazo de cierre de la carpeta de investigación y, de nueva cuenta, la juez le brindó al fiscal 20 días más para que sigan buscando a los policías, término que vence el próximo 24 de mayo, indicaron.

“Desde un inicio, la Fiscalía ha sido omisa, no obstante, luego del contacto que tuvimos con la Segob se conoció que tampoco los funcionarios municipales del Ayuntamiento han sido citados a comparecer”, señalaron los activistas.

Ninguna autoridad, ni la Fiscalía o los diputados, han llamado a declarar o informar sobre los hechos a Mara Lezama o Alberto Capella, así como a los directivos y mandos medios; es decir, hay total impunidad, acusaron.

“La verdad es que no hay nada hasta el momento y lo que vemos son sólo simulaciones de que se está trabajando con la intención de alargar el proceso, para que pase el tiempo y las cosas se enfríen”, añadieron.

El Comité de Víctimas también refirió que, de hecho, estaba la orden de vincular la carpeta por omisión, incluso con señalamientos directos contra los policías, pero como la omisión no es delito grave no los iban a vincular.

“No obstante, en el momento en que se destapa y se informa a la Segob, a su vez ordena que se brinde un informe real de los hechos y asigna personal para presenciar las audiencias”.

Ante esta situación, precisaron, la juez de Control cambia completamente y considera que los delitos mencionados por las víctimas son graves y en ese momento se ordena la prisión preventiva oficiosa a los policías.

De esta forma, al día siguiente, “el fiscal sale y dice que ya se habían girado las órdenes de presentación, lo cual, después se filtró, no había sido así, además de que los policías dieron como domicilio para recibir notificaciones el de Seguridad Pública.

“Todo ha estado mal, desde el día de los hechos en que no se presentó la Fiscalía, no aseguró el escenario ni a los policías ni las evidencias; los dejaron marcharse como si nada”, aseguraron.

El Informe de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo sale dirigido únicamente al Ayuntamiento, pero se olvida del Mando Único, cuando los elementos eran parte de este cuerpo a cargo de Alberto Capella (exsecretario de Seguridad Estatal) y Mara Lezama (alcaldesa de Benito Juárez), destacaron en entrevista para Por Esto!.

Actuación injustificada

En su exhorto a la Fiscalía, la Segob señala que los elementos de la Policía Quintana Roo actuaron de forma injustificada y contraria a las normas nacionales e internacionales, lo que derivó en tres personas heridas por arma de fuego (dos mujeres y un hombre), una manifestante y dos periodistas.

Como resultado de esta represión, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) emitió la Recomendación 20/2020 que determinó la presencia de diversas violaciones de derechos humanos.

En los hechos, la defensoría señaló que se violentaron los derechos de reunión o manifestación, libertad y seguridad personales y libertad de expresión, así como la presencia de tratos crueles o degradantes.

La Segob señala que el pasado 29 de abril se tuvo conocimiento de la emisión de un auto por parte de la autoridad judicial que conoce del caso, en el que se señala que no fue posible ubicar a diversas personas imputadas.

Se trata de nueve policías acusados de los delitos de lesiones culposas, dolosas, contra los principios del sistema penal acusatorio y abuso de autoridad, en perjuicio de  manifestantes y periodistas.

Gobernación, contradictoria

Renata Villareal, de la agrupación feminista Marea Verde, señaló que es muy preocupante que los policías que dispararon en contra de los manifestantes el pasado 9 de noviembre, sólo fueran relevados del cargo y que hoy la Fiscalía Estatal diga que no los ha ubicado.

La activista consideró que el llamado de la encargada de la política interior del país, Olga Sánchez Cordero, es contradictorio, ya que a nivel Federal no han respondido a las víctimas de represión en la CDMX y en otras ciudades del país.

“Señalar a otros Estados cuando ellos no lo hacen, no es muy honesto; mientras que las víctimas no han obtenido el apoyo ni del Gobierno Estatal ni Federal, entonces la Segob también es parte del problema”, afirmó.

Es preocupante que a seis meses y con todas las evidencias, ninguno de los policías implicados esté detenido y pagando una pena por agresiones ejercidas ni ha habido una reparación del daño a víctimas como debe ser, lo cual prende los focos rojos en materia de Derechos Humanos, dijo.

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CG