Poder Judicial de Quintana Roo asignó 27 mdp a contratos sin licitación

El Poder Judicial del Estado, que preside Antonio León Ruiz, asignó de manera directa, es decir, sin licitación, recursos por 27 millones 311 mil pesos en tan sólo 12 contratos correspondientes al primer trimestre del año.

En la página del Poder Judicial aparecen dos reportes respecto a los contratos por asignación directa en lo que respecta al primer trimestre de 2021, en un primer bloque hay seis contratos que suman un total de 2 millones 841 mil pesos, por los servicios de mensajería, servicio de limpieza, material de limpieza, adquisición de 10 mil 500 piezas de cubrebocas, servicio de timbrado de nómina para el ejercicio fiscal 2021 y servicio de paquetería.

Sin embargo, en un segundo bloque, otros seis contratos por asignación directa suman un monto por 24 millones 470 mil pesos, divididos en dos contratos por vigilancia, uno de limpieza, dos de fotocopiado y un proyecto de regreso a oficina segura.

Mientras las dependencias asumen las medidas de higiene y sana distancia, el Poder Judicial otorgó un contrato de prestación de servicios por asignación directa en favor de la empresa CIEM, Laguna S. de R.L. de C.V. para la “Implementación y Operación del Proyecto Regreso a Oficina Segura, Estrategias y Requisitos Sanitarios COVID-19”, suscrito por la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura, Magda Eugenia de Jesús Lozano Ocman.

El contrato es por un monto de un millón 299 mil pesos 686 pesos, divididos en tres pagos, los cuales de acuerdo con las cláusulas, ya fueron pagados en su totalidad. Los pagos fueron calendarizados al 7 de febrero, 7 de marzo y 7 de abril, cada uno por 433 mil 228 pesos con 68 centavos.

De tal manera, mensualmente el Poder Judicial pagó 433 mil pesos a la empresa que sólo tuvo que colocar 15 elementos capacitados en una jornada de ocho horas durante ese tiempo para implementar las estrategias del proyecto.

Otro contrato, por asignación directa entregado a Jorge Alberto Pech Melken, contempló las compras de 10 mil 500 tapabocas tipo N-95, a un precio de 119 mil 729 pesos; sin embargo, no aparecen en las clausulas en especificaciones que deban ser certificados. En una consulta realizada en tiendas en línea se encontraron cajas de mil cubrebocas N-95 certificados por 5 mil 999 pesos con envío gratis. Esto quiere decir que con 66 mil pesos se podrían adquirir 11 mil piezas.

De tal manera, prácticamente se pudieron haber obtenido esos insumos por la mitad del monto del contrato que se realizó también por asignación directa.

Además de ello, en el reporte del primer trimestre aparecen contratos millonarios entregados a empresas de limpieza y vigilancia.

En el tema de servicios de vigilancia se pueden observar inconsistencias en la contratación de servicios, siendo que una empresa fue contratada por los meses de enero y febrero, por 905 mil pesos mensuales, y posteriormente se contrató a otra empresa que cobrará de marzo a diciembre 960 mil pesos mensuales.

La empresa contratada a inicios de año fue Vicmar Seguridad Privada S.C., que pondría a disposición del Poder Judicial 65 elementos de seguridad para diversas instalaciones en ocho municipios, y el segundo contrato fue para ARAB Seguridad Privada S.A. de C.V. por el mismo número de elementos, no habiendo visible diferencia para pagar 55 mil pesos mensuales adicionales.

Con este servicio contratado, el Poder Judicial estará gastando alrededor de 32 mil pesos diarios por servicios de vigilancia.

Otro millonario contrato es el que se entregó por asignación directa a la empresa Reyna Beatriz Nah Caraveo por el servicio de limpieza, que comprende de marzo a diciembre por un total de 7 millones 799 mil 979 pesos. Esto implica pagos mensuales de 779 mil 997 pesos por el trabajo de 40 personas en el horario establecido en los anexos del contrato, que genera un gasto del Poder Judicial de 26 mil pesos diarios en limpieza.

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RM