ÚLTIMA HORA
Internacional
Bombardeos sobre Rafah, en la Franja de Gaza, dejan al menos 18 muertos
Volver
Volver
El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, ha solicitado 21 créditos bancarios, que suman 5 mil 289 millones 500 mil pesos, para cubrir la falta de liquidez de su administración.
De 2017 a 2020 solicitó empréstitos a corto plazo a la banca privada. Banorte, el banco que más dinero prestó al Gobierno de Quintana Roo, otorgó 2 mil 946 millones de pesos; Bansi financió 903 millones de pesos y Multiva transfirió 680 millones de pesos.
En tanto, HSBC concedió 552 millones de pesos; BBVA Bancomer facilitó 200 millones de pesos; y la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) transfirió 8 millones 500 mil pesos.
Los montos millonarios fueron usados para “cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal”, según información de los reportes financieros entregados por el Gobierno del Estado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de 2016 al primer trimestre de 2021.
Los empréstitos fueron contratados bajo la modalidad de quirografarios, un préstamo a corto plazo que ofrecen los bancos, principalmente a las empresas, para hacer frente a la falta de recursos que requieren para la operación.
A diferencia de los créditos a largo plazo, el Gobierno del Estado no requiere la aprobación del Congreso del Estado para contratar los préstamos a corto plazo, además no está obligado a informar el destino del dinero.
Al contratarse por un periodo de 12 meses, dichos préstamos no son registrados como deuda pública.
Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), explicó que las condiciones de adquisición de los empréstitos son más flexibles que la deuda pública, por lo que los gobernadores recurren constantemente a la banca privada para resolver los problemas financieros públicos.
“Esto hace que no tenga que pasar por una aprobación del Congreso y, en este sentido, en la determinación en qué se use y a quién se contrate y, como decía, no solamente en la definición de la institución bancaria, sino también en proveedores, sí dependerá exclusivamente del Ejecutivo estatal y, en este caso, sí hay una discrecionalidad administrativa para el manejo de esta deuda”, expuso.
“No es una buena práctica solventar, año con año, estas necesidades a través de estos créditos quirografarios. Si bien cumplen su propósito, sí dan muestra de la precariedad con la cual se están manejando las finanzas estatales las entidades federativas. Y, en el caso de Quintana Roo, que presenta un endeudamiento alto, pues es todavía más relevante cuál va a ser el costo de esta deuda pública”, señaló.
Quintana Roo es uno de los Estados más endeudados del país. La deuda pública asciende a 23 mil 670 millones de pesos, de los cuales, 90 por ciento corresponde al Ejecutivo estatal y 10 por ciento a los municipios, de acuerdo con el informe “Hablemos de Deuda en los Estados. Reporte de deuda subnacional”, elaborado por el IMCO.
El endeudamiento compromete 7.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) Estatal. También representó 67 por ciento de los ingresos totales en 2020 y 268 por ciento del porcentaje total de las participaciones Federales recibidas el año pasado.
Dos días antes de finalizar 2017, Carlos Joaquín González recibió el primer crédito quirografario de la banca privada. La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo le transfirió ocho millones 500 mil pesos que, según la Secretaría de Finanzas y Planeación, se utilizó para “cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal”.
Once meses después, el 7 de noviembre de 2018, Banorte le abrió una línea de crédito por 775 millones de pesos, de los cuales, el Gobierno Estatal dispuso de 642 millones 436 mil pesos.
A partir de 2019, el mandatario estatal implementó el uso recurrente de los préstamos bancarios. El 26 de abril de ese año, HSBC, banco acusado de lavar dinero, transfirió 292 millones de pesos. En tanto, Banorte le facilitó 900 millones de pesos a través de cuatro empréstitos concedidos del 28 de agosto al 8 de noviembre del mismo año y, antes de cerrar el año fiscal, Multiva entregó 680 millones de pesos más.
En tan sólo 2020, el Gobierno del Estado solicitó 12 préstamos con un plazo de pago de 12 meses, el 50 por ciento del total de empréstitos adquiridos con la banca en los últimos cuatro años, al recibir 2mil 634 millones de pesos por parte de Banorte, HSBC, Bansi y BBVA Bancomer.
Los créditos bancarios fueron pagados con “ingresos propios”, según los reportes revisados.
Guadarrama explicó que las Entidades federativas dependen de los recursos transferidos por el Gobierno Federal a través de participaciones y aportaciones que, en ocasiones, tardan en recibir desde tres a seis meses.
“Lo que hemos detectado es que prácticamente todas las entidades federativas tienen muy poca disponibilidad de recursos iniciales para arrancar las administraciones, inclusive ha habido casos en que solicitan por anticipado a la Secretaría de Hacienda que pueda dar un adelanto de recursos para poner en funcionamiento todas las obligaciones que hay que cubrir”, precisó el académico en Políticas Públicas por el King´s College London (KCL).
“No es una buena práctica (contratar préstamos). Es un claro indicativo que estás dependiendo de estas transferencias de la Federación, que no hay una autonomía fiscal, que el margen con el cual se manejan los recursos es muy poco”, indicó.
De acuerdo con los reportes financieros enviados por la Secretaría de Finanzas y Planeación a la SHCP, el Gobierno del Estado reportó el pago de 49 millones 820 mil 216 pesos por intereses correspondientes a los 21 créditos contratados y 93 millones 400 mil 500 pesos por comisiones.
Los montos pagados son superiores al gasto ejercido en Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación por 104 millones de pesos en 2019.
CG
