Habitantes de Playa Paraíso denuncian desalojos ilegales en Playa del Carmen

Alberto Galindo, residente del fraccionamiento Playa Paraíso, al final de la avenida Chemuyil, denunció una serie de desalojos ilegales, donde sin orden de un juez ha actuado la policía municipal, afectando a los propietarios.

El último caso se registró el sábado, donde los residentes, a pesar de presentar los documentos legales, fueron detenidos porque un tercero, supuesto actuario, solicitó el apoyo de Seguridad Pública, por lo que temen continúen estas acciones ilegales.

“Hemos detectado que están viciados, en el mejor de los casos se simula la notificación”, sostuvo Alberto Galindo, vecino y ahora representante legal de los afectados.

“El sábado los propietarios estaban en su domicilio, con documentos probatorios, y un tercereo con derechos litigiosos de la deuda, no de la propiedad, alguien que presume tenerlos solicitó a Seguridad Pública desalojar y se llevaron detenidos a los propietarios y nos dimos a la tarea de asistirlos legalmente para obtener su libertad; sigue la carpeta abierta porque hay un pseudo-despacho que pide carteras y viola el procedimiento para el desalojo, fuera de la ley, en contubernio con autoridades municipales”, expuso.

Estos desalojos, se dan nuevamente por un caso donde la desarrolladora se va a la quiebra y los créditos los adquiere un despacho que con artimañas se han colado a las viviendas, principalmente, aprovechando la pandemia donde muchas familias tuvieron que salir de la ciudad, por desempleo o para visitar familiares enfermos, como comentó el entrevistado.

“Aprovecharon quienes tenían derechos de la deuda para meterse a los domicilios de manera fraudulenta o ilegal”, dijo, “ahora que los dueños quieren recuperar su casa, se ven en una situación en la que pareciera son invasores porque así trabajan los despachos”.

En el caso de quienes se quedaron en sus hogares, ocurre esta otra situación y que, a decir de Alberto Galindo, se han dado tres casos en los últimos seis meses.

Este fraccionamiento cuenta con unas 150 viviendas y, ante el último caso, han tomado previsiones a través de su caseta de seguridad para alertar cuando se presente otro intento de desalojo, a fin de que se haga de la manera legal, es decir se cuente con la orden de un juez.

“Queda claro que cuando existen procedimientos es probable que estén viciados, en el mejor de los casos; y en el peor de los casos, sin orden judicial, como el sábado que desalojaron a la familia y la llevaron detenida”.

El defensor consideró que detrás de esto hay un problema social en el que tendrían que intervenir las autoridades municipales y estatales para tratar de conciliar entre las partes. Esto porque al haber quebrado una empresa o simular el quiebre, dejaron un conflicto a sus ocupantes que son los que no tienen ninguna responsabilidad y se ven afectados.

RM