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En el estado de Quintana Roo se inician aproximadamente 50 mil carpetas de investigación, donde el 70 por ciento son por delitos relacionados al robo y en segundo lugar por delitos contra la familia, principalmente por violencia familiar.
“El segundo delito más denunciado es el de violencia familiar, desafortunadamente encontramos varios factores por los cuales se ha sostenido en segundo lugar por tercer año consecutivo la violencia familiar con un 15 por cierto de estas 50 mil carpetas”, así lo dio a conocer el fiscal general de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales.
Aseveró que “la pandemia alteró las estadísticas” que se generaban, sumado a la información que hay en todos los medios que animan a las personas a denunciar “pero también debemos de sumar que hay más confianza en las autoridades y por eso se están acercando a este tipo de denuncias”.
De acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2017 se reportaron 3 mil 547 denuncias por delitos contra la familia en todas sus modalidades, incluyendo el de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.
En 2018 el SESNSP reportó 4 mil 848 denuncias por este delito; en 2019 se abrieron 6 mil 319 carpetas de investigación por la misma circunstancia; para 2020, año que obligo a miles de familias al confinamiento en casa, la Fiscalía General de Quintana Roo inició 5 mil 854 procesos por delitos contra la familia.
En enero y febrero de 2021, el SESNSP registró mil 085 denuncias por delitos en contra de la familia en todas sus modalidades.
“En la fiscalía estamos poniendo un especial, específico y redoblado esfuerzo en el tema de las mujeres, nos preocupa mucho cada que acontece un feminicidio, todos nos ponemos en alerta y revisamos todos nuestros protocolos”, advirtió Montes de Oca.
Indicó que tanto la fiscalía del estado y Seguridad Pública de Quintana Roo trabajan coordinadamente junto a otras instituciones y organizaciones de la sociedad, como la Red Feminista Quintanarroense, “con ellas estamos trabajando en la formación y en la afinación de algunos protocolos ya existentes, como el protocolo de investigación de feminicidio y el protocolo de investigación en violencia sexual”.
El fiscal general señalo que también están trabajando en protocolos de investigación en perspectiva de género y en materia de derechos humanos, “son todas esas herramientas que tenemos que estar afinando para efecto de darles el alcance a los operadores del sistema”.
El fiscal general explicó que en el caso de los policías se cuestionan “si tienen la capacitación suficiente o no”, ya que es uno de los factores más agravantes de la impunidad, “desde el policía, el primer respondiente, el ministerio público, el perito, el asesor jurídico que no haga una buena representación de la víctima, los defensores públicos que no hagan una buena defensa a las personas imputadas, entonces si no tenemos una buena capacitación vamos a estarnos enfrentarnos a estos problemas”.
Recordó que le caso del 9 de noviembre -de 2020- y el de Tulum, debe hacer reflexionar sobre los temas de capacitación dentro del plan rector de formación como lo señala la Ley Nacional de Seguridad Pública.
“En la fiscalía reforzamos, después del 9 de noviembre, la capacitación de los oficiales de manera presencial, emitimos circulares y manuales de actuación para el personal, todo lo relacionado con el uso de la fuerza, derechos humanos y perspectiva de género y viene otro reforzamiento”.
En específico, Montes de Oca Rosales afirmó que han volteado a ver las necesidades de los policías, no solo del lado de equipamiento y capacitación, sino al tema psicológico-emocional.
“Los niveles de estrés del policía cuándo están llevando a cabo una detención, cuando están atendiendo una emergencia son increíbles, la barrera que diferencia el cumplimiento del deber con un abuso de autoridad es casi invisible. Distinguirlo en esos momentos resulta para un policía muy difícil diferenciarlo, lo único que va a permitir que actué de manera correcta es la capacitación, no solo vamos a trabajar en el cómo actuar, sino también en el tema emocional del policía y manejo de estrés”.
Admitió que también están valorando el estado de salud física de los elementos de la fiscalía, ya que el 70 por ciento de los policías de investigación tienen sobrepeso, “eso también deriva en una mala práctica de lo que les están enseñando, vamos a estar trabajando en eso hasta en hábitos alimenticios.
Por esta razón, Óscar Montes de Oca pidió al Congreso del Estado que también se asignen más recursos para la capacitación de todos los actores que intervienen en temas de procedimientos penales, de seguridad, en procuración de justicia, “es muy importante la capacitación, es un factor muy relevante para que no haya impunidad, porque una mala detención, un mal resguardo de la escena de los hechos que el primer respondiente que no esté capacitado y suceden casos como los que estamos viendo”, concluyó.
MA
