Fiscalía General de Quintana Roo encubre abusos policiacos graves

Lo amenazaron con matarlo y, luego, desaparecer su cuerpo. Antes, a Juvencio le vendaron el rostro. Los policías adscritos a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) le colocaron una bolsa de plástico alrededor de la cabeza. Le cortaron la respiración a su antojo.

Encerrado, bajo el yugo de los uniformados, le preguntaron sobre el robo del que intentaban culparlo. Él no supo de lo que hablaban. Su respuesta no agradó a los policías y, otra vez, lo golpearon y amenazaron con quitarle la vida, ese derecho inalienable del ser humano que juraron proteger.

“Les dije que no sabía nada. Y fue cuando me comenzaron a golpear y diciéndome que si me moría no les importaba. Y ya me hicieron firmar varios papeles de una supuesta declaración que desconozco”. Este es el testimonio de Juvencio que concedió a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo).

Su nombre verdadero fue reservado por seguridad. El 12 de mayo de 2013 Juvencio fue privado de su libertad por agentes de la Policía municipal y estatal. Luego, fue trasladado al Ministerio Público en donde fue torturado y acusado de robo. “Nuevamente fue torturado durante el tiempo que estuvo en las celdas de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado”, detalla el expediente.

Líder en agravios

La FGE es la institución que más violenta los derechos de la población que habita en Quintana Roo. En los últimos cinco años, de 2015 a 2020, el 37 por ciento de las recomendaciones emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo fueron dirigidas a la Fiscalía.

En este periodo mencionado, elaboró 143 recomendaciones a distintas instituciones, dependencias y gobiernos, de las cuales 53 fueron remitidas a la FGE. Tan sólo en 2017 recibió el 60 por ciento del total de las recomiendas elaboradas por el ombudsman. En 2019 registró el 41 por ciento y, más tarde, en 2020 el 35 por ciento.

Estos datos fueron obtenidos del total de las recomendaciones publicadas por la Comisión en su portal web. La Fiscalía aventaja al resto de los gobiernos e instituciones que fueron observadas, por ejemplo: el Ayuntamiento de Solidaridad acumuló el 13 por ciento de las recomendaciones y la Secretaría de Seguridad Pública el 10 por ciento, en el mismo periodo.

La tendencia continúa en 2021. La primera recomendación emitida por la Comisión el 31 de marzo fue dirigida a la Fiscalía por la acusación de violación al derecho de acceso a la justicia en agravio de la víctima. Actualmente, está a la espera de que sea aceptada. Construir criminales En medio de la selva, le amarraron las manos y los pies.

Lo prepararon para el siguiente acto: los golpes en el cuerpo. La golpiza no fue suficiente para los policías ministeriales adscritos a la FGE que retenían por la fuerza a Antonio, así que descargaron electricidad en su torso. Una, dos, tres, quién sabe cuántas veces.

El 13 de marzo de 2013 Antonio fue privado de su libertad por agentes policiacos sin ninguna orden de aprehensión en su contra. Lo trasladaron a una zona selvática y lo torturaron: le picaron los talones con un arma punzocortante. Y, como los agentes no lograban lo que querían: una confesión para incriminarlo del delito de robo, lo torturaron más, lo asfixiaron con una bolsa que le envolvía la cabeza.

“Y me estuvieron asfixiando con una bolsa y golpeando y me decían que tenía que decir dónde estaba el botín y que si no me matarían que, al fin mi familia no sabía donde estaba”, cuenta en la narración de hechos ante la Comisión. La violencia contra Antonio no se detuvo.

Más tarde, lo trasladaron a las instalaciones de la FGE, donde otra vez fue martirizado: “con toques y picándole los talones con un arma punzo cortante”. La Fiscalía de Quintana Roo le negó el derecho a hablar con un abogado defensor.

La lista de acusaciones

Las acusaciones realizadas por ciudadanos contra la Fiscalía son diversas, comprende desde allanamiento de morada hasta la tortura. Los agravios son considerados delitos, como el allanamiento de morada, detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza, trato cruel y degradante, intimidación, privación de la libertad, robo, abuso sexual y tortura.

De acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos en Quintana Roo, la Fiscalía no ha tratado con perspectiva de género a las mujeres, por lo que “(existe) violación al derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, derecho humano de acceso a la justicia con perspectiva de género, así como el derecho de la víctima y persona ofendida a contar con una asesoría jurídica adecuada, lo anterior en un contexto de violencia feminicida”.

Y tampoco ha respetado los derechos de los niños. La violación de derechos también alcanza a los asuntos administrativos: ejercicio indebido de la función pública, discriminación, negligencia administrativa, violaciones a la legalidad y seguridad jurídica, y empleo indebido de la información.

Así como la dilación en la procuración de justicia “como resultado de un retardo negligente o malicioso en el cumplimiento de una orden de aprehensión” o como “resultado de una deficiente investigación y dilación en la investigación de los delitos”.

Modus operandi

Conectaron el cuerpo de Adrián a los cables de una batería de automóvil y le descargaron electricidad.

La introducción de electricidad a los cuerpos de las víctimas es la práctica más común de tortura que implementan los servidores de la Fiscalía de Quintana Roo, según los testimonios aportados por las mismas víctimas. El 13 de marzo de 2013 Adrián caminaba por las calles del Centro de Cozumel cuando los policías ministeriales lo detuvieron y le preguntaron cuál era su ciudad de origen. Él respondió que vivía en Ciudad de México.

Al escucharlo, lo sometieron, lo privaron de su libertad y lo ingresaron a un vehículo. Ahí comenzó su tragedia. Ese día los agentes tenían una misión: encontrar personas para incriminar por el delito de robo. Adrián fue una de las víctimas. “Fue torturado después de la detención por medio de golpes y le pusieron cables conectados a la batería del vehículo. Indicó que lo torturaron para que se autoincriminara por el robo de unos relojes”

CG