Sistema anticorrupción busca parar 'ayudas sociales' del Congreso de Quintana Roo

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción finalmente promovió un amparo ante un Juez de Distrito en materia administrativa en Quintana Roo, para buscar que se elimine la partida de Ayudas Sociales del presupuesto del Congreso del Estado, que para este año asciende a 75.5 millones de pesos.

La acción del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción fue calificada de tardía por la asociación Somos tus Ojos por la Transparencia de Quintana Roo, ya que el tema de las ayudas sociales existe desde el año 2017 y fue algo que las asociaciones denunciaron contra la pasada XV Legislatura.

En rueda de prensa virtual, Cynthia Dehesa Guzmán, presidenta del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción, junto con los demás integrantes Jannet Aguirre Dergal, Mariana Bello y Raúl Cázares Urban, dieron a conocer que el pasado 2 de febrero ingresaron una demanda de amparo ante el Juez de Distrito en materia administrativa en Quintana Roo, en contra de la partida denominada ayudas sociales aprobada por el Congreso del Estado, que para el presente ejercicio fiscal 2021 será de 75.5 millones de pesos.

Los integrantes del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción estuvieron acompañados de Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción; Jorge Alatorre, integrante del CPC del Sistema Nacional Anticorrupción; Manuel Guadarrama coordinador de Gobierno y Finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), así como Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Mexicana.

El CPC de Quintana Roo argumenta que la partida de ayudas sociales es contraria a las funciones constitucionales del Poder Legislativo, ya que están usando recursos millonarios del erario público en acciones que no corresponden ni competen a los legisladores, ya que las ayudas sociales son obligación del ejecutivo y no del legislativo.

Señalaron que el Gobierno del Estado ya cuenta con dependencias y programas que se encargan de ello, pero el Congreso no tiene la capacidad ni facultad para llevar un programa social de esta índole, mucho menos destinando recursos de su presupuesto.

Además, dijeron que se trata de un recurso que se utiliza de manera discrecional, clientelar y especialmente en tiempos electorales, lo que pudiera prestarse a acciones que sirvan para la compra y coacción del voto, lo cual ya había sido observado por asociaciones civiles, que denunciaron a la pasada XV Legislatura de hacerlo entre el 2017 y 2019.

Los integrantes del CPC Estatal mencionaron que no se oponen a los apoyos o ayudas sociales, sino que se oponen a que lo haga un Poder al que no le corresponde, en este caso el Legislativo, que maneja dicha partida bajo mediante una lógica clientelar y discrecional.

Tres causas sustantivas fundamentan el amparo, una de ellas es el enfoque existencialista de estos apoyos, como regalar despensas, piñatas, ropas, laminas, entre otras cosas; pues se trata de acciones que no forman parte de una estrategia de política social y que no está diseñada para erradicar las causas de la pobreza y desigualdad, en lugar de ello supone “pulverizar” el gasto público a través de su uso ineficiente.

La otra causa es el alto nivel de discrecionalidad en el ejercicio del gasto, ya que las ayudas sociales no se alinean ni responden a reglas estrictas de operación, simplemente son acciones improvisadas que buscan atender necesidades que han sido identificadas de manera particular por los legisladores, “no hay análisis crítico ni diagnóstico, de manera que no existe una retroalimentación y el gasto se pierde totalmente y no trasciende en un beneficio social, no hay forma de exigir una evaluación de resultados”, indicaron.

También está el enfoque clientelar, ya que las personas beneficiadas son elegidas bajo criterios subjetivos de las y los legisladores, no forman parte de una identificación basada en criterios lógicos y rigurosos de selección, creando escenarios de clientelismo como si fuera un favor y no un derecho humano, generando prácticas de corrupción al poderse utilizar para beneficio de quienes lo otorgan, entre estos para fines político electorales.

Se tardaron 4 años

Al respecto, la asociación Somos tus Ojos por la Transparencia de Quintana Roo calificó de tardío el actuar del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción, ya que las ayudas sociales se legalizaron y fueron plasmadas desde el año 2018 en la nueva Ley Orgánica del Congreso, la cual fue aprobada por la pasada XV Legislatura.

Incluso, por este tema existen diversas denuncias legales en contra de la pasada XV Legislatura y de los diputados que en ese entonces encabezaron la Gran Comisión del Congreso, luego de que se gastaron más de 100 millones de pesos en ayudas sociales, pero sin transparentarlas como es debido y en las que aparecieron falsos beneficiarios, trabajadores del Congreso y hasta del gobierno del Estado, además de que presuntamente las usaron para fines político electorales entre el 2017 y 2019.

Las denuncias se interpusieron por el delito de peculado o desvío de recursos en la Fiscalía Anticorrupción y Fiscalía General del Estado (FGE), con el objetivo de transparentar y aclarar el paradero de este dinero, pero hasta la fecha no se tienen avances contundentes y las asociaciones acusan de que el caso recibió “carpetazo”.

Los denunciantes descubrieron la existencia de falsos beneficiarios en la lista de “ayudas sociales”, de personas que aseguran no haber recibido ningún tipo de apoyo del Congreso del Estado, pero que sus nombres aparecen junto con documentos apócrifos, además de la falsificación de sus datos personales y hasta su firma. Entre los beneficiarios también se encontraron a trabajadores del Congreso y hasta del gobierno del Estado, así como gente vinculada o ligada a los diputados de la anterior legislatura y sus partidos.

En su momento se denunció que este dinero se utilizó de manera opaca y presuntamente para fines político electorales, en el marco de las elecciones federales de 2018 y las elecciones estatales de 2019.

Las asociación Somos tus Ojos y el Observatorio Legislativo también denunciaron por la vía penal a Eduardo Martínez Arcila, cuando en su momento se desempeñó como diputado de la XV Legislatura y presidente de la extinta Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo.  Las denuncias contra el legislador se interpusieron ante la FGE, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y otras instancias relacionadas.

Las asociaciones civiles motivaron sus denuncias tras corroborar que hubo un manejo irregular de más de 100 millones de pesos destinados a las “ayudas sociales” en la anterior legislatura, recurso que a la fecha no ha sido transparentado como es debido y en el que se detectaron falsos beneficiarios, nombres que aparecían en repetidas ocasiones, así como trabajadores del Congreso y políticos panistas que percibieron estos apoyos de manera injustificada.

Aunque se desconocen los montos por beneficiario, porque éstos nunca fueron dados a conocer, la asociación Somos tus Ojos calculó que para que cuadraran las cuentas a la pasada XV Legislatura, se tuvieron que haber entregado más de 15 mil pesos por cada “ayuda social” para cada uno de los beneficiarios que aparecen en el padrón, cantidad que señalaron como ilógica, irreal y que apunta al desvío de recursos denunciado.

A pesar de que Somos tus Ojos se lo exigió, el CPC del Sistema Estatal Anticorrupción no hizo ni dijo nada en su momento, teniendo que pasar 4 años para ejercer acciones contra la partida de Ayudas Sociales. Incluso, el CPC se negó a requerir a la XV Legislatura información relacionada con las ayudas sociales, pues se declaró “incompetente” para hacerlo.

Las asociaciones consideran que podría haber un trasfondo político detrás de ello, ya que el CPC fue nombrado por la pasada XV Legislatura, proceso que fue señalado como irregular y a modo, ya que aseguran se favoreció a gente ligada con la anterior legislatura y gobierno en turno.

CG