Quintana Roo, segundo estado con más víctimas de corrupción en México: INEGI

Entre 2017 y 2019, el porcentaje de personas víctimas de corrupción, al momento de realizar algún trámite en Quintana Roo, creció 8.1 puntos, al pasar de 11.8 a 19.9, lo que convierte a la entidad en la segunda con más casos en el país, sólo detrás de Durango, que alcanzó el primer lugar, con 25.4 por ciento, de acuerdo con las estadísticas publicadas por el Instituto de Estadística y Geografía (INEGI), a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora este jueves.

Los datos también resaltan que Quintana Roo tiene una probabilidad tres veces más alta que Guanajuato, Tamaulipas, Baja California Sur, Zacatecas o Colima de que las personas sean víctimas de corrupción.

Entre 2017 y 2019, Durango, Quintana Roo, Guanajuato y Puebla fueron las Entidades donde se observaron mayor aumento en el porcentaje de personas víctimas de corrupción, en tanto que en Querétaro, Chihuahua y Tabasco los niveles de corrupción presentaron mayor disminución.

En ese sentido, el estado ocupa el tercer lugar nacional en víctimas de corrupción en al menos uno de los trámites realizados por entidad federativa, ya que de 2017 pasó de una puntuación de 11.8 por ciento a 19.9 por ciento, sólo por debajo de Durango (de 16 a 25.4); Estado de México (de 15.9 a 20.7); Ciudad de México (de 20.1 a 20.7).

Según las estadísticas, a propósito del Día Internacional contra la Corrupción a conmemorarse este 9 de diciembre, las experiencias de corrupción de las personas y las empresas fueron más frecuentes cuando se tuvo contacto con alguna autoridad de Seguridad Pública o de justicia.

Esto se derivó luego de denunciar un delito, faltas a la moral o administrativas, por infracciones o detenciones por riñas. El estudio reveló que 59 de cada 100 personas adultas que tuvieron contacto con estos servidores públicos en 2019, fueron víctimas de la corrupción mientras que, en las empresas, la victimización fue de 35 de cada 100 unidades económicas en 2020.

Entre los instrumentos disponibles en el país para prevenir la corrupción se crearon los Órganos Internos de Control (OIC), que deben establecerse en las instituciones públicas del orden Federal, Estatal y Municipal con el fin de prevenir, corregir e investigar actos que pudieran derivar en responsabilidades administrativas, así como dar seguimiento al ingreso, egreso, manejo y aplicación de los recursos públicos.

En 2019, los OIC de las instituciones Federales y Estatales contaron con 10 mil 819 servidores públicos: 49.7 por ciento corresponden al ámbito Federal y 50.3 por ciento al Estatal.

Entre las administraciones públicas estatales destacan Nuevo León, Michoacán, Chihuahua, Ciudad de México y Tlaxcala por tener menos de una persona adscrita al OIC por cada mil servidores públicos; Quintana Roo apuradamente tiene 2.8 por ciento, por debajo de Hidalgo (2.8), Colima (3.1), Puebla (3.1); Estado de México (3.5), Sonora (3.6); Querétaro (4.2), San Luis Potosí (4.7); Jalisco (5.2) y Chiapas (6.1).

Una de las facultades de los OIC es la de conocer y dar seguimiento a las faltas y sanciones de orden administrativo y, en su caso, denunciar ante las autoridades ministeriales los actos de las y los servidores públicos que pudieran constituir delitos, por lo que es la primera instancia a la que la ciudadanía puede recurrir para denunciar irregularidades en el ejercicio de la función pública.

Otra función de los OIC, junto con las entidades de fiscalización superior u homólogas consiste en investigar, dar seguimiento y emitir resoluciones respecto de las faltas administrativas graves y no graves contenidas en los procedimientos administrativos iniciados.

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CG