Carlos Joaquín y otros funcionarios, cómplices de ilegalidades y corrupción en Quintana Roo

Del despacho del Gobernador de Quintana Roo hasta los empleados de calle del Poder Judicial y Seguridad Pública, se formó una gran cadena de complicidades, cuya esencia es la corrupción, para permitir que una empresa “patito” se hiciera de un inmueble que no le pertenece; el mismo sitio donde Por Esto!, diariamente fomenta la Dignidad, Identidad y Soberanía del pueblo a través de sus páginas y en los últimos dos años se encargó de revelar en manos de quién está el estado con Carlos Joaquín
al mando.

No es coincidencia, que el espacio que albergaba a un equipo responsable y comprometido con la libertad de expresión, que investiga a la administración pública y exhibe la terrible violencia que está lastimando a la entidad, haya sido blanco del despojo ilegal que se logró a través de “mordidas”.

Los poderes Ejecutivo y Judicial están podridos en el estado, donde miles de carpetas de investigación nunca llegan a juicio, decenas de desapariciones se guardan en un archivo y los feminicidios en Quintana Roo ni siquiera se indagan; todo por privilegiar la percudida imagen del gobierno.

Así opera el gobernador, ante un fantasmal y fallido secretario de gobierno, Arturo Contreras, que nunca aparece.

Y es más grave aún, que los de la balanza de la justicia, los del Poder Judicial del Estado, que encabeza Antonio León Ruiz, demuestren que están en pleno contubernio con el mejor postor, sin importar la talla del delincuente.

Ahora fue una empresa “patito” y su representante legal de la Ciudad de México, quienes consiguieron la fuerza pública del Estado de Quintana Roo, el  pasado 4 de noviembre, para “cumplir” con el exhorto de un Juez dentro de un juicio mercantil hechizo, para “adueñarse” de las instalaciones de Por Esto! en la Avenida Constituyentes del 74, número 483, de la colonia Proterritorio.

Así lo revelaron los enviados por León Ruiz, que fuera de todo procedimiento establecido en los Códigos de Procedimientos tanto estatales como federales, llevaron a cabo una diligencia donde ni siquiera se encontraba establecida la empresa que ellos buscaban y sobre la que el Juez de la Ciudad de México había ordenado realizar la encomienda.

Las operadoras de la artimaña validada por José Antonio León, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo y del Consejo de la Judicatura, fueron la jueza Anahí Tadeo Manzanares y la actuaria Martha Isabel Hu Us, quien cometiendo una serie de torpezas con los documentos que llevaba, dejó ver el nerviosismo que le producía la ilegalidad en la que actuó.

Incluso la manera en cómo arribaron a las instalaciones de Por Esto!, fue digna de grupo delincuencial.

Dejaron sus autos metros atrás de la puerta principal de acceso al inmueble, lejos de las cámaras de seguridad de la empresa que dirige ese diario y los de edición en Campeche y Yucatán.

Dos mujeres, una de ellas la nerviosa actuaria, llegaron arropadas por dos policías, dos abogados y otros dos hombres, quienes más tarde ayudarían a violar la entrada del inmueble. Todos estacionaron sus autos retirados del sitio y de cualquier alcance para ser grabados por videocámaras de vigilancia.

El guardia de seguridad que custodiaba en ese momento la entrada, resaltó que la funcionaria que vestía una camisa azul de manga corta, en la cual sobresalía el bordado del Poder Judicial de Quintana Roo, fue la que, sin identificación de por medio, exigió los dejaran pasar con el fin de dejar la notificación que llevaban.

Uno de los abogados, que también conformaba la comitiva, igualmente intentó presionar al guardia al insistir que necesitaban entrar para dejar el documento que tenían ellos.

El vigilante de Por Esto!, siempre les ofreció recibir el documento desde la puerta y entregarlo al área correspondiente, pero el grupo enviado por el Poder Judicial y custodiado por agentes de la Policía Estatal de Quintana Roo siempre se negó e insistían en que los dejaran pasar. Su estrategia era clara.

Un ardid en el que también tuvo responsabilidad la Consejera Ciudadana del Consejo de la Judicatura de la Entidad, María Guadalupe Cámara González, un eslabón más en la cadena de corrupción que actuó.

La respuesta que siempre obtuvieron del empleado de seguridad de Por Esto! fue que no estaba autorizado a darles el acceso a las instalaciones y menos si no se identificaban por seguridad de la empresa.

La actuaria, al ver que no logró el objetivo de intimidar al empleado, adoptó una actitud prepotente y amagó diciendo: “O les dices que abran o entramos a la fuerza. De todas formas tenemos el papel que nos autoriza a entrar”.

Uno de los agentes quintanarroenses que también iban en la comitiva, de igual manera amagó al hombre que sólo cumplía con su trabajo.

“No hagas el problema más grande, yo sé que es tu trabajo, lo entiendo. Nos puedes echar la mano si nos abres, lo que queremos evitar son golpes, yo sé que estás en tu trabajo... Si me das la facilidad, estará de poca madre".

También le advirtió que de no abrir “se va a poner feo, mejor te recomiendo que te hagas a un lado. Nosotros somos violentos, si se pone fea la cosa mando a traer cuatro patrullas más”.

La actuaria, en tanto, empezó a escribir en actas y a amenazar que como no recibió apoyo de parte del vigilante también habría consecuencias para el empleado e incluso comenzó a anotar sus señas particulares, le dijo.

Pero hubo más, la enviada por el magistrado León Ruiz procedió a ordenar la entrada a las instalaciones y por ello pidió se rompiera la cadena con la cual estaba cerrada la reja principal de acceso al diario. La segunda actuaria, sin identificar, en todo momento se limitó a observar y a cargar papeles en sus brazos.

COMPONENDA

Al momento que los abogados de Por Esto! llegaron al sitio, justo cuando se rompió la cadena de seguridad, mostraron a las ejecutoras una cédula fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en la cual se probó que la empresa que estaban localizando no estaba asentada en el edificio de la avenida Constituyentes.

Sin embargo, a la usanza de las mejores “chicanadas”  comenzaron a redactar una “actuación notarial” que prácticamente fue dictada desde el despacho de León Ruiz, con quien, aseguraron, se comunicaban para recibir instrucciones sobre su proceder con el fin de consumar su diligencia.

Asimismo, los dos representantes legales de la empresa “patito” les advertían a las actuarias que en caso de no concretarse la diligencia, interpondrían una queja por la negativa de ellas para continuar con el cumplimiento del exhorto y podrían perder su trabajo. Ellas sabían a quién servían y entonces los obedecieron.

En más de una ocasión los abogados foráneos se comunicaban vía telefónica con una persona identificada como “Cristian”,  aparentemente alto funcionario del Poder Judicial, a quien le exigían que le dijera a las actuarias que continuaran con el procedimiento, pues de lo contrario estarían “incumplimiento” con el acuerdo que ya tenían.

Luego de al menos dos horas de llamadas telefónicas hacia los despachos del Poder Judicial, las actuarias continuaron con el procedimiento ilegal y con la idea de adentrarse en las instalaciones, al no existir un impedimento físico de por medio.

Los abogados de Por Esto! les advirtieron que se estaban metiendo en un problema de ilegalidad al entrar en una empresa diferente.

La comitiva hizo caso omiso y se abalanzó al área administrativa del diario y fue ahí donde finalmente la actuaria que usaba el uniforme del Poder Judicial de Quintana Roo, dio el golpe final al entregar el control del inmueble a un hombre que no identificó, sólo dijo que llegaría después.

Acto seguido, el despojo de las instalaciones se concretó.

¿En manos de quién está la justicia, en manos de quién el Estado? Es el Poder Judicial que sin autonomía se vende a cualquier postor y es Carlos Joaquín González, el benefactor de toda la delincuencia en Quintana Roo, fomentando la corrupción.

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CG