En año y medio, repuntan casos de pornografía infantil en Quintana Roo

En el último año y medio el delito de pornografía infantil repuntó en el Estado de Quintana Roo, con tres carpetas de investigación abiertas, ocho personas detenidas por esta causa y siete menores rescatados; mientras que en los trece años anteriores sólo se registraron cuatro casos, según datos de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).

Este delito consiste en la exhibición, almacenamiento y reproducción de cualquier material de contenido sexual explícito, en el que participe un menor de edad. Esta conducta generalmente se encuentra relacionada con otros delitos, como la trata de personas y corrupción infantil.

Desde que inició la pandemia, los delitos de índole sexual han aumentado en el estado; de agosto del 2020 a la fecha se han judicializado tres casos de pornografía infantil en Quintana Roo.

Dos de éstos con fines comerciales, ambos casos ocurridos en la zona norte del estado; el caso restante ocurrió en la comunidad de Calderitas, en el Sur y no tenía fines económicos.

El primero de los tres casos ocurrió en el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso en Cancún, donde elementos ministeriales detectaron una vivienda en la que se grababan y almacenaban videos de contenido sexual explícito con menores.

En el operativo fue detenido Raúl “N”, de 59 años, quien se dedicaba a producir este tipo de material y comercializarlo en plataformas digitales. En la vivienda encontraron un disco duro y una computadora con más de 900 videos, en algunos de ellos el detenido era partícipe. También detectaron cerca de 100 imágenes almacenadas, con fotos explícitas de menores de edad.

En el lugar se pudieron rescatar a cuatro niñas, con edades que van de uno a 14 años.

El segundo caso fue en la comunidad de Calderitas, en el municipio de Othón P. Blanco, donde una mujer identificada como Erika “S” fue detenida por abuso sexual y pornografía infantil; según los datos recabados, esta persona abusaba sexualmente de sus tres hijos y se grababa, posteriormente le enviaba los videos vía Whatsapp a su pareja sentimental, recluida en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal.

Erika “S”, como su esposo, permanecen tras las rejas por el delito de pornografía infantil, aparte de esta condena la mujer enfrenta los cargos de abuso sexual agravado y corrupción de menores.

El último caso relacionado con pornografía infantil fue descubierto el pasado viernes en la ciudad de Isla Mujeres, donde agentes ministeriales catearon tres viviendas, en dos había equipo de producción y material explícito de menores de edad.

Mientras que en la tercera encontraron una cantidad no especificada de droga; hasta el momento las autoridades especulan que se podría tratar de una red de trata de mujeres y distribución de pornografía infantil.

En el operativo detuvieron a cinco personas, quienes aún no han sido vinculadas a proceso; ya que sus abogados solicitaron la ampliación del término constitucional para revisar el caso; sin embargo, ya se encuentran en el Cereso de Cancún.

Estos tres casos han ocurrido en el último año y medio, prendiendo las alarmas de las autoridades; la FEVIMTRA señala que del 2007 a mediados del 2020 sólo ocurrieron cuatro casos denunciados de pornografía infantil en el estado, en los años 2011, 2014, 2015 y 2016.

Poco atendido

La judicialización del delito de pornografía infantil generalmente deriva de una investigación previa por otros delitos, ya sea trata, abuso sexual, estupro o prostitución de menores, pero no existe una fiscalía especializada en contra de este crimen.

Esto indica que no hay una investigación formal contra las personas que producen este tipo de contenidos, generalmente se derivan de otras indagaciones o son planteadas por los fiscales en los juicios.

Los criminales que se dedican a este delito se han movido junto con la tecnología de manera rápida, mientras que el sistema burocrático de justicia en el estado se quedó corto y sin investigar este tipo de crímenes.

Actualmente, la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE), se mantiene hermética con los datos derivados de estas investigaciones; lo lamentable es que este tipo de delitos se mantiene invisibles ante las autoridades.

No es algo nuevo

En el estado se han suscitado casos en los que se deja en evidencia la existencia de redes de trata de personas, los ejemplos más claros son los ocurridos en el norte con el caso Lydia Cacho y en la ciudad de Chetumal con el caso Pepín.

El primero de estos hechos ocurrió en el año 2005, la periodista publicó su libro Los Demonios del Edén, en el que relata cómo funcionaba una red de trata de menores operada por Kamel Nacif en la ciudad de Cancún, donde la prostitución y las acusaciones llegaron a altas esferas de gobierno.

Como consecuencia, la periodista fue detenida por la Fiscalía del Estado de Puebla, por el supuesto delito de difamación contra el ahora exgobernador Mario Marín, quien era mencionado en el libro.

La mujer fue encarcelada y después de dos años liberada. A pesar de que expuso una red de prostitución y la cual estaba protegida por las autoridades de Quintana Roo, sólo se procedió contra Kamel Nacif y Mario Marín, el primero se encuentra detenido en Líbano, mientras que el exmandatario de Puebla está en el Cereso de Cancún.

El 1 de septiembre del 2007, en la ciudad de Chetumal, Nikita Spat Avilés asesino a Juan José González Pepín, aparentemente movida por el odio y venganza contra esta persona.

Este caso destapó una red de trata de menores en el Sur de Quintana Roo, que tenía como común denominador con el caso Lydia Cacho, la protección de las autoridades.

Pepín González encabezaba una red de trata de personas en Chetumal, el sujeto tenía a su disposición y para sus invitados a varias menores de edad, a quienes pagaba para su atención y en algunos casos los hechos quedaron videograbados.

Este sujeto contaba con el encubrimiento de autoridades, actuando con impunidad; sin embargo, estos hechos se le revirtieron cuando abusó de la hija de Spat Avilés, ocasionando la ira de la madre, quien terminó por asesinarlo.

El pasado 15 de septiembre, Nikita Spat recobró su libertad después de 12 años, pero el caso dejó en evidencia una red de trata de menores que operaba en el sur del estado.

De la mano con la trata

La trata es un delito que va de la mano con la pornografía infantil, en su gran mayoría los menores son sustraídos de sus hogares, a la fuerza o con engaños, y son obligados a prostituirse o a participar en contenido de material explícito.

Desde enero del 2020, en el estado se han detectado 24 niñas víctimas del delito de trata de personas. Veinte de ellas en 2020 y cuatro en la primera mitad de 2021, según datos de la FEVIMTRA. En este delito, las niñas son víctimas de comercio de personas con propósitos de esclavitud sexual, laboral, mental, reproductiva, trabajos forzados o para la extracción de órganos.

Respecto a los casos de corrupción de menores en Quintana Roo, han sido 94 que fueron detectados, 66 casos en el 2020 y 28 de enero a junio del 2021, cantidad alarmante en este tipo de crímenes.

Del cien por ciento de víctimas de trata y corrupción de menores, el 25 por ciento son menores de edad, según los datos otorgados por la FEVIMTRA.

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CG