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Entre cinco y diez mil pesos venden los servicios de incineración los “coyotes” que se establecen en el estacionamiento del Hospital General, cuando el precio promedio en cualquier funeraria es de entre seis mil y siete mil 500 pesos, de acuerdo con un sondeo realizado en la ciudad.
En general, la incineración de una persona que falleció a consecuencia de COVID-19 tiene un costo aproximado de siete mil pesos, sin embargo, los “coyotes” ofrecen estos servicios hasta por 10 mil pesos.
Sin embargo, no existe un tabulador de precios para los servicios fúnebres y cada empresa de este giro puede vender el mismo tipo por un costo de hasta 200 por ciento por arriba al valor real, tomando en cuenta únicamente la ubicación de la funeraria o la posición económica los familiares del difunto.
De acuerdo con fuentes consultadas por Por Esto!, los 'coyotes' ofrecen un servicio de incineración con precios que están por debajo de su costo real y trasladan al doliente a la funeraria, que de inmediato envía por el cadáver al Hospital General, sin embargo, al firmar el contrato la funeraria comienza a encarecer la tarifa, argumentando que el primer precio no incluía el traslado del cuerpo y otros trámites por lo que el costo se duplica.
Ese fue el caso de Lucrecia Aguirre, “Luchita”, una mujer de la tercera edad, residente de la Supermanzana 248, quien perdió a su hermano a consecuencia del COVID-19 y al ser notificada del deceso rompió en llanto en las puertas del mencionado nosocomio, a donde iba llegando para entregar un medicamento que le pidieron.
A ella se acercaron de inmediato dos hombres, “uno chaparrito y otro alto”, quienes le ofrecieron ayuda y le prometieron que podían conseguirle la incineración de su familiar a costo muy bajado, considerando que era una mujer de la tercera edad.
De acuerdo con el relato, de inmediato una carroza llegó al lugar con una serie de documentos que “Luchita” tenía que firmar, y fue ahí donde le dijeron que el costo era de aproximadamente 10 mil pesos, por lo que al no contar con el dinero suficiente, decidió contactar a otros familiares, que se dirigieron a otra funeraria donde el costo final fue de seis mil pesos, gracias a un descuento que les ofreció el propietario de la casa funeraria al ver su precaria situación.
“Lamento que existan personas a las que no les importe el dolor de los demás y su única preocupación sea ganar dinero sin respetar el dolor ajeno”, recalcó la mujer.
En ese sentido, Fernando Gómez, director del corporativo funerario Cancún, reconoció que existen empresas del ramo que recurren a esa práctica sin darle la capacitación correspondiente a sus trabajadores para que brinden una atención clara y adecuada a los familiares que se encuentran atravesando un duro proceso de duelo.
Explicó que en la actualidad no existe una cifra exacta de cuántasfunerarias existen en Cancún, debido a que ahora con una camioneta y desde un domicilio particular instalan una funeraria de un día para el otro, por lo que probablemente no cuenten con registro ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Por su parte la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó en su página oficial la existencia del coyotaje en los servicios funerarios en el país y recomendó a la ciudadanía evitar adquirir cualquiera de éstos en las calles y dirigirse a negocios debidamente establecidos.
En Quintana Roo han fallecido a consecuencia del virus SARS-CoV-2 dos mil 219 personas, de las cuales mil 399 han sido en Benito Juárez, situado en la zona norte de la entidad y que desde el pasado día 23 y hasta el 31 de enero se encuentra en Semáforo Epidemiológico color Naranja, debido a los altos índices de contagio.
CG
