Quintana Roo, con 38% de calificación en transparencia de la deuda pública

Quintana Roo se posiciona en el lugar 21 en materia de transparencia presupuestal a nivel nacional y está reprobado en transparencia de la deuda pública del último ejercicio fiscal 2019, periodo en el que ejerció un presupuesto de 34 mil 579 millones de pesos. Los grandes pendientes son la transparencia en el manejo del presupuesto, los detalles en la contratación de nuevos empréstitos y el destino de la deuda pública.

De acuerdo con la última evaluación del Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2019, que elabora el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el estado de Quintana Roo tuvo una calificación reprobatoria del 38 por ciento en transparencia de su deuda pública. 

En el marco del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, a celebrarse este 28 de septiembre, reveló en la última información dada a conocer por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) que la deuda per cápita de Quintana Roo se redujo de 15 mil 478 pesos en 2016, a poco menos de 13 mil pesos en el primer trimestre de 2020. 

La Sefiplan aseguró que, en el periodo 2010-2015, la deuda per cápita tuvo un crecimiento real de 61.4 por ciento y alcanzó el valor de 16 mil 276 pesos por habitante en 2015; pero de 2016 al primer trimestre de 2020 se ha logrado reducir en 20.2 por ciento. 

Aunque el estado de la deuda pública ha mejorado para Quintana Roo, la última evaluación del Imco lo reprueba en la transparencia de este rubro, principalmente porque se desconocen o no se informó debidamente de las tasas o plazos de contratación, así como el destino de la deuda. Al cierre de 2019 la deuda pública de Quintana Roo se redujo a unos 19 mil millones de pesos. 

De 32 entidades federativas evaluadas en 2019, que correspondió al periodo completo del último ejercicio fiscal, el gobierno de Quintana Roo obtuvo el puesto 21 del IIPE, principalmente por haber tenido un bajo cumplimiento de transparencia en los tabuladores y plazas (78%), así como rubros específicos (62%). 

Los ingresos totales del año pasado ascendieron a 34 mil 579 millones de pesos, cantidad que se dividió en ocho mil 554 millones de ingresos propios y 26 mil 26 millones de ingresos federales.  

En el periodo evaluado se destinaron dos mil 494 millones a sueldos y salarios, rubro donde se observó que las dependencias y otros organismos públicos no transparentaron debidamente los tabuladores y plazas, ya que aunque si cumplieron con los parámetros básicos, hubo información incompleta, poco clara, inexistente o difícil de entender o de encontrar. 

Las ayudas sociales de 2019 ascendieron a 19 mil 952 millones de pesos, rubro que asociaciones civiles han señalado por su falta de transparencia, ya que se habla del gasto presupuestal general, pero no se detalla un padrón de beneficiarios y el apoyo recibido por cada uno de ellos, no se conoce el motivo o tipo de apoyo y tampoco el funcionario que lo autorizó, entre otros datos que son importantes para poder conocer el destino y manejo de los recursos. 

La evaluación corresponde al pasado ejercicio fiscal de 2019. El presente ejercicio fiscal está en proceso y, debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, son varias las dependencias del gobierno del Estado, los Poderes Legislativo y Judicial, los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, así como otros sujetos obligados que no han actualizado su información de los portales de transparencia, incluyendo sus estados financieros y de presupuesto, de obras y contrataciones, entre otras responsabilidades, contando con la tolerancia del Idaipqroo que les ha dado prórroga hasta la segunda quincena de octubre. 

Reprobado en transparencia por Asociaciones Civiles 

La asociación Somos tus Ojos-Transparencia por Quintana Roo dijo que en la entidad existe una simulación en materia de acceso a la información, que incluye a los tres poderes, los ayuntamientos, dependencias estatales y organismos descentralizados, así como la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes cumplen a medias o simplemente no cumplen con sus obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.  

Aunque Quintana Roo ocupó el tercer lugar nacional en el Índice de Gobierno Abierto 2019, presentado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la realidad es que los parámetros de medición no permiten la completa transparencia en materia gubernamental, ya que los sujetos obligados presentan datos muy generales y la ley no los obliga a detallar cada rubro, por lo que muchas veces la información es muy escueta e insuficiente, indicó Fabiola Cortés Miranda, presidenta de Somos tus Ojos-Transparencia por Quintana Roo. 

Es por ello que hay mucha opacidad en el tema presupuestal, en gastos de ayudas sociales, en derechos de saneamiento ambiental y otras recaudaciones, así como en las percepciones y nóminas de gobierno, entre otros aspectos que no se informan o se informan a medias a la ciudadanía, sostuvo.   

Ejemplo de ello, señaló, ha sido la información del gasto y acciones emprendidas en la atención de la pandemia por COVID-19, que puede ser consultada en la página del Idaipqroo para el seguimiento y rendición de cuentas de la emergencia sanitaria; donde se señala que los ayuntamientos, gobierno del estado y sus dependencias, así como otros entes públicos han destinado un monto global de mil 125 millones 88 mil pesos para atender la actual contingencia.  

“Sin embargo, aunque se puede encontrar el monto presupuestal que cada organismo ha destinado en ayuda alimentaria (despensas) y otros gastos relacionados con la pandemia, no se detalla con exactitud el manejo ni destino de los recursos, cuáles y cuántos beneficiarios, así como tampoco las acciones concretas que se han realizado”, explicó Fabiola Cortés.  

La activista dijo que el Derecho de Saneamiento Ambiental es otro tema donde hay mucha opacidad, ya que los ingresos, gastos y acciones provenientes de este concepto no se hacen públicos, sino que la información tiene que ser solicitada de manera personal, en trámites que son confusos y muy tardados, pudiendo prolongarse hasta por varios meses y sin que existan garantías de que los datos serán satisfactorios a lo solicitado.  

El Derecho Saneamiento Ambiental aplica desde hace más de un año en los municipios de Solidaridad, Benito Juárez, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Cozumel e Isla Mujeres; y este año se aprobó para su entrada en vigor en los municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco, proyectando una recaudación de dos millones 500 mil pesos, 610 mil y 17 millones 148 mil pesos, respectivamente, de acuerdo con sus respectivas Leyes de Ingresos del presente ejercicio fiscal 2020.  

Por la pandemia del COVID-19 es lógico que las proyecciones presupuestales por Derecho de Saneamiento Ambiental tendrán que modificarse y van a disminuir, ya que es una recaudación que depende del turismo, pero a tres meses de terminar el año los ayuntamientos no han informado ni rendido cuentas en este tema, a pesar de que cada municipio debe contar con Comité Ciudadano de Seguimiento a la aplicación de los recursos públicos que se generen por ese Derecho, indicó la presidenta de Somos tus Ojos.  

Mencionó que los gastos de Ayudas Sociales son otro rubro opaco y con cifras maquilladas e incompletas, por este tema existen denuncias contra la pasada XV Legislatura por el manejo irregular y presunto desvío de recursos de más 100 millones de pesos; ya que Somos tus Ojos y otras asociaciones descubrieron falsos beneficiarios, nombres repetidos, beneficiarios que trabajan o trabajaban en puestos de Gobierno o del Poder Legislativo y que no necesitaban del apoyo, así como falsificación de documentos y otro tipo de anomalías.  

La historia se repite en la actual XVI Legislatura, donde se tiene un gasto de 40.5 millones de pesos que se destinaron a ayudas sociales durante el primer semestre de 2020, pero no se ha hecho público el padrón de beneficiarios, el monto específico por cada uno de ellos, el tipo de apoyo y el nombre de la diputada o diputado que lo autorizó, entre otra información importante.  

“Está también la información relativa a contratos de obras, arrendamientos y servicios que no publican, y que debe ser solicitada de forma particular por los interesados, como ocurrió en el caso de las obras de remodelación de la Quinta Avenida de Playa del Carmen, para lo cual Somos tus Ojos tuvo que promover dos amparos ante un Juez Federal y obligar al Ayuntamiento a que entregaran sus informes de los trabajos y el recurso ejercido”, refirió Fabiola Cortés.  

Agregó que es inexistente, incompleta o poco detallada la información relacionada al gasto de viáticos, los convenios con medios de comunicación y particulares que se dedican a difundir información, de asesores, así como de las percepciones salariales de altos funcionarios en Ayuntamientos, dependencias del gobierno del Estado, Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos descentralizados y otros entes públicos.  

En ese sentido, dijo que al no existir la información clara y precisa de la nómina de cada organismo y/o gobierno municipal o estatal, es que se ha permitido la corrupción en aviadores, duplicidad de funciones y personajes recomendados que ganan onerosos sueldos, sin que esto se haga público.  

“La información pública obligatoria debería incluir, por lo menos, el ingreso real total y el puesto o función que desempeña cada empleado. Otra gran problemática es la de los ‘aviadores’, que perciben un sueldo sin siquiera presentarse a trabajar o no tienen funciones claramente definidas, a quienes se les inventan cargos o simplemente se les mete en la nómina como por compañerismo, nepotismo o un pago de favores”, expresó la entrevistada.  

En materia presupuestal también hay mucha opacidad, aseguró la presidenta de Somos tus Ojos, al señalar que “el gobierno del Estado con frecuencia presume sus buenas calificaciones sobre todo en el tema de la transparencia presupuestaria; lo cual es absurdo cuando el presupuesto de egresos que publican, con sus más de mil hojas del detalle del gasto es ilegible en casi todo el documento, y hablo del presupuesto 2018 y 2019, este último que se está ejerciendo ahora”.  

De acuerdo con el Paquete Fiscal 2018 y 2019 del Estado de Quintana Roo, el Presupuesto de Egresos fue de 28 mil 415 millones y 34 mil 579 millones de pesos, respectivamente.  

Sostuvo que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) es de las dependencias que ocultan o no informan debidamente del gasto presupuestal, por ejemplo se reserva lo relativo a compra de equipo y artículos diversos pretextando razones de seguridad.  

“Para las asociaciones civiles Quintana Roo sigue reprobado en el tema de transparencia y acceso a la información, tanto las dependencias del Ejecutivo estatal y sus organismos, Poder Judicial, Poder Legislativo, Fiscalía, así como sus municipios. No cumplen debidamente con las obligaciones de transparencia, aunque tienen registrada la información correspondiente en la Plataforma Nacional de Transparencia, ésta es incompleta, parcial y no está actualizada”, concluyó Fabiola Cortés.  

Con este análisis, la abogada y activista dijo que el acceso a la información se cumple a medias en la entidad, “los sujetos obligados siguen reservando información sin razón, por opacidad, en complicidad con un Idaipqroo que está muy lejos de ser el garante del acceso a la información. Es inconcebible que el Idaipqroo se mantenga paralizado por varios meses, sin sesionar y sin garantizar que los sujetos obligados cumplan con la transparencia de este 2020, lo que ha permitido el incumplimiento de muchos sujetos obligados, como el caso del Ayuntamiento de Bacalar y Othón P. Blanco, que desde el año pasado no actualizan la información de sus portales de transparencia”, puntualizó.  

“Somos tus Ojos y sus colaboradores, como el activista Antonio Ramos, somos la asociación que más información requiere a todos los sujetos obligados, por lo que podemos hacer un diagnóstico cualitativo muy apegado a la realidad; con lo que concluimos que, en muchos casos, los sujetos obligados no publican la información completa, detallada, accesible y entendible, que además esté actualizada de manera continua. Además que continúan desplegando una estrategia de desgaste para el ciudadano, que debe interponer recursos de revisión y esperar meses o hasta un año después para obtener los datos que por ley deberían estar publicados”, concluyó Fabiola Cortés.  

Finalmente, dijo que la fortaleza en materia de transparencia es que cualquier ciudadano, con su nombre o con un seudónimo, puede solicitar la información que quiera al gobierno o cualquier sujeto obligado; pero la debilidad es que muchas veces se enfrenta con una total resistencia de estos sujetos obligados, que se niegan a rendir cuentas y se apoyan de cualquier pretexto legal para no hacerlo. 

Por Gabriel E. Manzanilla