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La XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobó un punto de acuerdo con carácter de obvia y urgente resolución, cuya finalidad es exhortar a las autoridades federales para que agilicen la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y con ello dar la atención debida a la población de las comunidades de los municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Bacalar, que se vieron afectados por las fuertes lluvias e inundaciones ocurridas del 3 al 5 de junio de 2020, por el paso de la tormenta tropical Cristóbal.
El acuerdo fue avalado por unanimidad de 19 legisladores presentes, quienes señalaron que es urgente cubrir las necesidades alimenticias, de abrigo, salud, cultivos siniestrados, vías de comunicación destruidas y otras afectaciones que dejaron las inundaciones y escurrimientos provocados por la tormenta tropical Cristóbal.
La XVI Legislatura exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, para que a través de las unidades que correspondan y bajo el principio de inmediatez, agilicen los trámites conducentes y sean liberados los recursos financieros del Fonden, ante la existencia de la declaratoria de desastre natural y la declaratoria de emergencia por lluvia severa, ambas publicadas en fechas 12 y 15 de junio de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para con ello poder contar con esos recursos y dar la atención debida a las comunidades afectadas de los municipios de José María Morelos, Othón P. Blanco, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto.
En su intervención, el diputado presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil, Luis Fernando Chávez Zepeda, dijo que los recursos autorizados del Fonden ascienden a más de 240 millones de pesos, pero su entrega se ha retrasado debido a ciertos lineamientos que se tienen que cumplir, aunque esperan que el recurso sea liberado a más tardar en octubre próximo.
El Congreso de Quintana Roo aprobó también un exhorto dirigido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a su Dirección General de Marina Mercante, a fin de que lleven a cabo las acciones necesarias para regular las tarifas en la prestación de los servicios marítimos en el territorio Quintana Roo, con especial atención a los traslados entre la Isla de Cozumel y la Ciudad de Playa del Carmen.
También piden a la SCT que solicite la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica, debido a que actualmente de manera clara se puede presumir que no existen las condiciones de competencia efectiva y además existen prácticas violatorias a la Ley Federal de Competencia Económica, tras observar irregularidades en el servicio y tarifas del transporte marítimo de pasajeros en la entidad, ya que al no existir una regulación las líneas navieras han subido sus costos arbitraria e injustificadamente en perjuicio de turistas y habitantes de Quintana Roo, llegando a aumentar hasta 100 por ciento en el periodo de un año.
Además, del mismo modo se solicita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, con intervención de la SHCP, establezcan un subsidio o estímulo fiscal al costo del diésel marino utilizado por las navieras que prestan servicios de transportes marítimos a la Isla de Cozumel, con la finalidad de que durante esta crisis económica derivada del COVID-19 y la fase de recuperación económica de la industria turística de la península, las tarifas que establezcan las navieras para los usuarios sean accesibles y atractivas.
Por Gabriel E. Manzanilla
