Sin avances de 475 propuestas, Mara Lezama llega a su segundo informe

Hoy la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa, rendirá cuentas sobre el porcentaje de avances de las 475 propuestas presentadas en el Plan de Desarrollo 2018-2021, a través de su segundo informe de gobierno.

En el eje de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, son 167 propuestas, entre las que destaca el programa para prevenir la violencia y la delincuencia; sin embargo de acuerdo con el Semáforo Delictivo de Quintana Roo, hasta julio de 2020, Benito Juárez tiene un incremento de 11 por ciento en robo a vehículo, cuatro por ciento en robo a negocio y 67 por ciento en extorsiones.

En el eje de Justicia Social hubo 88 propuestas y se prometió igualdad de condiciones para discutir la pobreza; no obstante, de acuerdo con la Secretaría de Bienestar, en el municipio, 27.7 por ciento de la población vive en pobreza.

Mientras que en el eje de Desarrollo Sostenible hay 138 propuestas, entre las que destaca atender asentamientos en zonas irregulares; sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano, aún permanecen 125 colonias sin regularizarse.

Promesas desde hace dos años

Del 6 al 9 de noviembre de 2018 se realizaron cinco Foros de Consulta Ciudadana donde se presentó el Plan de Desarrollo del Municipio (PMD) de Benito Juárez 2018-2021 para detallar temas relacionados con los cuatro ejes de desarrollo del PMD.

En seguridad

El primer eje está representado por la Seguridad Ciudadana, que aborda las principales problemáticas en torno a ese tema: programa integral y participativo de seguridad pública para prevenir la violencia y la delincuencia; asamblea de vecinos por la seguridad; recuperación de espacios públicos; acciones para la recomposición del tejido social: culturales, deportivas y recreativas; el seguimiento de atención a las víctimas de la violencia y la delincuencia; policía cercana a la ciudadanía (proximidad); atención a la violencia de género, acoso laboral, escolar y ciberacoso; fortalecimiento de capacidades para la Seguridad Pública y Tránsito: aplicación de la tecnología; educación y seguridad vial, así como las acciones para evitar la corrupción.

Sin embargo, a la fecha hay un área de oportunidad en el tema de seguridad, ya que de acuerdo con el Semáforo Delictivo de Quintana Roo, en el municipio hubo hasta julio de 2020 198 casos de homicidio, 82 casos de extorsiones, 212 casos de narcomenudeo, 6 secuestros, 967 robos a vehículos reportados, 471 robos a casa, 2 mil 292 casos de robo a negocios, 480 lesiones, 178 violaciones, mil 368 casos de violencia familiar y cuatro feminicidios.

Rezagos no permiten justicia social

El segundo eje del PMD está enfocado en la Justicia Social, donde se prevé atender los temas: Desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes; Empoderamiento de la mujer; Igualdad de condiciones para disminuir la pobreza; Acceso a la salud; Atención a grupos vulnerables: Participación de la sociedad y el gobierno; Prevención y atención a las adicciones; Participación ciudadana para la cohesión social; Servicios públicos de calidad y Gestión social mediante la vinculación con el sector empresarial.

Pero de acuerdo con datos del Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2020 en Benito Juárez de la Secretaría de Bienestar, la población en pobreza es de 273 mil 981 personas, lo que representa 27. 7 por ciento de la misma; de las cuales se desprenden 182 mil 59 ciudadanos en pobreza moderada y 21 mil 962 en pobreza extrema.

Asimismo, hay una población con rezago educativo de 115 mil 723 habitantes; sin acceso a la salud hay 163 mil 26 personas, sin acceso a la seguridad social son 370 mil 822; la población con carencia por calidad de espacio en la vivienda es de 108 mil 966 habitantes, las que tienen carencia por servicios básicos de la vivienda son 78 mil 867 ciudadanos y la población de Cancún que tiene carencia por alimentación son 196 mil 814 personas.

Desarrollo sin equilibro y sustentabilidad

El tercer eje se enfoca en el Desarrollo Sostenible, donde los temas a resolver son: Optimización de los servicios públicos; Bienestar económico para la población, apertura de negocios y apoyo al empleo; Turismo sustentable; Atender asentamientos en zonas irregulares; Desarrollo urbano y crecimiento ordenado de la ciudad; Protección de la flora y fauna endémica; Bienestar animal: Acciones en favor de la fauna doméstica; Desarrollo de espacios públicos eficientes y su pertinencia, así como la Infraestructura para una movilidad amigable.

Sin embargo, en lo que va de la administración de Mara Lezama, ninguna de las 125 invasiones que hay en Cancún se ha podido regularizar.

De hecho, de acuerdo con la Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano durante la pandemia por el COVID-19 se reportaron dos nuevos asentamientos irregulares en medio de la mancha urbana.

Falta claridad en recursos de hospedaje

El cuarto eje se enfoca en la Eficiencia y Transparencia, donde se prevé atender los temas: Acciones de combate a la corrupción; Evaluación del desempeño de los servidores públicos; Transparencia en el proceso de adquisiciones y obra pública; Participación ciudadana mediante la contraloría social; Gobierno digital; Rendición de cuentas y transparencia; Eficiencia de la gestión pública y simplificación administrativa; Optimización de los recursos públicos y la Protección del patrimonio intangible del ayuntamiento.

Pero en lo que respecta al fondo de Derecho de Saneamiento Ambiental que se cobra a turistas por cada noche de hospedaje y luego se destina al Ayuntamiento para saneamiento ambiental y recolección de sargazo, tiene falta de transparencia, según señalamientos de Eduardo Galaviz, presidente del Observatorio Legislativo, quien indicó que sería importante que Mara Lezama explicara el uso del cobro por el saneamiento ambiental, ya que durante el desarrollo de la pandemia, ese recurso se destinó para  las despensas como parte del programa alimentario para atender a la ciudadanía. Después la alcaldesa aceptó que la fuente para comprar las despensas provenía de ese fondo, sin dar mayores detalles de cuánto dinero quedó en el fideicomiso.

Además, la edil fue denunciada ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) en julio de este año por la asociación Opus Magnum.

La acusación es por la sociedad “Desarrolladora Cumpal”, de la cual forma parte ella, junto a su esposo Omar Terrazas, su hermano Miguel y dos de sus tres hijos, que posiblemente tuvo operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por Diego Ramos