Próxima audiencia del exgobernador Roberto Borge será el 15 de septiembre

El gobierno de Panamá aún no resuelve la solicitud presentada por el gobierno de México para que se pueda imputar por el delito de delincuencia organizada a Roberto N., exgobernador de Quintana Roo, pues la defensa del exmandatario se encuentra combatiendo esta situación y confían en poder revertirla, al asegurar que no existe la orden respectiva emitida por un juez de control, informó su abogado Raúl Karin de la Rosa Peláez.

El abogado defensor mencionó que no existe un plazo legal para resolver la solicitud del gobierno mexicano, aunque afirmó que no es posible otorgarla porque no existe una orden de comparecencia o presentación emitida por un juez que lo avale, de manera que se está ante un engaño de la autoridad solicitante.

El Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá vigente no establece temporalidades para resolver dicho recurso. Este acuerdo bilateral, en su artículo XVII, establece un Principio de Especialidad para que “ninguna persona extraditada de conformidad con el presente Tratado sea detenida, procesada o condenada en el territorio de la Parte Requirente por un hecho o hechos constitutivos de delito distintos de aquellos por los cuales fue otorgada la extradición”, con excepción de que “las autoridades competentes de la Parte Requerida consintieran en ampliar la solicitud de extradición a efectos de la detención, enjuiciamiento o condena de la persona reclamada por un hecho constitutivo de delito distinto del que motivó la solicitud. La Parte Requirente deberá remitir a la Parte Requerida una solicitud formal de ampliación de la solicitud de extradición, la que será resuelta por esta última”.

Karin de la Rosa recordó que en noviembre de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez de distrito especializado en sistema penal acusatorio en el Estado de México, con sede en Almoloya, audiencia para la celebración de la audiencia inicial para la imputación de Roberto N. por el delito de delincuencia organizada.

“El juez de control mencionado les pide que previo a citar a las partes para esa audiencia le hagan llegar la autorización del estado de Panamá, para que le sea imputada esa quinta causa penal, ya que Panamá sólo lo extradita por una causa federal (381) y tres locales (151/2017, 154/2017 y 159/2017), pero de acuerdo al principio de especialidad contemplado en el tratado entre ambos países, sólo se le puede juzgar por aquellos delitos por los que se le extraditó”, comentó el abogado.

Mencionó que lo que ahora busca el gobierno mexicano es ampliar el caso del exmandatario quintanarroense e imputarle un nuevo delito, que es el de delincuencia organizada, por lo que a finales de enero del presente año, el estado mexicano hizo una consulta al gobierno panameño relacionada con los alcances del Tratado de Extradición y los documentos que requiera para iniciar el trámite para que otorgue su aprobación a lo que están solicitando.

“La solicitud formal a Panamá se hace el 19 de mayo de 2020, pero todavía está en revisión y además es algo que estamos combatiendo. Se está definiendo el trámite porque existe diferencia entre la Fiscalía panameña y la Cancillería de ese país, por lo que también se debe revisar si es una definición de Relaciones Exteriores de Panamá o una definición jurisdiccional”, sostuvo Karin de la Rosa.

Sin embargo, aseguró que el estado mexicano pretende sorprender al gobierno panameño al no haber una orden de un juez para imputarle el delito de delincuencia organizada y la Fiscalía General de la República no tiene facultades para solicitar la ampliación de la extradición, de manera que están buscando revertir esta solicitud.

Hizo hincapié en que conforme al Principio de Especialidad, Roberto N. sólo puede ser juzgado por los cuatro delitos que se especificaron en su solicitud de extradición, por lo que si se quiere imputar el delito de delincuencia organizada, Panamá tendrá que ampliar los términos de la solicitud, a efectos de que pueda proceder un proceso penal distinto al de la petición original.

Próxima Audiencia

Por otro lado, dijo que la próxima audiencia de Roberto N. está programada para el 15 de septiembre y se hará de manera virtual, atendiendo a la carpeta 159/2017 por el delito de peculado.

Explicó que se tratará de una audiencia intermedia para la depuración de vicios formales de la acusación y los medios de prueba que se pretenden ofrecer en el juicio oral, “esa audiencia tiene como base la acusación formal realizada por la Fiscalía General del Estado. Es por el delito de peculado, por la distracción de su objeto de 18 inmuebles de dominio privado”, puntualizó.

Deberán participar la Fiscalía General del Estado (FGE), la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro) y la defensa de Roberto N.

Karin de la Rosa dijo que la mayoría de estos bienes han sido recuperados a favor del estado, además de que presentarán pruebas para solicitar el sobreseimiento de la causa penal.

Recordó que el exgobernador de Quintana Roo enfrenta 3 acusaciones estatales por el delito de peculado (159/2017), desempeño irregular de la función pública (154/2017) y aprovechamiento ilícito (151/2017), así como una de índole federal (381/2017) por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Aseguró que existen los elementos para comprobar la inocencia de su cliente, ya que han encontrado diversas irregularidades del debido proceso, por lo que sólo es cuestión de que las carpetas de investigación se “caigan” o se resuelvan a su favor, aunque señaló que las autoridades estatales están tratando de dilatar el proceso el mayor tiempo posible, convirtiéndolo en una “persecución política” y de intereses económicos.

Además de asegurar que se está ante una “persecución” o “cacería” política, dijo que lo que “empezó como una campaña de contraste en medios de comunicación y redes sociales, en el marco del proceso de sucesión a la gubernatura del estado, se ha convertido en un negocio que pasa por contrataciones millonarias”.

“Una constante de los asuntos en contra del exgobernador es la ausencia de un concepto claro o entendible de lo que supuestamente hizo, así como la sorprendente escasa relevancia de todo cuanto se le imputa. Como ejemplo, quisiera mencionar la acusación de la causa penal 154/2017, en la que la FGE lo acusa de haber otorgado concesiones de transporte en Isla Mujeres sin que se hubieran pagados los derechos y algunas supuestas violaciones formales, conductas que no fueron desplegadas por Roberto N., sino que se parte de las realizadas por terceros, que luego se conectan por la única razón de que en ese momento él era quien encabezaba la administración pública”, concluyó el abogado.

Por Gabriel E. Manzanilla