Desempleados en Cancún, indefensos por cierre de las Juntas de Conciliación

Desempleados de Cancún se encuentran en estado de indefensión, porque el área de la Junta de Conciliación y Arbitraje donde se ventilan los juicios laborales, permanece cerrada, expresó el abogado Juan Manuel Benítez, quien además aseguró que muchas personas no conocen sus derechos laborales.

Recordó que ante los despidos masivos en la entidad por el cierre de las actividades turísticas durante tres meses, muchas personas se quedaron sin una liquidación justa.

En las instalaciones de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el municipio Benito Juárez, se han dado cita desde junio muchos trabajadores que buscan una resolución con sus expatrones para que les paguen lo justo de acuerdo a la ley.

A merced de las empresas

El abogado Juan Manuel Benítez, quien lleva el caso de varios trabajadores, afirmó que los hacen esperar muchas horas para ser atendidos por la administración de la dependencia gubernamental y que sólo reparten seis o siete fichas para darles un citatorio, quedando a la espera de la decisión del patrón, quien muchas veces no tiene interés por arreglar la situación y les terminan pagando cantidades mínimas.

“El problema es que las personas están es estado de indefensión, porque aunque la Procuraduría de la Defensa del Trabajador esté abierta, no está dando la atención que se debe y los están dejando desprotegidos. La Junta de Conciliación está cerrada y es ahí donde se ventilan los juicios; eso ocasiona que el patrón no sienta presión en hacer un arreglo justo, y es inadmisible que estén postergando la apertura de la Junta, cuando la impartición de justicia es una actividad esencial”, expresó.

Dijo que aprovechándose de la situación, “muchos representantes de empresas les dicen al trabajador ‘si quieres te doy 10 mil (aunque le correspondan 40 mil), si no los quieres, pues espera a que abra la junta y ahí lo arreglamos’. Es algo muy injusto”, subrayó.

Añadió que hay trabajadores a los que les están reteniendo sus documentos desde abril y los condicionan a firmar la renuncia para entregárselos, y luego acuden acá (Junta) y si la empresa no llega al citatorio, no les pueden ayudar; van a Derechos Humanos y también está cerrado. No es posible, eso está mal, si ellos que son los servidores públicos no los ayudan, ¿entonces quién?”,  cuestionó.

El abogado recalcó que no hay suficientes servidores públicos para atender las demandas de los trabajadores durante la pandemia.

Afirmó que aunque algunos refieren que les dan solución al problema, no es la cantidad acorde a la ley, porque hay muchas personas que no conocen sus derechos laborales y se ajustan a lo que les dicen.

Aceptan lo que sea

Rosy Rodríguez, extrabajadora de una empresa en Bonfil, refirió que la despidieron hace 15 días, después de nueve años laborando, y aunque dijo que conoce “más o menos” sus derechos laborales y que incluso tomó una asesoría, aceptaría menos de lo que la ley dicta, con tal de solucionar el problema rápido.

“Me dijeron que después de nueve años, me corresponden 40 mil pesos, pero si hay una conciliación, aceptaría al menos 20 mil, porque no me gusta estar metida en asuntos legales”, comentó.

Por otro lado, Jorge Alberto Rosas, exempleado del hotel Solaris, quien este jueves asistió a su segundo citatorio, dijo que espera que algún representante de la empresa se presente, pues al momento del despido le dijeron que si no aceptaba sus condiciones, le hiciera “como quisiera”.

“El hotel Solaris ha cometido muchos fraudes e injusticias; cuando inició la pandemia, en el primer mes me dieron una ayuda de tres mil pesos, el segundo redujeron la cifra y el tercer ya no me dieron nada. Después me hablaron para que me presentara en el hotel y me dijeron que lo que me habían dado era de mis utilidades y caja de ahorro; como era instructor de yoga y otras actividades, me querían cambiar a toallero y me disminuyeron el sueldo a 100 pesos por dos días a la semana”, relató.

Por eso, dijo que pidió que lo liquidaran conforme a la ley con el sueldo que tenía antes de la contingencia sanitaria o en todo caso, que lo reinstalaran con las mismas condiciones.

“Yo tengo un contrato de tiempo indefinido, no he firmado renuncia, así que espero que alguien de la empresa se presente y llegar a un acuerdo”, añadió.

Por Diego Ramos