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El presidente de la Unión de Propietarios de Restaurantes, Bares y Similares de Quintana Roo (Uprobars), Joaquín Noh Mayo, dijo que el riesgo de crear una licencia para la venta de alcohol en línea y/o a domicilio, tal y como propone el Gobierno del Estado, es que podría acercar su consumo a los menores de edad, además de generar una competencia desleal por parte de las grandes cadenas comerciales que tienen los recursos para la modalidad de ventas a domicilio.
Dijo que en la Uprobars existen aproximadamente 120 micro, pequeños y medianos negocios afiliados que venden bebidas alcohólicas en envase cerrado, entre minisupers y vinaterías, los cuales no tienen la solvencia económica para pagar los casi 252 mil pesos que costaría la nueva licencia, por lo que quedarían en desventaja y no podrían competir contra las compañías cerveceras, tiendas de conveniencia y grandes cadenas de supermercados, que sí tienen los recursos para adquirir la licencia.
Además, señaló que los pequeños y medianos negocios chetumaleños no trabajan el servicio a domicilio, por lo que los clientes recurren a repartidores externos de moto servicio, de manera que la nueva licencia para vender alcohol en línea y/o a domicilio parece estar especialmente pensada o diseñada para favorecer a las grandes empresas, quienes sí utilizan o en determinado momento podrían implementar este tipo de servicio.
“Los supermercados ya cuentan con servicio en línea y/o a domicilio, mientras que las tiendas de conveniencia y hasta las cadenas cerveceras podrían implementarlo, de manera que los micro, pequeños y medianos negocios que también vendemos alcohol quedariamos en una gran desventaja y no podríamos competir en igualdad de condiciones, porque las grandes empresas acapararían las ventas al tener la facilidad para adquirir una licencia que les permita llevar el producto hasta la puerta de las casas”, explicó Noh Mayo.
Pero además de propiciar una competencia desleal, también se corre el riesgo de acercar el consumo de alcohol a los menores de edad, ya que no habría supervisión al momento de entregar el producto.
“Si bien es cierto que se pedirá una bitácora o registro de los clientes que compran bajo esta modalidad, no existen las garantías de comprobar que quien consumirá el producto será una persona adulta, ya que cualquiera que tenga a la mano una computadora o teléfono celular podrá conectarse y realizar el pedido”, consideró el empresario.
En entrevistas anteriores, Noh Mayo había explicado que la medida perjudicará a los negocios formales y favorecerá el clandestinaje, “van a poner más ‘candados’ a los empresarios que pagamos impuestos y esto será una gran oportunidad para aumentar las ventas de los revendedores y/o negocios irregulares”, expresó.
El presidente de la Uprobars dijo que con este tipo de acciones no se combate el clandestinaje, sino que es necesario ampliar los horarios de venta de alcohol y aumentar la vigilancia presencial y vía redes sociales, ya que como empresarios han detectado más de 300 cuentas irregulares que venden alcohol de forma ilegal, pero curiosamente las autoridades jamás se percatan de ellos.
Como se recordará, el Congreso del Estado deberá analizar, dictaminar y aprobar o rechazar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en Quintana Roo, presentada por el gobernador Carlos Joaquín como parte del Paquete Fiscal 2021.
Con esta propuesta el gobierno quiere que los establecimientos que venden bebidas alcohólicas en Quintana Roo ahora tengan que pagar una nueva licencia para venta de bebidas alcohólicas a través de plataformas tecnológicas o digitales o vía telefónica, para servicio en línea y/o a domicilio.
Los empresarios autorizados para la venta de bebidas alcohólicas serán sometidos a rigurosas auditorías por parte de la autoridad estatal, por lo que tendrán la obligación de contar con la bitácora y/o registro de las personas que compran mediante la modalidad de “en línea y/o a domicilio”, ya que la falta de dicho documento será causa suficiente para ser acreedores de sanciones que pueden llegar hasta los 70 mil pesos (800 UMA), así como a la clausura temporal o definitiva del establecimiento.
Este nuevo permiso tendrá un costo adicional, que será equivalente a la licencia principal con la que cuente el establecimiento, con base en las tarifas previstas en la Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo.
El costo de la nueva licencia sería de 251 mil 778 pesos, que equivale a las 2 mil 898 UMA por el derecho de “Venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado”.
Por Gabriel E. Manzanilla