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Con 20 votos a favor y 5 en contra, tanto en lo general como en lo particular, la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobó la creación del Impuesto Adicional para el Fomento al Empleo del Estado de Quintana Roo, mediante el cual se gravará una tasa adicional del 0.35% a lo que pagan los contribuyentes por concepto de Impuesto Sobre Nóminas (ISN).
Este impuesto entrará en vigor el año próximo, como parte de la Ley del Impuesto Adicional para el Fomento al Empleo del Estado de Quintana Roo, aprobada por una mayoría de diputados en el arranque del periodo extraordinario de sesiones.
Por este nuevo cobro el gobierno del Estado estima recaudar más de 200 millones de pesos en 2021. La recaudación se destinará al desarrollo económico del Estado.
El nuevo gravamen está principalmente enfocado a los esquemas de subcontratación conocidos como outsourcing, por lo que se otorgará un subsidio del 100% en su pago, cuando el Impuesto Sobre Nómina sea pagado sin la intervención de un tercer prestador de servicios de personal.
Antes de que iniciara la sesión y a través de su cuenta oficial de Twitter, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, hizo un llamado a las diputadas y diputados de su partido en Quintana Roo para que no aprueben la creación ni aumento de impuestos, tal y como lo ha pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador.
No obstante, fueron solo cinco diputados de la bancada de Morena que dieron su voto en contra y se opusieron al Impuesto Adicional para el Fomento al Empleo, tras considerar que este cobro impactará directa y negativamente a los trabajadores, además que se está creando un impuesto sobre otro ya existente.
Las y los diputados que votaron en contra son Linda Cobos Castro, Edgar Gasca Arceo, Euterpe Gutiérrez Valasis, Erika Castillo Acosta y Alberto Batún Chulim; mientras que a favor votaron Luis Fernando Chávez Zepeda, María Fernanda Trejo Quijano, Reyna Durán Ovando y Paula Pech Vázquez, también del Grupo Legislativo de Morena.
A favor también votaron las bancadas del PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano, Movimiento Auténtico Social, así como la diputada independiente Judith Rodríguez Villanueva.
A partir de abril de 2021 los turistas extranjeros tendrán que pagar 217 pesos (2.5 UMAS) por visitar Quintana Roo, cobro que se sumará a otros ya existentes y por los que pagan los turistas, como el Impuesto al Hospedaje, el Derecho de Saneamiento Ambiental, Derecho de No Residente y Derecho por Servicios Migratorios, entre otros.
Este nuevo cobro se implementará como parte del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo, que fue aprobado por una mayoría de 15 diputados de la XVI Legislatura.
En el proyecto de dictamen se hicieron algunas modificaciones, como por ejemplo que este aprovechamiento no se cobrará a menores de 15 años ni personas con discapacidad.
Y es que durante el análisis de la propuesta, los representantes de organismos empresariales se reunieron con los integrantes de la XVI Legislatura, a quienes expresaron su rotundo rechazo por este nuevo cobro, ya que afectará la competitividad turística del Estado.
Por este cobro denominado “Aprovechamiento de bienes de dominio público y beneficios derivados del ejercicio de las funciones de derecho público del Estado”, el gobierno de Quintana Roo estima recaudar por lo menos 900 millones de pesos en 2021.
Los diputados que votaron en contra fueron Linda Cobos, Edgar Gasca, Euterpe Gutiérrez, Erika Castillo y Alberto Batún, todos ellos de la bancada de Morena, quienes se opusieron por considerar que cargar con más cobros a los visitantes del Estado restará competitividad turística a Quintana Roo frente a otros destinos de talla internacional.
También voto en contra la diputada sin partido Judith Rodríguez Villanueva, quien dijo que el dictamen no brinda certeza jurídica del manejo y transparencia de los recursos que se obtengan por este cobro, ya que no contiene una regulación sustantiva que garantice el correcto uso y vigilancia de lo que se vaya a recaudar.
Los diputados Erick Miranda García, Tyara Schleske de Ariño, José de la Peña Ruíz de Chávez, del grupo legislativo del PVEM; así como el diputado Roberto Erales Jiménez, del PT, también dieron su voto en contra.
Manifestaron que, por los tiempos de crisis que se viven por la pandemia del COVID-19, no es el mejor momento para crear nuevos cobros en el Estado, ya que se tiene que apoyar al turismo y no perjudicarlo, además que esto también afectará a los hoteleros, restauranteros, transportistas, demás empresarios y trabajadores que viven y dependen del turismo.
Finalmente, el voto en contra de estos diputados respalda la postura manifestada por los Consejos Coordinadores Empresariales y de todas sus cámaras y organismos agremiados, así como de la Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero), que agrupa aerolíneas nacionales e internacionales, empresas cargueras, taxis aéreos y prestadores de servicios y la Asociación de Transportes Aéreos Internacionales (IATA), que representa a 290 líneas a nivel mundial.
Las diputadas y diputados aprobaron el Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo.
Con ello, a partir del próximo las plataformas digitales de hospedaje, como Airbnb, tendrán la obligación de designar un representante legal ante el Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ).
Además, las plataformas digitales deberán contar con un domicilio en el territorio del Estado, el cual será proporcionado ante el SATQ para efectos de notificación y vigilancia fiscal.
Asimismo, se establece la obligación del SATQ de dar a conocer en su página de Internet y en el Periódico Oficial de Quintana Roo la lista de plataformas digitales que ya se encuentren inscritas en el Registro Estatal de Contribuyentes o tengan renovación vigente.
Si una persona física o moral utiliza su inmueble como residencia de manera permanente, no será sujeto del Impuesto al Hospedaje y por lo tanto quedará exento.
Junto con ello, se propone reformar el Código Fiscal de Quintana Roo, para establecer una multa de 17 mil y hasta 43 mil pesos, que equivale de 200 a 500 veces la UMA, a quien preste servicios gravados por el Impuesto al Hospedaje a través de plataformas digitales y que no haya obtenido su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes o su renovación vigente, siempre que tengan dichas obligaciones.
CG