Revelan presunta corrupción en el servicio de grúas de Solidaridad

Regidor denuncia un presunto pacto entre Grupo Automotriz Riviera y funcionarios del Ayuntamiento de Solidaridad por el servicio de grúas.
viernes, 20 de noviembre de 2020 · 15:15

En presunto contubernio con funcionarios del Ayuntamiento, empresas de servicio de grúas exceden en los cobros a los automovilistas, a pesar de las nuevas tarifas y disposiciones establecidas por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), publicadas el pasado 4 de noviembre en el Periódico Oficial del Estado.

Inconformes señalaron que prefirieron dejar sus unidades en el corralón que pagar dos mil pesos o en su caso abandonar sus vehículos particulares por las exorbitantes sumas a pagar por banderazo, abanderamiento con grúa, custodia de vehículo, acondicionamiento, arrastre y pensión tras un accidente.

El regidor Orlando Muñoz Gómez destacó que hay “infinidad de quejas” por cobros excesivos y denuncias de ciudadanos por tarifas de hasta 10 mil pesos.

Además, dijo que concesionarios estarían pagando una cuota de 20 mil pesos diarios a funcionarios del Ayuntamiento con tal de ser quienes se encarguen de esta labor, dejando a otras 11 empresas fuera de rol.

Hasta  hace cuatro meses, las 11 compañías concesionarias que prestaban el servicio de remolque de vehículos hacia el depósito vehicular correspondiente eran Grupo Automotriz Riviera, Econogrúas S.A de C.V., Grúas Figueroa S.A. de C.V, Grúas Impacto S.A de C.V , Grúas Maya Luum S.A de C.V, Grúas AAA S.A de C.V, Grúas Abimerhi S.A de C.V., Grúas del Carmen S.A. de C.V. y Peca Vial  S.A de C.V. (estas últimas que cambiaron el nombre de Grúas Cardona por situación legal) que también cuenta con Grúas Joca y GRUMX, así como Grúas del Sureste S.A de C.V.

Sin embargo, ahora sólo Grupo Automotriz Riviera, localizada sobre la avenida Jacinto Pat frente al fraccionamiento La Toscana, propiedad de Erik Borges Yam (quien contendiera por la candidatura de la presidencia municipal de José María Morelos), es la encargada de realizar los arrastres de los vehículos. Según el regidor Orlando Muñoz Gómez, esto ocurre por presuntos actos de corrupción, pues trascendió que la compañía pagó 600 mil pesos a personal de la Contraloría Municipal para pactar que por cada vehículo remitido al corralón por reporte al número de emergencia 911, otorgaría mil pesos a las arcas municipales.

La denuncia de estas prácticas incluso ya la hizo pública a través de redes sociales. Por ello, dijo que de ser ciertas estas prácticas, iría ante la Fiscalía General Anticorrupción para proceder contra quienes resulten responsables.

De acuerdo con elementos municipales de Tránsito, al día se registra más de una decena de intervenciones por accidente en las vialidades de la ciudad. En su mayoría, los conductores terminan en desacuerdo y enviando las unidades al corralón, pues “Grúas Riviera”, como son conocidas por los elementos, es la que traslada al encierro las unidades siniestradas, sin importar que a veces los daños materiales sean imperceptibles; según ellos, por “protocolo” son enganchadas y trasladadas.

Plan en el olvido

La Dirección de Tránsito Municipal no cuenta con grúas ni un corralón, encierro o depósito para el resguardo de unidades cuando ocurre un incidente vial.

De hecho, en 2018 el entonces director jurídico del Ayuntamiento, René Medran Ríos, señaló que si las empresas que prestan ese servicio no contaban con carta de obligaciones y compromisos para regular la operación y roles, además de homologar un tarifario, tratarían de que la propia Comuna se encargara con sus propias grúas y tuviera un espacio para los vehículos, pero hasta ahora esa idea quedó sólo en eso.

Así que desde hace más de una década empresas concesionarias realizan el servicio de grúas para el remolque de vehículos abusando de la inoperancia de reglamentos, cobrando cantidades estratosféricas que superan los 13 mil pesos. Hasta el pasado 4 de noviembre no había un tabulador que regulara precios fijos a nivel estado.

Inconformes y afectados por este tipo de abusos, como Juan José “N”, originario de Tabasco, señaló que durante un operativo de seguridad en octubre, al regresar de su trabajo fue detenido por personal de Tránsito, y como no llevaba tarjeta de circulación, terminó con su motocicleta a bordo de una grúa y tuvo que regresar a pie a su domicilio.

Al acudir al corralón, luego de algunos días, su cuenta ascendía a más de dos mil pesos, así que tuvo que pedir prestado para recuperar su motocicleta.

Por otro lado, Ernestina Sosa, de 56 años, originaria de Querétaro, refirió que cuando se accidentó en la carretera rumbo a Mérida tuvo que pagar más de 13 mil pesos. Como estuvo internada durante una semana y luego tuvo que buscar los documentos probatorios, cuando pudo ir a recoger su vehículo también se sorprendió por el cuantioso monto (miles de pesos) que debía pagar, así que optó por dejarlo ahí, pues además tendría que hacerse cargo de la reparación y pago de daños a terceros, al no contar con seguro vehicular.

Acuerdos y tarifas

Un vehículo hasta de 3 toneladas y media, en un percance o ingreso ya sea por alcohol, abandono o infracción, debe pagar 4 mil 408 pesos y en caso de motocicletas, 2 mil 88 pesos.

Los costos del servicio en las concesionarias varían por banderazo, abanderamiento con grúa, custodia de vehículo, acondicionamiento, arrastre y pensión, entre otros.

En marzo, la Dirección de Tránsito Municipal convocó a una reunión dirigida a los empresarios que prestan sus servicios de grúas para fijar acuerdos y reglas de operación para trabajar de manera ordenada y homologar los costos. Establecieron que habría un rol de servicio manejado por la Dirección de Tesorería Municipal donde se informaría con tres días de anticipación.

La homologación de arrastre de autos pequeños y motos sería la siguiente: automóvil tres mil 800 pesos y motocicletas mil 800 pesos más IVA.

Advirtieron que en caso de no cumplir con el rol y se realice servicio de arrastre, sin estar de guardia (pirataje) se expulsará del rol. Los apoyos y descuentos serán a través de la dirección de la Tesorería Municipal y en cada fin de guardia entregar uniforme de los servicios a la Tesorería.

Intentan regularlo

Por su parte, Jorge Pérez Pérez, director del Imoveqroo, informó que esta nueva disposición busca reducir precios y regular servicios basándose en el tarifario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el cual quedó establecido con los siguientes montos: El banderazo de grúas tipo A, para arrastre de motocicleta y automóviles es de 528 pesos, más 18.82 pesos por cada kilómetro recorrido. Para las grúas tipo B, que rescaten camionetas de hasta cuatro toneladas, el cobro por banderazo será́ de 607 pesos y 20.62 por kilómetro.

Para los vehículos semipesados de hasta 10 toneladas, el banderazo tendrá́ un costo de 721 pesos y 23.47 pesos por kilómetro. Si rebasa ese peso, el costo será́ de 885 por banderazo y 32.35 pesos por kilómetro. En el caso de que se requieran maniobras especiales para rescatar vehículos, sus partes y carga o que se vean involucrados en accidentes vehiculares, el costo será de mil 219 pesos para las grúas tipo A; mil 336.73 pesos para las tipo B y dos mil 101 para vehículos pesados. Además, cada hora que dure la maniobra de salvamento tendrá́ un costo de 602 pesos.

Para evitar abusos, el tabulador señala en su Artículo 33 que la autoridad de Transito deberá́ registrar en acta la hora de inicio y terminación de los servicios, además de que la grúa solo podrá́ llevarse el vehículo si el usuario y la concesionaria firman los costos pactados antes. Si no se está́ de acuerdo con la tarifa, se podrá elegir otra empresa que mejor le convenga, de esta forma se evitará el problema de que, tras un percance, la persona propietaria del vehículo sea obligada a contratar los servicios de determinada grúa, aun y cuando le cobren costos excesivos por el salvamento.

Usuarios reportan que entre las malas prácticas de estos grueros no solo está el cobro excesivo de precios, sino también robos de unidades, ventas de piezas en depósitos vehiculares y “moches” con autoridades, por lo que piden sancionarlas y resolver con urgencia este problema.

Por Irelis Leal

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