Cdheqroo condena violencia contra las mujeres y colectivos feministas

La Cdheqroo considera que ante la represión policíaca del 9 de noviembre en Benito Juárez, no puede dejar de reprobar todos los actos que promueven ataques contra los colectivos feministas
jueves, 19 de noviembre de 2020 · 14:21

El Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) respaldó la labor de los colectivos y activistas feministas que promueven los derechos de las niñas y mujeres, brindan atención y acompañan a las víctimas de violencia de género en Quintana Roo.

Derivado de su última reunión con organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos humanos, la Cdheqroo ha tenido conocimiento de mensajes prejuiciosos y violentos en redes sociales contra las mujeres que integran estos colectivos, señalando que se trata de conductas que no pueden ser ignoradas en el contexto mexicano, catalogado como el segundo país más peligroso de la región para las defensoras de derechos humanos, en el que 34% de las agresiones se relacionan con el uso de las tecnologías, de acuerdo con el Informe la Violencia en Línea Contra las Mujeres en México 2017.

La Cdheqroo consideró que, como defensoras de derechos humanos, los grupos y colectivos feministas enfrentan un doble riesgo ante la violencia machista, por ser mujeres y por la desprotección del Estado hacia la labor gratuita que realizan; por ello el Consejo Consultivo externó su preocupación por estos ataques, que no sólo buscan deslegitimar su trabajo y reforzar los estereotipos discriminatorios hacia las mujeres y la protesta, sino porque pueden generar condiciones de más violencia hacia las activistas.

“Ante la reprobable represión policíaca del lunes 9 de noviembre en Benito Juárez, no podemos dejar de condenar todos los actos que promueven un clima de violencia contra las mujeres, incluyendo aquellas conductas de acoso en redes sociales, así como la exhibición de fotografías sacadas de contexto que buscan criminalizar las protestas de mujeres y ponerlas en riesgo ante más ataques machistas que pueden poner en peligro su integridad y seguridad”, indicó.

En este sentido, informó que es indispensable resaltar la importancia del activismo y trabajo de las organizaciones y colectivas, dado que son, en muchas de las ocasiones, quienes conocen, orientan, acompañan y denuncian los delitos y/o violaciones a derechos humanos que viven las mujeres en Quintana Roo; asimismo, realizan trabajos de incidencia en la agenda pública que hace posible que las autoridades y personas servidoras públicas rindan cuentas y actúen conforme los principios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, como se ha visto con el impulso de las colectivas para la aprobación de la Ley Olimpia, el seguimiento a la Alerta de Violencia de Género y al señalar el grave riesgo para los derechos sexuales y reproductivos de la niñez y adolescencia, de aprobarse el PIN Parental.

“Gracias a sus movilizaciones, se transmiten las preocupaciones de los grupos que históricamente han sido vulnerados y dejados fuera de la toma de decisiones, las manifestaciones y protestas pacíficas son un mecanismo de participación ciudadana indispensables para la democracia y los derechos humanos. Por ello, reprobamos enérgicamente la criminalización de las manifestaciones y la brutal represión del 9 de noviembre”, señaló.

Por lo anterior, el Consejo Consultivo hizo un llamado a la sociedad en su conjunto, para rechazar los mensajes de estigmatización y en lugar de ello se respalde y respete la labor que realizan, “de igual modo conminamos a las autoridades correspondientes, en específico las encargadas de la atención a personas defensoras de derechos humanos, a que visibilicen y promuevan el respeto hacia esa labor, les exhortamos a que urgentemente generen mecanismos y protocolos para la protección de las activistas y las personas defensoras de derechos humanos, protocolos de actuación con enfoque de derechos humanos para el respeto a la legitima protesta, así como para alentar la denuncia de agresiones, incluyendo aquellas cometidas por los servidores públicos y que se garantice que se realizarán las acciones legales, en su caso, ante las instancias pertinentes a fin de castigar todos los abusos de las autoridades”, concluyó.

Por Gabriel E. Manzanilla

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