Con apoyos de vivienda, estafan a 120 familias de Bacalar y Othón P. Blanco

Defraudan a 120 familias de los municipios Othón P. Blanco y Bacalar, se hicieron pasar por funcionarios de la Secretaría de Bienestar, aportaron entre 12 mil 500 y 30 mil pesos para obtener apoyos de vivienda y del emprendedor, señaló Adán Yam Balam.

Asimismo, dijo que las personas de nombre Mirley Guadalupe Lizama Cámara, Carlos Liberato López Canul y José Santos Zepeda Manases se hicieron pasar por funcionarios de la Secretaría de Bienestar.

Además de José Manuel Padilla Leal, pareja de Mirley Cámara, quien se ostentó como proyectista para defraudar a un grupo de 120 familias de la ciudad de Bacalar, Buenavista, Reforma, Blanca Flor y otras del municipio Othón P. Blanco, por una cantidad que supera los 2 millones de pesos, pues cada una aportó cantidades que oscilan entre los 12 mil 500 y 30 mil pesos para obtener apoyos de vivienda y de emprendedor.

Yam Balam, en representación del grupo de personas que fueron defraudadas, recordó que en diciembre del año pasado les ofrecieron apoyos para la construcción de una casa de una sola pieza, para lo cual debían aportar por anticipado 7 mil 500 pesos; 12 mil 500 si querían una vivienda de dos pisos de siete por nueve metros cuadrados y apoyo a emprendedores, para lo cual necesitaban aportar el 10 por ciento. “Muchas personas aportaron cantidades de 30 mil a 50 mil pesos para obtener esos apoyos".

Se percataron que fueron víctimas de fraude cuando las fechas para la entrega del material se fueron posponiendo y bajo diversos argumentos, hasta que les dijeron que el material que les iban a entregar estaba almacenado en la entrada de Chetumal en una casa comercializadora, pero cuando fueron a preguntar el propietario desmintió tal versión.

Se terminaron de convencer que habían sido estafados cuando preguntaron a los Servidores de la Nación sobre dicho programa de vivienda y les confirmaron que no existe tal y el que maneja el gobierno federal sólo es a través de ellos, pero mediante un proceso más formal indagaron y descubrieron que los defraudadores no trabajan en la Secretaría de Bienestar, como aseguraron al principio.

Yam Balam afirmó que la mayoría de las familias afectadas se dejó llevar por su necesidad, por los anuncios de los programas que lleva a cabo el gobierno federal y porque utilizaron el nombre del gobierno de la República y documentos falsificados para ello.

Por su parte, Susana Vidal Arreola, otra de las afectadas, señaló que a pesar de que tienen documentos que incriminan a estas personas, incluso donde incurrieron en falsificación de documentos del gobierno federal, la Fiscalía General del Estado no ha puesto atención a la denuncia que interpusieron desde hace meses varios de los afectados, incluso no les dieron copia del mismo, “la Fiscalía de Bacalar turnó el expediente a Chetumal por causas desconocidas”.

Los quejosos buscan la reparación del daño económico y aseguran que para ello recurrirán a todas las instancia necesarias para poder resolver este fraude por las vías legales, y en su defecto que los responsables paguen con cárcel el daño al patrimonio que les causaron.

Por Luis Enrique Tuz