Investigan a 350 funcionarios por diversos delitos en Quintana Roo
Desde tortura hasta enriquecimiento ilícito, son algunos de los delitos por los cuales se investiga a 350 funcionarios en Quintana Roo.
Las investigaciones de delitos cometidos por servidores públicos de Quintana Roo presentan un ascenso sostenido desde 2017, pues en ese año sólo fue abierta una carpeta de indagatorias, mientras que en 2020, hasta agosto, suman 350, de acuerdo con los reportes anuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En el reporte mensual de incidencia delictiva la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, a través del SESNSP, clasifica las faltas cometidas y las define como aquellas conductas que no son acordes a lo establecido en la Constitución y en la Ley, siendo que el servicio público debe realizarse en forma honesta, anteponiendo el interés público al interés particular.
Los delitos de los servidores públicos reportados son: desaparición forzada de personas, tortura, actos de servidores públicos que contravengan normativas y afecten o tengan impacto en la ciudadanía o contra la administración y procuración de justicia, entre otros.
En ese tipo de hechos Quintana Roo ha ido al alza, pues de acuerdo con el organismo federal, de enero a agosto van 350 delitos cometidos por servidores públicos, mientras que en 2019 no hubo reportes y en 2018 fueron abiertas sólo tres carpetas de investigación y en 2017 sólo una.
Corrupción en Tránsito Municipal
En agosto la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (Feccqroo) informó que las 11 direcciones de Tránsito Municipal estaban bajo investigación, ya que habían detectado actos de corrupción y por esos hechos dos funcionarios estaban detenidos.
Las personas detenidas, un hombre y una mujer, dijeron ser funcionarios públicos al momento de ser abordados por personal de la Feccqroo en un sitio público de la región 97 en Cancún.
Un mes después fue revelado que estaba en proceso una “limpia” en Tránsito y que incluso los elementos estaban “encuartelados”; algunos de ellos dieron positivo a la prueba antidoping.
Enriquecimiento ilícito
En julio pasado la asociación Opus Magnum puso una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Subprocuraduría Especializada en Investigación y Delincuencia Organizada (SEIDO) contra la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa, por enriquecimiento ilícito.
En agosto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre los presuntos actos de corrupción por parte de Lezama Espinosa, aseguró que si los actos ilícitos se comprueban, “rodarán cabezas” en el ayuntamiento.
En el puntaje más bajo nacional
En febrero pasado la organización internacional The World Justice Project (WJP) dio a conocer que Quintana Roo es una de las tres entidades del país que obtuvo puntaje más bajo en la medición del estudio Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 hecho al lograr un .35 en la medición de la efectividad de ocho factores: límites al poder gubernamental, corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
WJP explicó que los puntajes mínimos y máximos son 0 y 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho, pero los resultados obtenidos no ubican a ninguna entidad en la más alta calificación, pues hasta ahora la mejor evaluación ha sido lograda por Yucatán.
El último análisis, dado a conocer este año, muestra que Quintana Roo descendió en comparación con 2018, cuando obtuvo calificación de .36 y ahora fue de .35; los indicadores con menor puntaje fueron corrupción y justicia civil.
Por Eva Murillo
