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Los ayuntamientos de Othón P. Blanco, administrado por Otoniel Segovia Martínez, y el de Bacalar, que tiene como presidente municipal a Alexander Zetina Aguiluz, permanecen en la opacidad, pues no han transparentado las finanzas del ejercicio fiscal 2020 e incluso algunos apartados del de 2018 a pesar de que la ley los obliga a actualizar dicha información cada trimestre del año.
“El incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia puede conllevar a una sanción económica de hasta mil 500 UMA (130 mil pesos). Antes de llegar a la multa se apercibe al sujeto obligado y se le da una prórroga para cumplir, después de ello ya viene la sanción”, explicó el consejero presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales (Idaipqroo), José Orlando Espinosa Rodríguez.
Actualizar los portales municipales de Transparencia ayuda a que la ciudadanía tenga acceso a la información presupuestal y gasto ejercido durante el primer semestre del año, entre otros datos de carácter público.
Para el caso de Bacalar existen apartados que no han sido actualizados desde el 2018, como es el caso de su información financiera sobre el presupuesto asignado, la remuneración bruta y neta de todos los trabajadores de base o de confianza, entre otra información que es pública y obligatoria.
En cuanto a Othón P. Blanco no ha publicado ninguna información relativa a reportes financieros del 2020, esto se pudo constatar en el portal del Ayuntamiento donde la última información disponible es la correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
El argumento es que la crisis sanitaria por el COVID-19 ha tenido que atrasar el ejercicio de transparentar sus ejercicios fiscales y de hecho esta misma situación ayudó a las autoridades municipales a obtener una prórroga para hacerlo.
José Orlando Espinosa Rodríguez, tras reconocer que el ayuntamiento de Othón P. Blanco no ha cumplido con la actualización de su portal de transparencia, añadió que podrá hacerlo hasta el 19 de octubre, plazo que se les otorgó a éste y otros ayuntamientos de la entidad ante la actual contingencia sanitaria.
Cabe recordar que la Ley de Ingresos del Municipio de Othón P. Blanco para el ejercicio fiscal 2020, contempla un ingreso estimado de 922 millones 947 mil 510 pesos.
En Quintana Roo, tanto el gobierno del estado y sus dependencias, así como los ayuntamientos, los partidos políticos, órganos autónomos y demás sujetos obligados tendrán que actualizar sus portales de transparencia cada trimestre del año.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo establece que los sujetos obligados deberán sistematizar la información para facilitar el acceso de las personas a la misma, así como su publicación a través de los medios disponibles utilizando sistemas computacionales e información en línea en internet.
Obliga a las autoridades y dependencias a publicar las metas y objetivos de sus programas más relevantes, así como información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión; el monto del presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución; los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino, así como los informes que dichas personas deben entregar sobre el uso y destino de éstos.
Deben informar sobre las enajenaciones de bienes que realicen por cualquier título o acto, indicando los motivos, beneficiarios o adquirentes y los montos de las operaciones; las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios; los contratos de obra pública, entre otras obligaciones de transparencia comunes.
El documento señala que los sujetos obligados deberán publicar en la Plataforma Nacional y en sus portales de internet, en forma permanente y actualizada, con acceso al público y mediante procesos informáticos sencillos y de fácil comprensión.
Entre la información básica que deben dar a conocer están las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones de observancia general, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo; así como su estructura orgánica, las atribuciones por Unidad Administrativa y la normatividad que las rige; el directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes hasta el nivel del funcionario de mayor jerarquía, incluyendo su domicilio postal, dirección electrónica y teléfonos oficiales; la remuneración mensual por empleo, cargo o comisión; el domicilio, número telefónico y la dirección electrónica de la Unidad de Vinculación donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información pública.
Esta vez, debido a la pandemia tienen un periodo de gracia para actualizar la información de sus portales de transparencia.
“Una vez que se cumpla el plazo otorgado, poco más de 100 entes obligados tendrán 15 días para actualizar sus portales de transparencia con la información relativa al primer trimestre del año, y después de ello contarán con otros 15 días para subir los datos del segundo trimestre”, indicó Espinosa Rodríguez.
Entre los sujetos obligados se encuentran los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las dependencias estatales, los Ayuntamientos, partidos políticos y órganos autónomos. Espinosa Rodríguez dijo que la información pública de años anteriores no debe faltar en las respectivas páginas de internet de cada sujeto obligado, por lo que en caso de encontrar irregularidades como información faltante, incompleta o inexacta cualquier ciudadano puede hacer la denuncia correspondiente ante el Idaipqroo, para que se inicie el procedimiento de revisión y en su caso se obligue a ese organismo a cumplir en materia de transparencia.
Por José Ramos