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La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó la captura de José Alfonso Lujano Rocha, presunto operador financiero de un cártel del narcotráfico que tiene base en la ciudad de Benito Juárez,Quintana Roo.
De acuerdo con la dependencia, se tienen pruebas de que el ahora apresado lavadinero a través de varias clínicas dentales distribuidas en Yucatán, el vecino Estado y en otras partes del país. Su captura se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por el Juez de Control.
El Registro Nacional de Detenciones subió la captura del sujeto, sobre quien pesaba una orden de aprehensión por diversos delitos, entre los que hay fraude e incumplimiento de manutención.
Según los expedientes policiacos, las clínicas dentales con las que cuenta todas son financiadas al 50 por ciento por un grupo delincuencial, del cual no se proporcionó el nombre, que opera en Quintana Roo y, para el otro porcentaje, buscaba a personas que quisieran invertir y así no despertara sospechas.
Contra el ahora apresado hay demandas de índole laborar, ya que más de 20 exempleados tienen interpuestas querellas por despidos injustificados y sueldos, que, en su momento, se negó a pagar.
Una de las personas que presentó denuncia por fraude contra Lujano Rocha informó que hace dos años le entregó la cantidad de 1 millón 500 mil pesos para ser socio o franquiciatario de una clínica dental. La promesa fue de recibir el 50 por ciento de las ganancias del negocio, cosa que no sucedió. El querellante indicó que intentó recuperar su capital recurrió a varias instancias extrajudiciales, pero no logró la meta y el individuo no dio la cara jamás.
La detención del acusado tuvo lugar a las puertas de una tienda de conveniencia, donde aparentemente tuvo un altercado con otro ciudadano. Por ese motivo intervinieron los agentes de la SSP y al revisar los datos del hombre en Plataforma México arrojó una orden de aprehensión pendiente.
Los oficiales solicitaron la presencia de los agentes de la Policía Estatal de Investigación con la orden girada por un Juez de Control para su captura y posterior consignación.
La mañana de ayer, Lujano Rocha fue presentado ante la autoridad judicial, pero se reprogramó la audiencia para la tarde. Sin embargo, no asistió porque su defensa argumentó una enfermedad y que estaba hospitalizado, así que la próxima diligencia fue programada para el lunes. Se sabe que su expareja Yanet “N” reclama una indemnización, pero ante el incumplimiento mantiene la querella en su contra.
Presuntamente, Lujano Rocha blanquea dinero para un grupo instalado en Benito Juárez, Quintana Roo, por medio de las clínicas dentales. Por ese motivo la Unidad de Inteligencia Financiera le sigue los pasos.
En el círculo cercano de familiares del acusado se manejó que el dinero para la fianza ya se había enviado a una cuenta privada y que se esperaba a los asesores legales enviados por los socios del detenido desde la ciudad de Cancún.
El Juez de Control que lo requirió, tras la audiencia celebrada la mañana de ayer, impuso una fianza de 3 millones de pesos para que el detenido obtuviera su libertad, con las medidas cautelares correspondientes. Hasta ahora no se sabe si la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá el caso por el presunto lavado de dinero.
En abril pasado, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, envió al Congreso del Estado una iniciativa para tipificar un nuevo delito denominado “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, para combatir el lavado de dinero, que fuera sancionado con hasta 10 años de prisión y 5 mil días de salario como multa.
Esa iniciativa estableció la creación de la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán, como un organismo público autónomo. Con personalidad jurídica y patrimonio propio, plena autonomía técnica, presupuestal y de gestión, con capacidad para determinar su organización interna y el ejercicio de sus recursos con arreglo a las normas aplicables.
También estipula que esa agencia tendrá el objetivo de prevenir, detectar y denunciar las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se incluyen aquellas derivadas de incongruencia fiscal o patrimonial y otras conductas sancionables. También auxiliará, en el ámbito de sus atribuciones, en su combate, a través de la obtención, tratamiento, consolidación, análisis y administración de la información fiscal, económica, financiera y patrimonial.
La citada reforma precisa que ese nuevo delito lo comete quien, por diversas maneras, transporte o transfiera dentro del territorio estatal o dentro de este hacia fuera o de manera inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que procedan o representen el producto de una actividad fuera de la legalidad.
La persecución por ese delito, según la iniciativa será para evitar propósitos como ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de esos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.
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AA
