Vinculan a proceso a 11 elementos de la policía Quintana Roo
El motivo del proceso, es la represión a balazos de la manifestación organizada para el esclarecimiento del feminicidio de “Alexis”, el 9 de noviembre del 2020
La Fiscalía General del Estado (FGE) vinculó a proceso a 11 elementos de la Policía Quintana Roo en Cancún, en los que está el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Benito Juárez, Eduardo Santamaría, quien se mantiene separado del cargo, por la represión a balazos de la manifestación organizada para el esclarecimiento del feminicidio de “Alexis”, que se verificó el 9 de noviembre del 2020 en la Plaza de la Reforma del Ayuntamiento Municipal de Cancún, por los delitos de lesiones culposas, delitos contra los principios del sistema penal acusatorio y abuso de autoridad en agravio de nueve personas.
La vinculación se logró, tras un intenso debate entre fiscales del Ministerio Publico y la defensa, lo que derivó que una jueza de control vinculara a Eduardo “S”, Carlos “T”, Roberto “M”, Celso “B”, Wilberth “M”, Dorian “P”, Nacy “C”, Alan “H”, e Ignacio “R”, en agravió de R.C.S.M, W.A.G.H, G.V.Ch.Ch, R.AB,N.Q.R.D, S.AB.R, M.E.G.O,K.A.T.S, A.R.I.M y la administración de la Justicia.
En el que se desglosan los delitos a los hoy vinculados a proceso; por lesiones dolosas al servidor público Saúl “D” en agravio de J. F. R. O, a su vez por robo y abuso de autoridad a Saúl “D” y Carlos “T” en agravio de J. F. R. O, y a José “C” por el delito de encubrimiento en agravio de la Administración de justicia.
La juez de control impuso prisión preventiva oficiosa a diez de los imputados por utilizar medios violentos.
A otro elemento policial, José “C” le impuso las fracciones I, V, VII y VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales las cuales establecen, la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez.
Así como la restricción de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares y la prohibición de convivir acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa.
MA
