Juez dicta vinculación a proceso contra ex presidenta municipal de Tulum

Romualda D.C. y otros tres ex servidores públicos de su administración son acusados por uso ilícito de atribuciones y facultades
jueves, 1 de abril de 2021 · 20:55

Un Juez dictó una nueva vinculación a proceso en contra de la ex presidenta municipal de Tulum Romualda D. C., y  otros tres ex servidores públicos de su administración, por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, por el daño patrimonial de un millón 49 mil 858 pesos. 

Fiscalía Anticorrupción logró imputar dicho delito, a través de la carpeta administrativa 74/2020, en contra de la ex edil, así como otros servidores públicos identificados como: S. P. C., (ex tesorero municipal), O. I. Z. A., (ex oficial mayor); así como A. M. M., (ex director de ingresos). 

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de imputación y vinculación a proceso; en ella se expresaron datos importantes del expediente por una posible conducta irregular registrada durante la administración municipal 2016-2018. 

Las personas imputadas indebidamente efectuaron una contratación, a través de la adquisición de servicios con recursos públicos, celebrando, suscribiendo y/o firmando el contrato con número MTU/OM/RP/AD/RP/014/2017, fechado el día 1 de octubre de 2017, con el proveedor Impulso Empresarial Becka, S.A. de C.V. 

El supuesto objeto de la prestación fue para “Capacitación para la implementación de comprobantes fiscales digitales por internet versión 3.3 de conformidad con la resolución miscelánea fiscal 2017”, por la cantidad económica antes referida. 

Esta acción, no permitida por la norma vigente en ese entonces, contravino a lo previsto en el Artículo 48, fracción III del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles de dicho municipio. 

El Juez de Control determinó vincular a proceso a dichas personas y ordenó, como medida cautelar, la presentación periódica ante la Dirección de Seguridad Pública, cada 15 días, a partir del día 5 de abril. 

El órgano jurisdiccional ordenó, además, tomar bajo resguardo sus pasaportes para garantizar su estadía en el Estado. También decretó un lapso de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, feneciendo el día 1 de junio de 2021.

MA