Judicialización de la política. Límites y virtudes

La judicialización de la política es un fenómeno civilizatorio reciente, como otros, en proceso de maduración y plagado de luces y sombras pero que, al considerarse integralmente, pudiera asumirse como un paso en el perfeccionamiento de la democracia.

Debido a ese recurso, los gobernantes, inimputables mientras ejercen el poder, se exponen a ser juzgados cuando cesan, aunque a veces, debido a la corrupción del poder judicial, en algunos países da lugar a injusticias y venganzas políticas. La aplicación de la ley es un riesgo que también corren los “señores de la guerra”.

En este orden de cosas, el antecedente más significativo fueron los juicios de Núremberg y Tokio en el 1945, en los cuales fueron juzgados y condenados los jerarcas políticos y militares nazis y los militaristas japoneses. El caso más reciente y conspicuo es el de Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos y primera persona de su rango en comparecer como acusado a una corte penal en ese país.

Cuando en el 1974 renunció Richard Nixon, expresidente de los Estados Unidos, ante la inminente imputación por varios delitos, su sustituto el expresidente Gerald Ford, lo exoneró, de “... cualquier crimen que hubiera cometido o participado mientras ejercía la Presidencia”. De este modo, Ford paralizó la acción de la Justicia, aportando una evidencia de cómo un gobernante puede colocarse por encima de la ley.

Entre los expresidentes judicializados los hay de derecha e izquierda, con la excepción de algunos dictadores, la mayoría asumieron sus cargos por elección, incluso los hubo extraordinariamente populares, como son los casos de Cristina Fernández, en Argentina, y Rafael Correa, en Ecuador.

Los cargos por los cuales más frecuentemente se juzga a los expresidentes son corrupción, enriquecimiento ilícito y, en ocasiones, la violación de los derechos de los ciudadanos.

En el 1998 se dio un importante paso en la codificación de la judicialización de la política cuando, en Roma se efectuó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, primer organismo judicial internacional de carácter permanente encargado de perseguir y condenar los más graves crímenes, cometidos por individuos, en contra del derecho internacional, incluidos gobernantes.

El Estatuto de Roma, por el cual se instaló la Corte, fue suscrito por 123 países. Una docena de Estados firmaron el documento, pero sus parlamentos no lo han ratificado y unos 60 no reconocen a este tribunal, entre ellos algunas grandes potencias.

Como resultado de estas corrientes jurídicas, en los últimos 50 años unos 40 mandatarios han sido juzgados en más de 30 países. Tres han sido sancionados con pena de muerte o cadena perpetua y unos pocos han respondido ante la Corte Penal Internacional.

En cualquier caso, la judicialización de la política es un asunto de las relaciones sociales, un mecanismo de control social del poder y un recurso que puede contribuir a la probidad en el ejercicio de las funciones públicas y el Gobierno, incluidos los más altos niveles. Por lo pronto, la impunidad va dejando de ser un baldón de la política