El pacto: un vicio antidemocrático (II)

En democracia, los partidos políticos tienen la responsabilidad de escoger a los candidatos que la gente quiera y no de elegirlos a través de pactos cupulares antidemocráticos. De cara a las elecciones estatales del 2024 y frente a la necesidad de definir quiénes serán las mujeres y hombres que participen, es esencial que los institutos políticos actúen de manera transparente y justa, promoviendo la participación ciudadana y el diálogo, para garantizar que los elegidos representen verdaderamente los intereses y necesidades de la sociedad.

En la historia política de México, los pactos cupulares tomados, lejos de la gente y muchas veces incluso lejos del territorio sobre el cual surten efecto, son lastimosamente un longevo vicio antidemocrático, el cual todavía una tentación y una posibilidad latente, cada vez que inicia un proceso electoral y se requiere definir quiénes serán los representantes de los partidos en las contiendas.

Este lastre de la política de puertas cerradas, esa que opera en salones privados y con celulares apagados, aún en estos tiempos modernos, es una práctica común, que incluso, cuando el pacto es ficcional, es motivo de orgullo para los protagonistas, comentada dentro de los autodenominados círculos rojos, además de ser muchas veces compartida en diversos medios de comunicación por opinadoras y opinadores con total impunidad intelectual y pública.

Que una dirigencia política pacte interna o externamente una candidatura para una elección, sobre todo con anticipación, es una traición al pueblo, y a todas aquellas y aquellos aspirantes que trabajan activamente por la oportunidad de acudir a la ciudadanía en búsqueda de su confianza, y viola flagrantemente a nuestra constitución, además, en términos prácticos es improductivo y conduce, como todo exceso, a alguna forma de suicidio.

Únicamente hace falta una revisión muy sencilla de la historia política nacional y estatal, para ver cómo en la mayoría de las ocasiones los muy anticipados pactos cupulares no surten efecto y, cuando lo hacen, sus beneficiarios generalmente son castigados por la ciudadanía.

En los tiempos del General Lázaro Cárdenas, se comentaba que la sucesión presidencial estaba acordada con el General Mujica y en 1940 quien se presentó a las elecciones por el partido en el poder fue Manuel Ávila Camacho; 50 años después era un hecho que Manuel Camacho Solís, entonces regente de la Ciudad de México, sería el sucesor del presidente Carlos Salinas; sin embargo, el candidato fue Luis Donaldo Colosio y, luego, Ernesto Zedillo.

En 2006 Ernesto Cordero, secretario de Hacienda, era el apóstol del presidente Felipe Calderón y no sólo no fue el candidato, sino que su partido terminó entregándole la Presidencia al Licenciado Enrique Peña Nieto. En al caso de nuestro Estado, puede hacerse una correlación muy similar a la historia nacional, de pactos fallidos y derrotas electorales causadas por prácticas internas partidistas antidemocráticas; además, no quiero omitir señalar en una nota aparte que hace muchos años que a nuestro Estado el Centro del país no le impone un candidato, situación que de ninguna manera podemos tolerar quienes queremos a nuestra tierra, que es provincia, pero es aún más patria.

La obligación de los partidos y aspirantes es una, pactar con la sociedad, en favor de la sociedad y de cara a la sociedad, de no ser así la historia se seguirá repitiendo, algunas veces como grandes tragedias y otras más como simples farsas.